Un fallo para ganar tiempo

La destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, está ahora en un impasse porque un tribunal la suspendió. Para Semana el fallo sólo le da más días al funcionario, lo que no es poco, mientras espera el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El sitio La silla vacía anticipa, a su vez, que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura analizará si le abre una investigación disciplinaria al magistrado.

 Semana (Colombia)

Un día después de que el procurador Alejandro Ordóñez dejara en firme la destitución contra el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, el Tribunal Superior de Cundinamarca le sumó un nuevo ingrediente que aumenta la incertidumbre sobre la suerte del propio alcalde y la de la administración de la capital.

El Tribunal admitió una de las tantas acciones de tutela que se presentaron para revertir la decisión administrativa de la Procuraduría en contra del burgomaestre, en este caso la que interpuso José Gotardo León alegando que la decisión disciplinaria vulnera el derecho de elegir y ser elegido del alcalde Petro y de los ciudadanos que votaron por él.

La sentencia no tiene consecuencias diferentes a la “suspensión provisional” de la destitución, hasta tanto el propio Tribunal no se pronuncie de fondo, situación que deberá resolverse en un plazo de 10 días a partir de la notificación de la sentencia.

Así lo considera el exprocurador y constitucionalista Jaime Bernal Cuellar al señalar que el fallo del tribunal es una medida cautelar o provisional que es de obligatorio cumplimiento hasta tanto la sala plena de esta corporación se pronuncie de fondo sobre esta tutela. “El efecto es que no se puede ejecutar la destitución”, la cual tampoco podía ejecutarse de forma inmediata porque falta la notificación a Petro, y la comunicación que el procurador tiene que enviarle al presidente, que debe ser posterior a la notificación del alcalde.

Por eso, las únicas consecuencias reales de este sorpresivo fallo de tutela es que de momento Petro consigue más días en el calendario para defenderse en su cargo. Un calendario que cada vez parecía estar corriendo en contra de los intereses del alcalde, pero que ahora le da mayor tiempo de maniobra.

Además la suspensión de la destitución también abre el margen de acción para Petro a la hora de esperar las reclamadas medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-. Estas medidas son un mecanismo de emergencia para que este organismo adscrito a la OEA, y en una situación de “gravedad y urgencia” le pide a un Estado que se adopten medidas que eviten un daño irreparable, por lo general se refieren cuando la integridad física y la vida de quién las reclama están en evidente e inminente riesgo.

Los abogados de Petro argumentan que los derechos políticos son derechos fundamentales, y por eso esperan que la CIDH se pronuncie de forma diligente y no dilate una decisión, que en teoría podría demorar algunos años.

De otro lado el Ministerio Público tiene la posibilidad de interponer el recurso de impugnación a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El competente para resolverlo sería el Consejo de Estado.

Sin embargo, todo este nuevo escenario podría reversarse nuevamente si en 10 días, la Sala de decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronuncia de fondo y si ordena la suspensión definitiva de la destitución al alcalde.

Mientras tanto Petro seguirá convocando ciudadanos a manifestaciones de respaldo, con lo que busca ganar respaldo en caso de que llegue el 2 de marzo, fecha en la que estaba pactada la convocatoria.

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