Una medida de Humala que trajo fuertes críticas

Los ministros, viceministros y funcionarios de cargos gerenciales peruanos verán incrementados sus salarios en un 100 por ciento en el marco de la reforma del Estado. La medida desencadenó una serie de críticas y defensas. Entre las voces que cuestionan la decisión están los que preguntan porqué la mejora de sueldos empieza por allí y no por los más postergados. Consideran que el gobierno de Ollanta Humala acciona con igual dinámica que las administraciones anteriores y, por consiguiente, sigue en el mismo camino de la política como abuso.

 

Lucía Alvites S. – Adital (Brasil)

Uno de los argumentos más usados por los defensores del aumento salarial al 100% de los ministros es que este incremento, sin precedentes en la historia, obedece al proceso de la reforma del Estado que ordenaría el sector público.

Pero ¿cómo entender una reforma que empieza por los que mejores sueldos tienen? lo lógico en un gobierno que se ha auto denominado (hasta el cansancio) el de la “inclusión social” es que este proceso se iniciara mejorando las condiciones laborales y escalas salariales de los funcionarios públicos que menos ganan. Y, aunque ya el presidente Ollanta Humala nos tiene acostumbrados a hacer todo lo contrario a lo que dijo que haría en su plan de gobierno, este aumento salarial viene a reconfirmar que tampoco habrán cambios sustantivos y justos que mejoren el sistema administrativo estatal.

“Y es que esa es la forma en la que decidió administrar el Perú

Ollanta Humala, no movió un ápice la dinámica de las cosas y

lo único que queda es la continuidad de la política como abuso  

Lo más terrible es que se continúa con la lógica de seguir beneficiando y premiando con las dádivas del crecimiento económico solo a unos pocos mientras el resto sigue esperando, o en el caso específico de las trabajadoras y trabajadores públicos sigue empeorando su situación. Y es que cabe destacar que este aumento de los ministros a S/.30,000 (40 veces un sueldo mínimo) se da en el marco de la Ley SERVIR, norma que permite que sean los propios ministros los que se suban el sueldo. Pero, por otro lado, les quita a los trabajadores del Estado el derecho de negociación colectiva para mejorar sus remuneraciones, vulnerando derechos fundamentales y contraviniendo parámetros establecidos por la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

A pesar de esta realidad, Luis Miguel Castilla, Ministro (inamovible) de Economía y vocero del aumento, en aras de justificar el incremento de su sueldo y el de sus pares ha declarado que “no hay ninguna exclusión” y que esto forma parte de la reforma del Estado. Un Estado que le sube el sueldo al doble a sus ministros pero que a las enfermeras, los médicos o profesores no les puede aumentar porque “no hay presupuesto” o cuando lo hace es muy por debajo de las expectativas.

No hay duda, que este hecho es una provocación para las grandes mayorías del país (ya está anunciado un plantón para el jueves), pero es también, y sobre todo, el abandono inexorable de la política como servicio. Y es que esa es la forma en la que decidió administrar el Perú Ollanta Humala, no movió un ápice la dinámica de las cosas y lo único que queda es la continuidad de la política como abuso.

 

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