Un ministro chileno en la mira por la causa de Colonia Dignidad

El ministro de Justicia y Derechos Humanos fue identificado como el responsable político de los nulos avances en materia de investigación a las múltiples violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Colonia Dignidad, el asentamiento alemán que actuó bajo el camuflaje de una sociedad benefactora religiosa para poner en funcionamiento un régimen autoritario de tortura. Luego, fue pieza clave en el engranaje del horror de Augusto Pinochet y funcionó como campo de detención y exterminio. Una investigación periodística develó cómo Larraín frenó esta última causa, la de los detenidos desaparecidos. El Congreso ya adelantó que lo citará a declarar. 

Las acusaciones resurgieron luego de que el canal de televisión alemán Deutsche Welle develara un acuerdo firmado entre Chile y Alemania en 2017 para que el país andino pudiese analizar en sus laboratorios el material extraído desde las fosas de Colonia Dignidad. Sin embargo, desde la fecha –y según denuncia la investigación- esas pruebas nunca se enviaron.

En el reportaje, destacaron también que el ministro de Justicia “durante mucho tiempo fue partidario de la secta”, lo que marcaría el poco progreso en la investigación sobre los Detenidos Desaparecidos.

Los familiares de las víctimas apuntaron contra el funcionario del gobierno de Sebastián Piñera basándose en su condición de “exfuncionario de la dictadura”. “Hernán Larraín nunca ha sido garantía de verdad y justicia por las violaciones a los Derechos Humanos que afectaron a nuestros amados detenidos desaparecidos y ejecutados”, subrayaron en un comunicado. 

En ese sentido, denunciaron también que desde el momento que Larraín asumió la cartera “no ha habido ningún impulso concreto, más que respuestas lentas y burocráticas a los esfuerzos e iniciativas del Gobierno de Alemania”. Precisamente, se refieren a los peritajes de ADN pedidos sobre los restos de sedimentos que se encontraron en las fosas donde estuvieron enterradas las personas asesinadas en el enclave alemán. La respuesta del gobierno fue que no financiarían esos estudios con fondos públicos, de acuerdo a los familiares.

La investigación de DW develó que el gobierno alemán ya se había comprometido a realizar los estudios en sus laboratorios, pero nunca se enviaron las pruebas a lo largo de estos tres años.

“A casi 47 años de ocurridos los más horrendos crímenes, en la infame Colonia Dignidad, el Gobierno chileno no ha hecho ninguna gestión para acelerar la realización de los peritajes para buscar ADN y lograr identificar con claridad –mediante un procedimiento científico de vanguardia– a nuestros amados detenidos desaparecidos y por fin conocer su destino final”, se quejaron. 

El llamado al Congreso

Las repercusiones políticas llegaron rápidamente. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro, confirmó que citará al ministro Larraín para que explique las acciones del Ejecutivo al respecto.

A través de un comunicado, el MInisterio salió a defenderse. Resaltó el “especial interés” del gobierno por avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido en Colonia Dignidad. 

En cuanto a los pasos concretos, el ministerio mencionó que “se creó una comisión mixta de expertos chilenos y alemanes, la cual está trabajando desde mediados del 2019, para proponer la creación de un centro de documentación que recuerde la historia de Colonia Dignidad, con especial énfasis en los abusos que allí se cometieron”.

El ministerio añade que “el 3 de julio del año 2019 se instauró una mesa de trabajo para coordinar a todos los querellantes de la causa y destacan allí “ la solicitud de nuevos peritajes”, aunque al mismo tiempo aclaran que también se decidió allí, tal como señalan los familiares,  “indagar si el Gobierno alemán consideraría el financiamiento de estos, y qué laboratorios estarían disponibles para realizarlos”. Nada dice, sin embargo, del acuerdo de 2017 al que hace mención DW. 

En su intento por desligarse de la situación, el comunicado aclara que  “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaria de DDHH, ha gastado 328 millones de pesos en el financiamiento de pericias para esclarecer los eventos ocurridos. Estos fondos han sido pagados en cuatro partes (las primeras tres entre 2017 y 2018, mientras que la última fue bajo la actual administración”.