Un informe apoyado por la ONU asegura que la Policía mató a 10 manifestantes en Bogotá en 2020

Un informe independiente, que fue apoyado por la Organización de Naciones Unidas, le puso cifras a la brutalidad policial en Colombia. De acuerdo al informe presentado en la Alcaldía de Bogotá, la Policía es responsable de 11 de las 14 muertes de civiles ocurridas durante las protestas de septiembre de 2020 en Bogotá y el vecino municipio de Soacha. 

El estallido social que antecedió a las masivas protestas de 2021 se gestó luego del asesinato de Javier Ordóñez, un hombre que murió inmovilizado por las descargas eléctricas que le propinó la policía. Las manifestaciones organizadas fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad y el primer día murieron 5 personas. 

De acuerdo al documento, la Policía «reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad». «El uso ilícito de las armas de fuego por parte de algunos miembros de la institución produjo una masacre que cobró las vidas de 11 jóvenes en idénticas circunstancias y en un corto lapso temporal», señala la investigación.

El informe es el resultado de una investigación académica y extrajudicial que complementa la labor de autoridades judiciales y disciplinarias liderada por el exdefensor del Pueblo Carlos Negret y siete investigadores,contratados a través del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD). 

Más balas para los más pobres

Los barrios más afectados por la «escalada de violencia y violaciones a los derechos humanos» fueron Usaquén (tres homicidios), Suba (cinco), Engativá (dos), Kennedy (uno) y el municipio de Soacha (tres).

Las víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 17 y 27 años, tenían en común que eran de estratos pobres y que todos llegaron a Bogotá en busca de mejores oportunidades de educación y trabajo. Esas características, dice el informe, proponen una «reflexión sobre si la Policía tiene un comportamiento más represivo y autoritario con los ciudadanos de bajos recursos».

Según la relatoría, la brutalidad policial «se encarnizó» contra jóvenes de sectores populares de Bogotá y Soacha y el resultado deja ver que «existe una criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública».

El informe llama la atención sobre el caso de Cristian Camilo Rodríguez, asesinado el 10 de septiembre de 2020 en la localidad de Engativá por «hombres vestidos de civil».

Además de los 14 asesinatos, el informe también documentó que hubo 75 heridos por arma de fuego y 43 acuchillados y que 216 miembros de la Policía también resultaron heridos.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que llevará el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que haga un seguimiento de la respuesta del Estado colombiano.

La relatoría había sido solicitada por la misma López, quien acusó más de una vez al presidente Iván Duque de negarse a reconocer los abusos en la represión de las protestas, que estaban dirigidas contra las políticas de su Gobierno.

«Gracias por este informe doloroso hasta el alma pero necesario para salvar y recomponer nuestra democracia», dijo entre lágrimas López, quien pidió «perdón, como ciudadana y como alcaldesa» por «no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera», y anunció que entregará una copia del documento a Duque.