Tropas de EE. UU en Colombia: un tribunal le abrió una causa por desacato al presidente Duque

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (centro de Colombia) abrió una causa de desacato contra el presidente Iván Duque por permitir la permanencia de tropas de Estados Unidos en el país, a pesar de un fallo que se lo prohibía. Ahora el mandatario tiene tres días de plazo para pronunciarse sobre su incumplimiento. 

La medida se tomó a raíz de la denuncia de legisladores opositores por el posible incumplimiento de la resolución judicial que le ordenó a Duque suspender las tareas de 53 hombres de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por su sigla en inglés) sin la aprobación previa del Senado, como dicta la Constitución del país.

Los legisladores que impusieron la denuncia ante las autoridades, entre los que se encuentran los senadores de izquierda Iván Cepeda y Jorge Robledo, advirtieron que el mandatario y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, burlaron el fallo para permitir que las tropas estadounidenses pudieran continuar en el país.

En julio pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió que el Ejecutivo de Colombia debía suspender la misión de la SFAB, que según el Gobierno llegaba para brindar asesoría en temas de lucha contra el narcotráfico.

La oposición, por su parte, sostiene que el Ejecutivo busca que esas tropas usen el territorio colombiano como tránsito para un eventual ataque a Venezuela.

Trujillo niega esas afirmaciones y asegura que el Gobierno no estaba obligado a informar al Senado de la llegada de la misión militar, ya que arribó para prestar asesoría y no para usar a Colombia como país de tránsito.

Además, señala que su ministerio recibió en julio una carta firmada por el entonces presidente del Senado, Lidio García, mediante la cual 69 senadores -es decir, la mayoría- habían aprobado la permanencia de la brigada en el país.

Sin embargo, García sostiene que dicha carta no constituye una autorización del órgano legislativo, mientras que Cepeda, Robledo y otros senadores de la oposición consideran que el tema debió debatirse en el Congreso.