El tormento, un deporte nacional

México
Especial

Un video que circuló las últimas semanas, en el que se ve como se tortura a una mujer, contribuyó a generar aún más desconfianza sobre las fuerzas de seguridad. Los abusos de autoridad de los militares y de la policía local forman parte de una inmunda práctica cotidiana, casi recreativa o deportiva. Cada 15 días se registra algún caso de tortura, dos al mes y 25 al año.

Álvaro Delgado- Proceso (México)

La tortura en el Ejército Mexicano contra civiles es una inmunda práctica cotidiana, casi recreativa o deportiva: Los soldados pueden someter a castigos físicos y sicológicos a quien deseen, en todo momento y en todo lugar, a muchas de cuyas víctimas desaparecen si les da la gana.

Cada 15 días se registra en México, en promedio, un caso de tortura a manos de militares, dos al mes y 25 al año. Así fue en todo el sexenio del panista Felipe Calderón y así ha sido en los tres primeros años del priista Enrique Peña Nieto, unidos en esta infamia como en tantas otras.

La fuente de estas cifras que ofuscan no es una contestataria organización no gubernamental ni un radical organismo mundial que defiende los derechos humanos, sino la propia justicia militar de México: Entre 2007 y 2015 se registraron 229 casos de tortura cometidos por militares y 102 desapariciones forzadas.

Estos datos proporcionados por el procurador de Justicia Militar, general Jesús Gabriel López Benítez, en entrevista con el diario Milenio y la agencia EFE, revelan la gravedad del problema de la tortura en México por parte del Ejército.

Se trata sólo de casos documentados, que han sido parte de un proceso judicial, por lo que se puede presumir que la “cifra negra” es mucho mayor, sobre todo desde que Calderón puso a las Fuerzas Armadas en funciones de policía y cuyas violaciones de derechos humanos se dispararon.

” Cada 15 días se registra en México, en promedio, un caso de tortura a manos de militares, dos al mes y 25 al año. Así fue en todo el sexenio del panista Felipe Calderón y así ha sido en los tres primeros años del priista Enrique Peña Nieto, unidos en esta infamia como en tantas otras “

Por eso la única razón por la que el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, depuso su habitual arrogancia para ofrecer una “sentida disculpa” pública por los “sucesos repugnantes” de tortura en Guerrero es que la deshonra de las Fuerzas Armadas –y el gobierno todo– ha llegado a niveles intolerables.

Pero este giro histórico en el discurso del máximo jerarca del Ejército, que se materializó este sábado 16 de abril tras difundirse tres días antes el video en el que dos militares y tres elementos de la Policía Federal torturan a una mujer, no implica necesariamente un cambio de fondo en el combate a la impunidad castrense, que sería lo deseable, porque él mismo advirtió que se trata de “hechos aislados”.

No es cierto y el general secretario lo sabe (en realidad lo sabe todo el mundo): Además de las cifras hechas públicas por el procurador militar, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió 4 mil 55 denuncias por tortura en sólo ocho años –del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014–, de las cuales mil 273 involucran a militares.

No pasa desapercibido el insólito mensaje que Cienfuegos dirigió a decenas de miles de soldados en el Campo Militar Número Uno, donde han sido torturados mexicanos que nada tienen que ver con conductas delincuenciales –y transmitida en televisión a los cuarteles en el país–, pero parece inscribirse en la misma línea discursiva que ha dado a su gestión, avalado sin duda por Peña, comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

” ‘Desde el cabo hasta el general con mando de tropas somos responsables de los soldados puestos a nuestras órdenes, y también somos responsables de lo que hagan o dejen de hacer. No se deben emitir ni cumplir órdenes contrarias a la disciplina militar, esto está en nuestras funciones, en nuestra cultura profesional militar’ “

Nunca antes un titular de la Sedena como Cienfuegos (quien además vivió desde dentro la actuación del Ejército en el movimiento estudiantil de 1968, la guerra sucia de los sesenta y setenta, así como la “guerra” que inició Calderón contra un sector de la delincuencia organizada) había sido tan activo mediáticamente.

En todo caso, ojalá que la cerrazón que el general secretario ha mostrado ante el escrutinio internacional por los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya –“no permitiré que nos traten como criminales”– se transforme en medidas que honren su promesa de que toda conducta delictiva de los militares, como la tortura y las desapariciones forzadas, no queden impunes a ningún nivel:

“Desde el cabo hasta el general con mando de tropas somos responsables de los soldados puestos a nuestras órdenes, y también somos responsables de lo que hagan o dejen de hacer. No se deben emitir ni cumplir órdenes contrarias a la disciplina militar, esto está en nuestras funciones, en nuestra cultura profesional militar, en nuestra doctrina, y en nuestras leyes y reglamentos.”

Que se cumpla…

Mónica Ayala y Jonathan Furszyfer- Animal Político (México)

En México, los ciudadanos desconfían de las instituciones encargadas de protegerlos. La supuesta participación de las policías municipales y federal, así como del ejército en la intercepción del grupo de normalistas en la madrugada del 26 de septiembre de 2014 definitivamente no contribuyó a disipar ese temor. Si a la tragedia de Ayotzinapa se agrega los casos de tortura, extorsión, secuestro y violaciones sexuales por parte de la policía sobre sospechosos o presuntos culpables, no nos queda duda del porqué de la aprensión ciudadana.

Pero estos casos de abuso de autoridad que logran salir a la luz pública no son la única fuente de escepticismo entre los mexicanos, en torno a la rectitud de sus fuerzas de seguridad y justicia. La interacción cotidiana entre ciudadanos y cuerpos policiales, incluso en los entornos locales, también ha contribuido a la desconfianza general. 

Ante este entorno de desconfianza generalizada, ¿qué se puede hacer para reparar la relación entre los ciudadanos y sus fuerzas de seguridad?

Hasta ahora, el debate en torno al fortalecimiento de las capacidades de la policía local y la confianza ciudadana sobre éstas, se ha concentrado en el mando único policial estatal.

” Pero estos casos de abuso de autoridad que logran salir a la luz pública no son la única fuente de escepticismo entre los mexicanos, en torno a la rectitud de sus fuerzas de seguridad y justicia. La interacción cotidiana entre ciudadanos y cuerpos policiales, incluso en los entornos locales, también ha contribuido a la desconfianza general “

Sin embargo, es necesario enriquecer el debate nacional mediante la discusión de los mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas más efectivos, eficaces y eficientes con el fin de solucionar el abuso de poder de los cuerpos policiales a nivel local y mejorar la confianza ciudadana. Una propuesta interesante es el uso de cámaras corporales que permitan videograbar las actividades cotidianas de los policías.

Las cámaras corporales se han implementado con éxito en Estados Unidos, Brasil e Inglaterra, entre otros países, como una respuesta a problemas de confianza y proliferación de corrupción y abuso de autoridad entre las fuerzas policiales. En los Estados Unidos, por ejemplo, un estudio realizado por el Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía (una rama de investigación del Departamento de Justicia) demuestra que el uso de cámaras corporales mejoró la transparencia y rendición de cuentas en casos de queja
s ciudadanas y la identificación y corrección de asuntos internos[1]. Asimismo, dos evaluaciones de impacto, en Mesa, Arizona[2], y otra en Rialto, California[3], concluyen que la implementación de videograbaciones, a través de cámaras corporales, redujeron en 75 y 60 por ciento, respectivamente, la cantidad de denuncias ciudadanas contra el uso excesivo de fuerza de los policías locales.

En general, la evidencia científica sobre estas tecnologías conlleva al mismo resultado: hay un efecto positivo en el comportamiento social de un individuo cuando se siente observado[4]. En este sentido, los ciudadanos no sólo califican mejor las actividades de las fuerzas policiales, sino que la policía reporta una interacción más positiva con ciudadanos después de la implementación de cámaras corporales.

Esta solución está apegada las necesidades del contexto mexicano, donde la carencia de confianza es un problema de gran escala. Sin embargo, sería un grave y costoso error importar tecnologías de seguridad exitosas sin establecer un marco institucional adecuado, ni desarrollar la infraestructura idónea para su implementación.

Con la finalidad de que las cámaras corporales puedan producir resultados medibles y positivos, es fundamental que legisladores, jefes de policía y ciudadanos consideren las recomendaciones y lecciones aprendidas de otros países que han implementado este tipo de programas.

La experiencia norteamericana y brasileña nos muestran que antes de articular el debate, debemos tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

*Promover que las autoridades que más interactúan con la ciudadanía sea quienes porten las videocámaras, debido a que éstas pueden sacarle mayor provecho.

*Capacitar a los agentes policiales sobre el manejo de videocámaras, con base en el marco legal y los manuales de actuación policial.

*Definir la reglas de activación de las cámaras; por ejemplo, al responder a llamadas de emergencia, cuando ocurran infracciones de tráfico, detenciones, inspecciones, interrogaciones y persecuciones. El ciudadano tiene el derecho a saber cuándo será grabado y exigir su derecho de privacidad en casos delicados.

*Comunicar claramente, a los agentes policiales, los criterios y protocolos de cómo y cuándo se auditarán las grabaciones, para evitar efectos negativos en las interacciones laborales.

*Crear un equipo técnico que cuente con criterios claros al momento de divulgar información, no sólo para evitar comprometer estrategias de seguridad, sino también para garantizar el acceso a la información y la transparencia.

*Expandir las capacidades de almacenamiento locales, ya sea subcontratando en servidores de terceros o invirtiendo en infraestructura de almacenamiento digital en casa.

*Establecer política nacional para determinar la caducidad del almacenamiento de las videograbaciones, con base en la sensibilidad de los incidentes registrados.

*Tomar medidas de ciberseguridad y emplear métodos forenses que permitan identificar la veracidad y ausencia de manipulación en las videograbaciones.

*Garantizar que la información recolectada a través de las cámaras corporales se utilice como insumo clave tanto para la evaluación de las estrategias de seguridad como para la identificación de áreas de oportunidad.

*Establecer criterios de cofinanciamiento y de coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales para garantizar la sustentabilidad financiera y operativa de las videograbaciones.

El uso de cámaras corporales ha funcionado en otros países y puede funcionar en el nuestro. La evidencia muestra que el uso de videograbaciones no sólo obliga a los agentes policiales a rendir cuentas, sino también les proporciona una herramienta útil para identificar sus fortalezas y debilidades individuales. Además, podría ayudar a reparar tanto la confianza ciudadana, como los vínculos comunitarios con las autoridades locales.

Lo anterior es posible siempre y cuando su implementación parta de evidencia robusta y un marco institucional sólido. Las cámaras corporales son una alternativa viable que debe ser considerada dentro del debate de la actual reforma policial. De esta manera, podremos dar un paso importante para evitar, no sólo abusos de autoridad y usos excesivos de fuerza, sino también sucesos tan lamentables como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

*Mónica Ayala es investigadora del área de Seguridad y Jonathan Furszyfer es coordinador del área de seguridad de @mexevalua. Los autores agradecen los comentarios y sugerencias de Jimena de Haro.

Notas

[1] Miller, Lindsay; Jessica, Toliver, and Police Executive Research Forum. 2014. Implementing a Body-Worn Camera Program: Recommendations and Lessons Learned. Washington, D.C.: Office of Community Oriented Policing Services of the United States Department of Justice.

[2] Katz, Charles M., David E. Choate, Justin R. Ready, & Lidia Nuňo. (2014). Evaluating the Impact of Officer Worn Body Cameras in the Phoenix Police Department. Phoenix, AZ: Center for Violence Prevention & Community Safety, Arizona State University.

[3] Barak, Ariel, William A. Farrar, and Alex Sutherland. 2014. “The Effect of Police Body-Worn Cameras on Use of Force and Citizens’ Complaints Against the Police: A Randomized Controlled Trial”. The Journal of Quantitative Criminology.

[4] Wicklund, R.A. 1975. “Objective self-awareness.” Advances in Experimental Social Psychology; Paulhus, D.L. 1988. Assessing self deception and impression management in self-reports: the balanced inventory of desirable responding; Munger, K. and J.H. Shelby. 1989. “Effects of an Observer on Handwashing in a Public Restroom.” Journal of Perceptual and Motor Skills. 

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