«Viva la democracia», la Corte de El Salvador frenó por ahora la crisis institucional

Luego de militarizar el Congreso de El Salvador, el presidente Nayib Bukele aseguró que finalmente se abstendrá de usar al Ejército en actividades que pongan en riesgo el sistema constitucional, tal como le había solicitado la Corte Suprema de Justicia. Luego de que el mandatario llamara a una virtual insurrección, La Corte había ordenado una serie de medidas cautelares para que se respete el principio de separación de poderes en pos de la democracia.

La Corte lo había exhortado al presidente a que se abstuviera de “hacer uso de la Fuerza Pública en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos”. También había dejado sin efecto la convocatoria a asambleas extraordinarias del gobierno.

Bukele aseguró que lo aceptará a pesar de que el Ejecutivo no comparte el mismo pensamiento. En un comunicado, se quejó de que esas medidas «podrían dificultar el efectivo trabajo» que realiza el gobierno “por los intereses del pueblo”. En ese sentido, Bukele pidió al máximo tribunal que “tome en consideración los actuales intereses de la República en el tema de seguridad».

Puntualmente, pidió una «interpretación que permita la adaptabilidad de la Constitución a las realidades del momento, de manera que no coarte la potestad válida y vigente conferida al Consejo de ministros, por medio de la disposición constitucional relacionada».

El domingo, al ver frustrada una convocatoria a una sesión extraordinaria invocando un artículo de la Constitución, Bukele dio un plazo de una semana a Asamblea Legislativa de mayoría opositora para que apruebe un préstamo de 109 millones de dólares para equipar al ejército y policía. Ante la derrota política por la ausencia de los legisladores, amenazó con invocar el artículo 87 de la Constitución, aquel que reconoce el derecho del pueblo a la insurrección.

Mientras estudia una demanda de inconstitucionalidad ante lo actuado por el Consejo de ministros, la Corte ordenó también al ministro de la Defensa, René Merino, y al director de la Policía, Mauricio Arriaza, a que «no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados».

La condena unánime del Congreso

La reacción del alto tribunal fue celebrada por los diputados con gritos de «¡Viva la democracia», durante una sesión extraordinaria que se instaló para aprobar un pronunciamiento ante lo sucedido el domingo, un hecho inédito tras décadas de dictaduras militares y una guerra civil de 12 años (1980-1992).

Los diputados de la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora y constantemente enfrentados por su origen ideológico, condenaron de forma unánime lo que llamaron un «intento de golpe» de Estado. «Por supuesto que hubo un intento de golpe de Estado, intento de disolver la Asamblea Legislativa», dijo en rueda de prensa el presidente del Parlamento, Mario Ponce.

Ponce hizo pública la condena en nombre de los 84 diputados, incluidos los parlamentarios del oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), al salir de una reunión privada de más de cinco horas con los líderes de los partidos políticos que integran el Congreso. El jefe del Parlamento aseguró que no cederán a la «amenaza» de Bukele de regresar el próximo domingo sino aprueban los cuestionados fondos para el plan de seguridad.

Los parlamentarios llamaron, además, a la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA) a «activar los mecanismos necesarios que permitan dar seguimiento a la crisis institucional generada por el Ejecutivo».

Bukele, por su parte, criticó a los diputados por suspender la sesión y restó importancia a las alarmas por su ingreso con soldados fuertemente armados al órgano Legislativo. «Los diputados están ofendidos. Así que castigarán al pueblo no aprobando los fondos que prometieron aprobar hoy», señaló el presidente, quien insiste con su plan.