“Vergüenza nacional”, Greenpeace repudió la negativa de Chile a reconocer el agua como bien público

La organización internacional condenó el rechazo del senado a la reforma que buscaba consagrar el agua como un bien nacional de uso público. La iniciativa, que buscaba regular legalmente el tratamiento de los recursos hídricos, también tenía como objetivo frenar la dura sequía que enfrenta el país, con 119 comunas en emergencia. Se cree que apenas el 20 por ciento del agua no está actualmente en manos privadas.

“Es una vergüenza nacional que el Senado, en medio de la peor crisis hídrica de nuestra historia, rechace que el agua sea para el consumo humano de toda la población chilena”, lamentó la organización ambientalista en un comunicado.

El proyecto, que estaba cajoneado en el Congreso desde 2008, estipulaba que se consagre en la Constitución al agua como “un derecho humano fundamental”. Aunque se registraron 24 votos a favor y 12 en contra, se requerían dos tercios de la Cámara Alta -29 votos positivos- para aprobar la reforma. 

Así, los diputados de la oposición que se mostraron a favor del proyecto argumentaron que los que tienen derechos sobre el agua actuaron “con fines economicistas” y “especuladores”. Los oficialistas, en tanto, aseguraron que el consumo humano “está garantizado” y que “no hay razones” para legislar en este sentido porque el país tiene delante el debate por la nueva constitución. 

Chile enfrenta la peor sequía de su historia, con 119 comunas (municipios) entre las regiones de Atacama (norte) y el Maule (centro-sur) en situación de emergencia agrícola y las regiones de Coquimbo y Valparaíso (centro) en situación de catástrofe por escasez hídrica. La laguna de Acúlea, ubicada en la comuna del Painé, se secó completamente por primera vez en dos mil años en 2019. 

Tanto la Ley Fundamental como el Código de Aguas de 1981 otorgaron a particulares derechos de uso del agua gratuitos y a perpetuidad y les dejaron libertad para usar el agua como quisieran o vender esos derechos a precio de mercado. Casi cuatro décadas después, se calcula que el 80 % de los recursos hídricos del país están en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía.

El director de Greenpeace en Chile, Matías Asun, afirmó que “hoy existe mayor protección al derecho de aprovechamiento de aguas y su carácter de propiedad privada que la obligación de priorizar sus uso de acuerdo a lo que consideramos más relevantes: acceso humano y ecosistémico”.

Para la organización ambientalista, la negativa del Senado da cuenta de “la necesidad de contar con una nueva Constitución que permita que estos proyectos avancen”.

Si bien esta iniciativa se desecha, sus autores, de mayoría opositora, esperan que esta sea debatida en el marco de la nueva Constitución, proceso que se votará en el próximo plebiscito de entrada del 26 de abril.