Víctimas de esterilizaciones forzadas denuncian que están dilatando la causa para no juzgar a Fujimori

Organismos de derechos humanos y víctimas de las esterilizaciones forzadas cometidas durante el mandato de Fujimori (1990-2000) denunciaron un “nuevo maltrato” del sistema judicial, luego de que cambiaran el juez a cargo de la causa. Esta decisión podría dilatar aún más el juicio que mantiene en vilo a las más de 350 mil personas que llevan casi dos décadas esperando justicia.

Mientras las víctimas aguardaban que el juez Rafael Martínez Vargas emitiera su veredicto preliminar de llevar o no a juicio penal a siete denunciados, entre ellos Fujimori, el Poder Judicial lo sacó de la causa y designó en su lugar al magistrado Littman Ramírez Delgado. Las víctimas ya adelantaron que recurrirán a instancias internacionales para pedir que se juzgue a los responsables. 

Se estima que más de 300 mil peruanas, en su mayoría campesinas e indígenas, fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de falopio, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori llevó adelante en sus últimos cuatro años en el poder. En estas cirugías murieron 18 mujeres.

Uno de los casos más significativos fue el de Mamérita Mestanza, una campesina indígena que murió en 1998 a consecuencia de una esterilización forzada. Llegó a recibir cerca de 10 visitas de funcionarios del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar hasta que fue operada sin su consentimiento. En 2003 su caso llegó a la Comisión Interamericana de Justicia (CIDH) y el Estado llegó a un acuerdo de solución amistosa en el que se comprometió a indemnizar a sus familiares y a investigar y sancionar a los responsables de estas práctica

Puntualmente, en el juicio que se sigue dilatando, Fujimori y sus colaboradores están acusados de ser “autores mediatos de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones graves de los derechos humanos” contra las mujeres quirúrgicamente esterilizadas entre 1996 y 2000.

Dos meses para leer una imputación

Las víctimas esperan hace dos meses la conclusión del magistrado, quien pospuso la lectura en al menos dos oportunidades. Se esperaba que el 17 de noviembre fuera finalmente el día de la resolución, pero volvió a suspenderla “por cuestiones coyunturales”. A eso también se le sumó en las últimas horas el cambio de juez. 

“Para nosotras, ese cambio es un maltrato. Ya son 20 años pidiendo justicia”, resaltó Inés Condori, víctima de las esterilizaciones forzadas. 

Las organizaciones consideran que hay evidencia suficiente para incluir a Fujimori en el proceso y señalan que el mismo juez dijo en más de una oportunidad que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que el Estado debe garantizar.

“Estamos en una encrucijada por estar en manos de un juez corrupto o de un nuevo juez (…) que no puede resolver algo de lo que no sabe y puede decir que necesita volver a fojas cero”, alertó Cedano. Cedano insistió en el eventual “peligro” de que ese cambio de juez eternice aún más el proceso, mientras van “muriendo víctimas y no se alcanza justicia”.

Por su parte, Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), vinculó la prolongación de la investigación al hecho de que estén involucrados “los dos extremos de las zonas de poder más grandes que hay en el país”.

Dijo que es una lucha “como la de David contra Goliat”, porque al lado de estas mujeres, cuya “vida no cuenta mucho dentro de la jerarquía social” peruana, están los denunciados, “que son personajes políticos, un expresidente dictador y varios ministros”.