Vizcarra disolvió el Congreso, que contraatacó cediéndole su puesto a la vicepresidenta

El presidente peruano Martín Vizcarra confirmó la disolución del Congreso, dominado por la oposición, que le respondió suspendiéndolo y nombrando como presidenta interina a la vicepresidenta Mercedes Aráoz. El fujimorismo, principal fuerza opositora, ordenó dejar fuera de funciones al mandatario “temporalmente” por “incapacidad moral”. Vizcarra había convocado previamente elecciones parlamentarias para el 26 de enero, invocando normas constitucionales.

El mandatario había adelantado que iba a tomar esa decisión si los legisladores le negaban nuevamente un voto de confianza para su reforma en las designaciones del Tribunal Constitucional. Con el apoyo de una decena de gobernadores regional, publicó por la madrugada el decreto en el boletín oficial.

Por una reforma ratificada en referéndum en 2018, los parlamentarios no pueden ser reelegidos. La posibilidad de que se pudiera disolver el Congreso despertó la ira de los legisladores. En una sesión a la que asistieron sólo 86 de los 130 parlamentarios, el fujimorismo aprobó la moción para suspender al mandatario por un año.

Casi a la misma hora fue publicado en el diario oficial El Peruano el decreto de disolución del Congreso, por lo que ambas decisiones entraron en vigencia. Lo que implicó la asunción imprevista de Aráoz, quien se había distanciado del presidente, aunque ambos fueron elegidos como compañeros de fórmula de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

«Estoy asumiendo temporalmente la Presidencia de la República», señaló Aráoz antes de decir que Vizcarra «ha incurrido en grave infracción constitucional» al anunciar, horas antes, la disolución del Congreso.

La postura de la oposición

El jefe del legislativo, el opositor Pedro Olaechea, amenazó con la posibilidad de que el Congreso vote el viernes una moción de destituir definitivamente a Vizcarra. «Tenemos una serie de acciones, pero estamos evaluando cuáles queremos tomar, dado que hoy sabemos que hay una captura de hecho, que se expresó en la no renovación del Tribunal», señaló Olaechea.

Para este grupo de diputados, compuesto por representantes opositores encabezados por la agrupación fujimorista Fuerza Popular, la disolución decretada por Vizcarra es un «golpe de Estado» por violar la Constitución y, por tanto, es ilegal. Sin embargo, aún ninguno de sus representantes ha presentado una demanda de inconstitucionalidad.

La legalidad de la decisión de Vizcarra

«He decidido disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias» anticipadas, dijo Vizcarra en un mensaje al país por televisión, al agudizarse un choque de poderes iniciado hace tres años y cerrarse las vías de entendimiento entre el ejecutivo y legislativo.

Vizcarra pidió el voto de confianza luego de que el Congreso archivara el jueves su proyecto de adelantar elecciones a abril de 2020, lo que implicaba recortar un año su mandato y el del Legislativo. La propuesta era apoyada por el 75% de los peruanos, según encuestas.

«Es claro que la obstrucción y blindaje (del Congreso) no cesan y no habrá acuerdo posible», sostuvo el mandatario, mientras centenares de manifestantes congregados afuera del parlamento celebraban su decisión.

La Constitución peruana permite que el presidente recurra a este extremo si se niega la confianza a dos gabinetes, y este Congreso ya había obligado en 2017 a la renuncia en pleno de un consejo de ministros de Pedro Pablo Kuczynski, al que su vicepresidente Vizcarra sucedió cuando dimitió, en 2018.

Coloridas y bulliciosas marchas en respaldo a la disolución se sucedieron la noche del lunes en Lima y las ciudades de Huancayo, Cusco, Arequipa, Puno, Trujillo, Moquegua y Tacna, entre otras.

Sin embargo, nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, que enfrenta el rechazo de casi el 90% de la ciudadanía, según sondeos. A pesar de la tensión, el país ha permanecido en calma.