Ya está en Chile el pedido de extradición contra Fujimori por las esterilizaciones forzadas

Tal como pedían las víctimas, finalmente la justicia de Perú solicitó formalmente a Chile ampliar los cargos de extradición contra el ya condenado expresidente Alberto Fujimori para que sea juzgado también por el plan de esterilizaciones forzadas de miles de mujeres que puso en marcha su gobierno entre 1996 y 2000.

Fujimori fue extraditado de Chile a Perú en 2007 por crímenes contra la humanidad y corrupción. En ese momento, todavía no se había abierto el proceso en su contra por las más de 300 mil peruanas, muchas de ellas indígenas que no hablaban español, que fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de falopio contra su voluntad, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori llevó adelante en sus últimos cuatro años en el poder, entre 1996 y 2000. En estas cirugías murieron 18 mujeres. 

Ahora, en una resolución dictada el 13 de abril pero conocida recién hoy, el juez Littman Ramírez dispuso «solicitar a las autoridades judiciales del Gobierno de Chile la ampliación de la extradición activa” de Fujimori como «máximo principal responsable» de lesiones graves y muertes por la «realización masiva de anticoncepciones quirúrgicas».

El juicio por las esterilizaciones forzadas, que empezó en 2002, tiene 1.317 demandantes y fue archivado y reabierto varias veces.

Al exgobernante se le imputa haber emprendido este programa «sin tener en consideración una serie de factores”, entre ellos “una infraestructura adecuada y el personal médico especializado”, lo que generó que se produjeran “lesiones graves en una gran cantidad de mujeres», según la resolución de Littman, titular del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio.

En diciembre pasado, otro juez, Rafael Martínez, accedió a llevar a juicio a Fujimori por las esterilizaciones forzadas, pero indicó que primero era necesario que el Juzgado Liquidador pidiera la ampliación de la extradición a Chile.

Fujimori, de 83 años, cumple en Perú una condena de 25 años por dos matanzas perpetradas por un grupo parapolicial y por actos de corrupción durante su mandato.

Aunque el Tribunal Constitucional avaló un indulto que recibió en 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le pidió al Estado que no lo libere.

También serán juzgados por este caso los exministros Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga.