Uruguay contra las celulosas: el Congreso aprobó la Ley Forestal pero Lacalle Pou la va a vetar

El Congreso uruguayo aprobó una iniciativa que limita las plantaciones forestales para la producción de celulosa. La ley, que recibió el respaldo de organizaciones ambientalistas, agrarias y ganaderas, pone al presidente Luis Lacalle Pou al borde del primer veto de su gestión.

El proyecto dispone que la superficie total de bosques de eucalipto de rendimiento y generales en todo el país no podrá superar el 10 por ciento del territorio bajo explotación agropecuaria, entre otros puntos.

El texto definitvo contó con los votos de Cabildo Abierto (CA), una fuerza marcadamente de derecha e integrante de la alianza de Gobierno, y al Frente Amplio (FA). 

El proyecto, que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados, fue aprobado por 16 votos sobre 31.

Qué dice la nueva Ley Forestal

El senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, explicó que la ley busca contrarrestar un arrollador avance de las plantas multinacionales de pasta de celulosa para fabricación de papel.

«Uruguay tiene unas 16 millones de hectáreas, de la cuales en los últimos años se autorizó a unas pocas empresas a adquirir hasta casi 7 millones, produciéndose un fenómeno de gran concentración de tierra», indicó.

La nueva regulación no prohíbe la forestación, sino que la restringe para evitar que afecte a pequeños productores agropecuarios y, a la larga, a la soberanía alimentaria del país. Así lo explicó el senador Alejandro Sánchez, uno de los más aplaudidos durante la jornada.

Hasta acá, la ley vigente, de 1987, buscaba aprovechar las tierras improductivas para el sector agrícola y ganadero, unas cuatro millones de hectáreas, y así destinarlas a la plantación de árboles, pero con la llegada de los gigantes del papel como la finlandesa UPM y la multinacional Montes del Plata, esas plantaciones se extendieron sobre tierras que no son de prioridad forestal.

Cuál es la postura de Lacalle Pou

Días antes de la votación, Lacalle Pou presentó el lunes un decreto que establece controles a las plantaciones forestales, a partir de la creación de un registro de plantaciones de menos de 100 hectáreas y que declara sujetas a autorización ambiental especial las de más de 100 hectáreas.

Sin embargo, la Ley Forestal siguió su curso porque sus impulsores aclararon que no alcanzaba con ese decreto porque “deja abierta la puerta a que la zona suroeste del Uruguay sea forestada».

En el recinto, el exmilitar Guido Manini Ríos, líder de CA y probablemente la voz más esperada de la sesión, se preguntó «por qué esto se toma como un ataque al sector forestal”, reveló que “en estos últimos tiempos” pudo probar “el tremendo poder que tiene el lobby celulósico en este país” y aclaró que no está en contra de la producción forestal, sino de que “el país se transforma en un «gigantesco bosque de eucaliptus».

Con todo, Lacalle Pou ya avisó semanas atrás que vetaría la iniciativa si pasaba las dos cámaras del Congreso, porque no formaba parte del «Compromiso por el país», el acuerdo que sustenta a la coalición gobernante, denominada «multicolor», integrada por los partidos Nacional, Colorado, de la Gente, Independiente y CA.

Las otras polémicas de Uruguay referidas a las plantas de celulosa

No es la primera polémica referida a la instalación de plantas de celulosa en Uruguay, porque entre 2005 y 2010 el presidente Tabaré Vázquez autorizó la construcción de dos fábricas de celulosa de eucalipto sobre las aguas del río Uruguay y generó un conflicto con Argentina, que advertía sobre la posible contaminación de los recursos hídricos.

Esas dos plantas, UPM y Montes del Plata, generaron también un debate dentro del entonces gobernante Frente Amplio, algunos de cuyos sectores sostenían que la forestación era contraria al modelo productivo que aspiraban para el país.

Sobre el final de la última administración de Vázquez se aprobó la instalación de una tercera planta, a concretarse próximos años, conocida popularmente como «UPM2».