Una derecha inquieta y esperando la oportunidad

Los intentos por derrocar al presidente Nicolás Maduro a través de la violencia en las calles venezolanas; la crisis de gobierno peruana, con la intervención ‘salvadora’ de Mario Vargas Llosa; y la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por parte del presidente colombiano Juan Manuel Santos, desoyendo incluso el reclamo de la CIDH; muestran el propósito de los sectores de la derecha aliada a los EE.UU. de retomar la iniciativa política en la región.

Rosaura Audi – Latinoamérica Piensa

La continuidad de las barricadas y la violencia callejera en Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro; la crisis del gobierno peruano, en la que el escritor y político Mario Vargas Llosa tuvo una intervención supuestamente salvadora; y la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dan cuenta de situaciones que se reiteran en la región. Muestran la acción determinada de la derecha por retomar las riendas, tanto a favor de sus sectores locales, como de la hegemonía norteamericana. El rol de las redes sociales y los medios de comunicación conservadores resulta fundamental en la manipulación de los hechos.

Venezuela es el caso más claro de esta embestida, financiada y promovida por Estados Unidos -país que lo niega como ha negado en los 70 y 80 su intervención para implantar dictaduras en toda Latinoamérica-, que pretende retomar el control en la región y el manejo de sus recursos naturales.

El presidente Nicolás Maduro estableció el jueves un paralelo entre la oposición extrema -que busca su deslegitimización y desestabilización- y el pinochetismo. “No se trata de toda la oposición, pero es un rebrote peligrosísimo de una ideología fascista que se parece más al pinochetismo (en Chile) que a la derecha democrática que existe en el continente», precisó el mandatario a Televisa, tratando de mostrar diferencias entre los dirigentes antichavistas.

«La secretaria de Estado adjunta norteamericana, Roberta Jacobson, reconoció que la declaración de la OEA no tuvo «el lenguaje» deseado por su país y mencionó que esperan «no llegar al punto de adoptar sanciones»» 

Desde el 12 de febrero pasado, cuando comenzaron las protestas callejeras, el gobierno registró 1.800 hechos de violencia, que fueron difundidos en forma constante por los medios opositores, locales e internacionales. Sin embargo, no lograron socavar la gestión diplomática del canciller Elías Jaua, quien obtuvo el respaldo tanto de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) como de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Con ese apoyo, Estados Unidos debió bajar el tono de la ofensiva -aunque tardó unos cuantos días- y la secretaria de Estado adjunta norteamericana, Roberta Jacobson, dijo al diario O Estado de Sao Paulo esta semana que el canciller John Kerry nunca amenazó a Venezuela. Aunque reconoció que la declaración de la OEA no tuvo «el lenguaje» deseado por su país y mencionó que esperan «no llegar al punto de adoptar sanciones».

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El caso de la crisis del gobierno peruano, que entre el viernes de la semana anterior y el lunes estuvo paralizado por la falta de un voto de confianza por parte del Parlamento, es bien distinto. La pugna es entre sectores afines al neoliberalismo. Perú integra la Alianza del Pacífico y no parece tener exponentes de peso que quieran cambiar el rumbo.

Durante la campaña electoral, Ollanta Humala tuvo un discurso nacionalista y de defensa de las comunidades desplazadas o en conflicto con las transnacionales. Aunque a nivel regional en algún momento había jugado con acercarse a Hugo Chávez, una vez en la presidencia marcó un rumbo claramente alineado con la derecha del Pacífico.

«No es menor el crecimiento y el posicionamiento del escritor, influyente vocero del discurso de la libertad de expresión-libertad de mercado de los monopolios de prensa»

En este conflicto, Mario Vargas Llosa, uno de los principales promotores de una «derecha democrática» latinoamericana, que sin embargo no duda en aliarse con esa «derecha extrema» de la que habla Maduro, intervino a favor de Humala, dejando al desnudo el acuerdo de Alan García y el fujimorismo para impedir la gobernabilidad del presidente.

No es menor el crecimiento y el posicionamiento del escritor, influyente vocero del discurso de la libertad de expresión-libertad de mercado de los monopolios de prensa.

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Colombia, otro de los integrantes de la Alianza del Pacífico, demostró su verdadera postura ideológica, incluso a costa de desoír a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El presidente Juan Manuel Santos, quien espera ser reelegido en mayo, destituyó al alcalde Gustavo Petro, cumpliendo con el fallo del procurador general, Alejandro Ordóñez. El jefe del gobierno capitalino había incurrido, de acuerdo al fiscal general, en graves faltas al cambiar el modelo de recolección de residuos de una gestión privada a una estatal. Los procesos judiciales posteriores respaldaron la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 15 años.

Hubo una serie de manifestaciones masivas que apoyaron al alcalde. «Lo que es con Petro es conmigo», decía una de las consignas.

La CIDH pidió esta semana medidas cautelares para impedir la destitución, pero Santos tomó el otro camino y evitó así un enemigo implacable para la campaña: Ordóñez. Corrió a Petro del cargo y puso un reemplazo interino: su ministro de trabajo, Rafael Pardo. Ahora Bogotá está en sus manos.

«Las FARC repudiaron, inmediatamente, la destitución de Petro porque consideran que «afecta de manera grave la confianza y la certeza en torno a lo que se está aprobando»»

La resolución contra Petro, un ex integrante del desmovilizado grupo armado de izquieda M-19, fue una señal también para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el proceso de diálogo de paz que mantienen con el gobierno.

Esas conversaciones, que se desarrollan en La Habana, son el caballito de batalla de Santos para la reelección, ante una población cansada de décadas de conflicto armado. Aunque nadie tiene la seguridad de si realmente se llegará a un acuerdo.

Las FARC repudiaron, inmediatamente, la destitución de Petro porque consideran que «afecta de manera grave la confianza y la certeza en torno a lo que se está aprobando». «Nos plantea muchas dudas e interrogantes en torno a la eficacia de lo acordado parcialmente en torno al tema de participación política», dijo Iván Márquez, miembro del secretariado de las FARC y negociador.

Sobre ese punto, el segundo de la agenda del diálogo, hubo ya acuerdo el año pasado. «Podemos decir muy respetuosamente que la mafia de la derecha se ha tomado el poder», aseveró Márquez.

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Finalmente, en El Salvador se confirmó el triunfo de Salvador Sánchez Cerén, quien dará continuidad al gobierno del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Recibirá un Estado con pocos recursos y una oposición de derecha fortalecida en la segunda vuelta electoral y que ha aprendido de las enseñanzas de sus pares en la región, sobre todo de los venezolanos.

«Será un escenario complejo para Sánchez Cerén, pero también un desafío»

El mandatario saliente, Mauricio Funes, no logró en su mandato posicionar a su país como postneoliberal e incluso tuvo ambigüedades, como recibir ayuda del ALBA y adherirse a la Alianza del Pacífico. Esto deja al nuevo presidente en un lugar difícil, dado que si las diferencias se agudizan en la política doméstica o si necesita recurrir a la ayuda financiera internaciona
l es posible que tenga que definir su postura.

Será un escenario complejo para Sánchez Cerén, pero también un desafío.

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La ofensiva de la derecha tuvo triunfos contundentes en el pasado reciente: los derrocamientos de Manuel Zelaya en Honduras (2009) y Fernando Lugo en Paraguay (2012). Fue desde el avance en Tegucigalpa que recrudecieron las desestabilizaciones que habían comenzado en la región contra los gobiernos de Evo Morales en Bolivia, el de Rafael Correa en Ecuador y el de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Ese ciclo parece no haber terminado.