"Es un crimen de Estado"

México 

El Juez de la Corte Suprema de Argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni, afirma que la masacre de los 43 normalistas en iguala constituye un violación de derechos humanos elementales y un crimen de Estado. Para el renombrado jurista, la responsabilidad internacional está clara porque todo indica que se ha superpuesto la acción policial con la acción homicida masiva. 

Raúl Zaffaroni, Juez de la Corte Suprema- Foto: urgente24.comMartín Granovsky- Página 12 (Argentina) 

México y Brasil son dos de los países que solían requerir la presencia académica de Raúl Zaffaroni desde antes de su designación como ministro de la Corte Suprema. Los dos le provocan reflexiones que acaban teniendo como tema las distintas caras de la muerte en el continente. En México, los distintos funcionarios del Estado parecen dedicarse a negar, quizás hasta el punto de negar la propia investigación seria, todo vínculo entre el aparato estatal y los sicarios de la violencia narco que supuestamente secuestraron y mataron a los 43 estudiantes de magisterio. El informe de la Procuración revela que el Estado nacional no avanzó lo suficiente en la pesquisa, a tal punto que el Equipo de Antropología Forense debió convertirse en autoridad internacional para decir que los restos encontrados hasta ahora no son los de los estudiantes de Ayotzinapa, asesinados en el municipio de Iguala dentro del estado de Guerrero.

–La masacre de Ayotzinapa tiene un gran impacto en México y en el mundo. ¿Por qué, luego de 100 mil víctimas entre muertos y desaparecidos durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón?

–El caso aberrante sensibiliza y le da visibilidad internacional a la masacre. No olvidemos que son estudiantes y en la memoria colectiva mexicana revive el recuerdo de Tlatelolco-Nonoalco, es decir, de los crímenes impunes de 1968. Calderón, irresponsablemente y por presión de las agencias norteamericanas, llevó adelante una “guerra a la droga” que, como era de esperar, no logró cortar el tráfico, sino que sólo lo desequilibró y anarquizó, generando una “guerra de todos contra todos”. Lo más cercano a una regresión hobbesiana. Desde el comienzo de su gestión se produjo un brote de homicidios que hoy parece alcanzar una meseta. El discurso de medios y el oficial considera a esa meseta una “mejoría” sólo porque no aumenta la frecuencia de muertes.

–Por la información disponible hasta el momento, ¿el de Ayotzinapa es un crimen de lesa humanidad?

–Por lo menos es claro que se trata de una violación de elementales derechos humanos y un crimen de Estado. La responsabilidad internacional del Estado está clara: todo indica que se ha superpuesto la acción policial con la acción homicida masiva. De cualquier manera, habrá que profundizar la cuestión: ¿son los estudiantes las únicas víctimas o estamos ante un crimen masivo continuado o “por goteo”?

–¿Jurídicamente importa discriminar qué nivel del Estado participó del secuestro y la masacre, si el Estado federal, el de Guerrero o el municipal de Iguala? ¿Y si fuese una gran banda de narcos?

–Ante el derecho internacional el Estado es siempre uno, sin importar si la violación fue cometida por una autoridad nacional, provincial o municipal. Todo indica que hubo participación policial. Si fuese una organización narco, tampoco el Estado deja de ser responsable, porque al menos hay una omisión gravísima en la tutela de la vida humana. No hay indicios de que se haya realizado un esfuerzo adecuado a la amenaza masiva para la vida. Pero insisto, me parece que esto va mucho más allá del caso puntual: en las fosas hay demasiados cadáveres, no sólo 43.

–Cada vez que aparecen las palabras “droga” y “narcotráfico” alguien propone sacar los tanques. En este diario el historiador Ariel Rodríguez Kuri dijo que ya se había llegado a la narcopolítica. ¿Qué se debería hacer?

–Me llevaría mucho tiempo responder y también tengo grandes dudas, sobre todo en cuanto al problema económico que ha generado la prohibición de la cocaína. No me animo a hablar de legalización sin antes reflexionar sobre los efectos de la desaparición de la actividad económica de sobrevivencia que ha generado, la mano de obra que emplea a lo largo de toda la cadena de producción, el efecto sobre la economía mundial y el destino de las organizaciones criminales que se estructuraron a su amparo. No creo en soluciones simplistas e irreflexivas. No obstante, lo verificable es que lo hecho hasta ahora es suicida: no ha bajado el consumo sino que se ha expandido; no se redujo el tráfico sino que sólo se ha regulado su precio manteniendo reducida la oferta. La represión no fue más que la junta reguladora de la plusvalía del servicio de distribución del tóxico. La reducción represiva de la oferta opera como una nueva alquimia. Fabricaron oro de esa porquería. México hubiese tardado varios siglos en tener el número de muertos por sobredosis de cocaína que hoy tiene por la concentración de plomo producida por una “guerra” que, desde el principio, estaba perdida.

–En los últimos diez o doce años la existencia de gobiernos reformistas o inclusivos en América latina coincidió, contradictoriamente, con un mayor índice de presos en relación con el total de habitantes. Ni hablar de gobiernos conservadores como el mexicano. ¿A qué sectores sociales afecta?

–En América latina los prisionizados son siempre los jóvenes pobres de barrios precarios. Son los mismos que resultan víctimas preferidas de los homicidios. Los gobiernos inclusivos han quedado presos de las amenazas y linchamientos del populacherismo mediático, al servicio de los modelos excluyentes. En algunos países de nuestra región hay una clara inclinación racista, al igual que en los Estados Unidos: la mayoría de los presos son negros. También lo es la mayoría de las víctimas de ejecuciones sin proceso, letalidad policial o “gatillo fácil”. Entre violencia homicida, letalidad policial y prisionización, creo que América latina, prescindiendo del estricto tecnicismo jurídico del término, protagoniza una suerte de genocidio por goteo, por cuotas o continuado.

–¿Cómo se puede revertir la prisionización de pobres, jóvenes y vulnerados, que se expresa sobre todo a través de preventivas sin condena?

–Ante todo, no usando la prisión para lo que no es necesario. La prisión no puede usarse para cualquier delito, sino para los delitos graves, cuando no hay más remedio. El país que más presos tiene en nuestra región es Brasil, y por cierto que casi el 30 por ciento está preso por hurto, o sea, por apoderamiento sin violencia, sólo en función de la famosa “reincidencia”. En la Argentina propusimos la racionalización de la reincidencia –no la supresión de su relevancia, como se ha dicho–, pero eso sirvió para que un inescrupuloso se hiciera publicidad para ver si consigue ser presidente y para que muchos jueces se espantaran ante la amenaza de ser estigmatizados. Yo no me espanto.

–¿Por qué no?

–Porque mucho más me espantan los jóvenes en cárceles que son campos de concentración, o quizá de exterminio, aunque no usen cámaras de gas. Quiero ser muy claro en esto: nunca bajaremos el número de presos, ni el de homicidios ni la violencia, si no tomamos las cosas en serio. Los problemas que tenemos en la región son, básicamente, la economía producto de la prohibición de la cocaína, los medios concentrados jugados a favor de modelos excluyentes, la difusión inusitada de armas de fuego y los modelos institucionales de policía.

–¿Cómo es el contrapunto de esos cuatro factores?

–La situación regional en algunos países está tocando límites de l
etalidad nunca imaginados. Los medios concentrados en esos países la disimulan o normalizan. En los países del Cono Sur, que estamos relativamente a resguardo, entre otras cosas por razones geopolíticas, crean buena parte de la violencia o incluso la producen. Si no nos sentamos a tratar estos cuatro problemas en serio, las cosas seguirán cada día peor. Es decir, cada día habrá más muertos.

 

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