Verdades y mentiras de Ayotzinapa

México

Se cumple un año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas. Muchas preguntas quedan todavía por responder: ¿Qué pasó con los jóvenes y dónde están? ¿Por qué los atacaron salvajemente? ¿Quién coordinó el ataque en el que participaron policías municipales, estatales, federales y Ejército? El presidente Peña Nieto es quien debe dar respuestas.

Jóvenes reclaman justicia por los 43 estudiantes de Ayotzinapa - Foto: Archivo

Silvia Ribeiro* – La Jornada (México)

El 26 de septiembre se cumple un año de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, de la muerte de seis personas –entre ellas tres estudiantes asesinados a quemarropa– y decenas de heridos, por el ataque de fuerzas oficiales en Iguala, Guerrero. A un año de estos gravísimos hechos, que concitaron interminables ecos de protesta y solidaridad en todo el país y el mundo, seguimos sin respuestas: ¿qué pasó con los estudiantes y dónde están?, ¿por qué los atacaron salvajemente?, ¿quién coordinó el ataque en el que participaron policías municipales, estatales, federales y Ejército?

Pero así como la muerte y desaparición de los estudiantes de esta modesta y ejemplar escuela unió a mucha gente y movimientos desde entonces, rasgando irreparablemente el manto de ocultamiento sobre la represión y las desapariciones forzadas en México; ahora un informe de expertos independientes sobre Ayotzinapa vuelve a marcar un hito contra la impunidad, sentando un precedente único en América Latina.

El 6 de septiembre 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Ayotzinapa (GIEI), comisionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó su informe de 560 páginas, resultado de seis meses de investigación, que con extrema minuciosidad y rigor hizo añicos la llamada verdad histórica del gobierno.

” El 6 de septiembre 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Ayotzinapa (GIEI), comisionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó su informe de 560 páginas, resultado de seis meses de investigación, que con extrema minuciosidad y rigor hizo añicos la llamada verdad histórica del gobierno ” 

Obligado por la amplia reacción nacional e internacional, distintos niveles de gobierno construyeron una versión falseada de lo que pasó en Iguala el 26 y 27 de septiembre 2014, incluido que los estudiantes fueron a la ciudad a agredir un acto de la presidenta del DIF (esposa del entonces alcalde de Iguala); que el secuestro y supuesta muerte de los estudiantes fue responsabilidad de un cártel de narcotráfico y que si hubo policías eran manzanas podridas vinculadas a éste. J. Murillo Karam, entonces procurador general, dio por cerrado el caso afirmando que los estudiantes fueron quemados por sicarios en el basurero de Cocula, y sus cenizas arrojadas al río San Juan, de las que luego un instituto austriaco logró reconocer ADN de uno de los estudiantes.

La relación del gobierno con los familiares de las víctimas ha sido todo el tiempo irrespetuosa y hasta cruel, importándole siempre más el efecto mediático que informar y dialogar con ellos.

El GIEI, integrado por Alejandro Valencia y Ángela Buitrago (Colombia), Claudia Paz (Guatemala), Francisco Cox (Chile) y Carlos Beristáin (Estado español), hizo lo opuesto. Explican que se centraron en cuidar las víctimas y sus familiares, que la relación con ellos “…ha sido clave en todo el proceso. El informe trata de recoger su experiencia, porque en ella habitan muchos aprendizajes del impacto de la desaparición forzada y de la influencia que tiene el trato de autoridades del Estado y organizaciones sociales”.

” Un quinto autobús que posiblemente estaba cargado de heroína y que los estudiantes tomaron sin saberlo (ese autobús fue desaparecido de las evidencias y las declaraciones iniciales de su chófer fueron muy distintas de su declaración posterior). El GIEI sugiere que el transporte de droga en autobuses de servicio público podría explicar por qué el ataque ” 

Paso a paso, confrontando documentos oficiales, hablando con muchos actores a los que pudieron acceder –el Ejército se niega a ser entrevistado–, el informe demuestra con implacable rigurosidad muchos puntos que desarman la versión oficial. Documentan que fue un ataque masivo (seis muertos, 43 desaparecidos, más de 40 heridos y 80 víctimas de persecución) en nueve distintos escenarios de ataque, durante más de tres horas. Fue concertado: policía municipal, estatal, federal y Ejército monitoreaban desde horas antes, por el sistema de comunicación C-4, que estudiantes de Ayotzinapa iban en autobuses y dónde se encontraban. Curiosamente, en el registro del C-4 hay dos vacíos justamente a la hora que desaparecen los estudiantes. Todos esos cuerpos oficiales participaron agrediendo o como observadores en los ataques en uno o varios de los nueve escenarios. Testigos confirman que hubo una coordinación general y estructura de mando jerárquica en todo el operativo.

El GIEI constata que llevarse y retornar autobuses es una práctica usada por estudiantes rurales y nunca había sido reprimida de esta forma; que los estudiantes no iban armados, que no se dirigían a Iguala y lo hicieron al no poder llegar a su destino; que llegaron mucho después de finalizado el acto de la esposa del alcalde; que existía un quinto autobús que posiblemente estaba cargado de heroína y que los estudiantes tomaron sin saberlo (ese autobús fue desaparecido de las evidencias y las declaraciones iniciales de su chófer fueron muy distintas de su declaración posterior). El GIEI sugiere que el transporte de droga en autobuses de servicio público podría explicar por qué el ataque se centró en impedir que los estudiantes dejaran Iguala.

Un hito central del informe es el análisis de José Torero, técnico de renombre mundial en dinámica de fuegos, que demuestra que no pudo haber en el basurero de Cocula una pira suficiente para incinerar 43 cuerpos, lo cual requeriría 60 horas, 13 mil 330 kilogramos de neumáticos, generando una llama de siete metros y un penacho de humo de 300 metros, lo cual no fue visto por ningún vecino, además de que el intenso calor hubiera causado un incendio forestal, de lo cual no existe seña. El GIEI constató que los supuestos perpetradores de la quema fueron torturados. Según anota Anabel Hernández, su verdadero crimen fue ser albañiles que viven cerca, pobres y sin medios para defenderse, que fueron torturados y amenazadas sus familias, para hacerlos confesar crímenes que no cometieron. (Hernández y Fisher, Proceso13/9/15). El GIEI señala que las declaraciones de esos albañiles son contradictorias y no coinciden en tiempos, lugares y personas.

Hay muchos más datos e importantes recomendaciones en este informe histórico (www.giei.info) que no nos trae los estudiantes desaparecidos, pero limpia el horizonte de mentiras y nos conforta en la búsqueda. ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!

*Investigadora del Grupo ETC

Jesusa Cervantes – Proceso (México) 

Unas 26 mil personas han desaparecido en México, según registros oficiales, cifra que dista mucho de la que manejan organismos de derechos humanos independientes y que alcanzan las 60 mil víctimas. Y entre éstas se encuentran los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

Ariel Dulitzky, relator del Grupo de Trabajo de la ONU contra la Desaparición Forzada, sostuvo aquel noviembre de 2014, cuando se reunió con la primera comisión especial legislativa para el caso Ayotzinapa, que para atacar el delito el gobierno mexicano primero tiene que reconocer la existencia de éste y luego formular una le
y contra desapariciones para evitar y castigar este ilícito, además de establecer una base de datos que facilite la búsqueda de víctimas.

Con el deleznable caso de la desaparición de los estudiantes y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que echa por la borda cualquier identificación de restos óseos por parte de la Universidad de Innsbruck, con la afirmación de que en el basurero de Cocula, Guerrero, no pudo haber habido una pira humana, el PAN enfiló sus baterías contra el PRI y su gobierno.

Entonces presentó una iniciativa que en el fondo buscaba el reconocimiento de la administración peñista sobre la existencia de este delito en México. Así, propuso la instauración del 26 de septiembre como “Día nacional contra la desaparición forzada de personas”.

” Ariel Dulitzky, relator del Grupo de Trabajo de la ONU contra la Desaparición Forzada, sostuvo aquel noviembre de 2014, cuando se reunió con la primera comisión especial legislativa para el caso Ayotzinapa, que para atacar el delito el gobierno mexicano primero tiene que reconocer la existencia de éste y luego formular una ley contra desapariciones para evitar y castigar este ilícito “

Reacios a aceptar una verdad que en número apabulla pero que en imágenes destroza el alma, sobre todo cuando se descubren decenas y decenas de fosas clandestinas con cuerpos de personas que han estado desaparecidas en los últimos diez años, el PRI dejó reposar la demanda una semana.

Al final aceptó instaurar ese día con su nombre completo y evitó cualquier otro, como aquel de “Día de las víctimas de Ayotzinapa” que según reveló el diputado federal panista, Federico Doring, pretendía imponer el PRI.

En su último informe de resultados y análisis sobre la situación en México, Dulitzky señala que aunque valora que el Estado acepta que enfrenta retos en el tema, “constata que el incipiente reconocimiento discursivo al problema de la desaparición forzada no ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades del Estado mexicano, ni al más alto nivel. Tampoco ha habido un reconocimiento respecto de la dimensión del problema, tal y como lo recomendó el Grupo de Trabajo”.

El documento de Dulitzky fue presentado el viernes 11; días después, el jueves 17, el PRI aceptó reconocer la existencia del delito. Aunque sólo de manera discursiva y pudiendo aun convertirse en una simple efeméride, el reconocimiento del fenómeno de la desaparición forzada en la Cámara de Diputados es un primer paso para atacar el problema.

” En los tiempos de Peña Nieto debe considerarse también la aceptación de la injerencia que puede tener en México el Comité de la ONU sobre Desaparición Forzada. Por ello, la presión internacional provocada por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa debe ser de una mayor condena para que el gobierno de Peña permita el actuar del Comité “

Sólo la presión internacional puede empujar al partido en el gobierno y a sus funcionarios del más alto nivel a actuar como el Grupo de Trabajo de Ariel Dulitzky ha recomendado.

Viene ahora la discusión de la ley contra la desaparición forzada que se presentará en el Senado de la República. Cuando se le pregunta al vicecoordinador del PRI en San Lázaro cuándo estará lista esa ley, apenas atina a comentar: “Depende de los tiempos del Senado”.

Pero en un gobierno como el de México “los tiempos del Congreso son los tiempos del presidente de la República”, porque no hay independencia sino sumisión y complicidad.

En los tiempos de Peña Nieto debe considerarse también la aceptación de la injerencia que puede tener en México el Comité de la ONU sobre Desaparición Forzada. Por ello, la presión internacional provocada por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa debe ser de una mayor condena para que el gobierno de Peña permita el actuar del Comité.

” Esta es la oportunidad de Peña para revertir la situación… hay todavía algunos que pueden salvarse de su propia hoguera y de la fantasía. Si ya aceptó que el Congreso reconozca la existencia del delito generalizado de desaparición forzada, ahora debe aceptar una ley que no revictimice, una ley que permita el derecho a la verdad, una ley que lleve a la cárcel a los culpables “

Aceptar al Comité evitaría fantasías como la de la pira humana al aire libre en un día lluvioso, como se constata en las imágenes de la NASA, y las cuales sólo ubican un incendio en Chilapa, Guerrero, nunca en Cocula, aunque sí registra una lluvia pertinaz.

El reconocimiento del Comité implicaría que cualquier ciudadano víctima en segundo grado de la desaparición forzada pueda acudir al Comité y éste llegue en forma inmediata a México a realizar las indagaciones y emita un reporte, mismo que luego podría ser tomado en cuenta en un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Peña Nieto tuvo durante su gobierno en el Estado de México el sello de la muerte luego de los enfrentamientos entre el pueblo de Atenco y los grupos policiacos. Hoy éste sigue siendo su impronta, sólo que como presidente de la República, a lo que se suma su pésimo conductor, Luis Videgaray, para generar empleos y una economía sana.

Esta es la oportunidad de Peña para revertir la situación… hay todavía algunos que pueden salvarse de su propia hoguera y de la fantasía.

Si ya aceptó que el Congreso reconozca la existencia del delito generalizado de desaparición forzada, ahora debe aceptar una ley que no revictimice, una ley que permita el derecho a la verdad, una ley que lleve a la cárcel a los culpables y una ley que evite la repetición del delito. Pero también mucho ayudaría el reconocer el Comité creado por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra Desapariciones Forzada, pues de no hacerlo todo quedaría en ese “incipiente reconocimiento discursivo” que no sirve para nada como no sea la impunidad. 

 

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