Teoría y práctica del golpe de Estado

Argentina
Roberto Mero.

Previo a la segunda vuelta el macrismo apuntaba a desconocer el resultado de las urnas y crear una situación de vacío de poder como ya se había practicado en Tucumán. Cualquiera hubiese sido el resultado, el plan de intervención del Poder Judicial estaba en marcha, incluso con la movilización de masas y los riesgos consecuentes de enfrentamiento en las calles.

El presidente Macri bailando en el balcón de la Rosada - Foto: Archivo

Roberto Mero* – Latinoamérica Piensa

Primera parte

El minué que se dio a bailar Cambiemos con el asunto de las formas del traspaso de los atributos presidenciales releva los mecanismos pergeñados de antemano por el golpismo de la ex oposición. La complicidad del Poder Judicial en este tema fue el pivote que el gobierno de Cristina no pudo o no supo abatir. Esto podría ser la primera hipótesis de conflicto que explique que el gobierno de CFK haya sido desarmado de toda capacidad de respuesta ante el fraude y que haya obligado a Daniel Scioli a aceptar la derrota en los comicios del 22 de noviembre con una celeridad inexplicable. Seré preciso: la única forma de evitar el zarpazo del golpe de Estado macrista apoyado por el Poder Judicial, hubiera sido vencer por más de un 5% en la primera vuelta del 20 de octubre de 2015. Una vez que los resultados cayeron impiadosos, una parte del gobierno habría alertado sobre la imposible victoria de la segunda vuelta, prefiriendo el retiro de Scioli y dejando a Macri con un incierto 30% por delante. Pero por sobre todo, sin victoria definitiva. Fue la epopeya popular de la segunda vuelta y la campaña de Scioli las que desbarataron esta estrategia de crear el vacío. Un hecho inesperado, por cierto, que obligo a Cambiemos a exhumar la posibilidad de un golpe palaciego en el caso en que el resultado de las urna para la segunda vuelta lo diese como perdedor, aún por pocos puntos. Los mecanismos de comunicación del macrismo en los días previos a la segunda vuelta apuntaban a desconocer el resultado de las urnas desde las 18.10 y a crear una situación de vacío de poder como ya se había practicado en Tucumán. En otras palabras, hubiese sido cual hubiese sido el resultado, el plan de intervención del Poder Judicial ya estaba en marcha, sin darle capacidad institucional al Poder Ejecutivo para reaccionar o, en el caso de hacerlo, emplear la movilización de masas con sus peligros consecuentes de enfrentamiento.

Segunda parte

La amenaza de enfrentamiento callejero y complicidad del Poder Judicial para el derrocamiento jurídico de Cristina Kirchner, recuerdan las bases teóricas empleadas contra Hipólito Irigoyen en 1930. Esto es, que ante el vacío de Poder y el estado deliberativo y anárquico del Poder Legislativo, era el deber de las Fuerzas Armadas de restablecer el equilibrio institucional, con apoyo de la Suprema Corte. La teoría generada por el dictamen de este cuerpo fue la base de los golpes de Estado de todo el siglo XX. El golpe de Estado macrista en marcha no necesito (ni estaba seguro) de contar con la participación de las fuerzas de seguridad, pero si con la aceptación de la Corte Suprema para refrendar toda ocupación ilícita del poder. Plan delineado entre el 2009 y el 2010 (y ya puesto en obra en Paraguay contra Lugo) la relación de fuerzas sólo podría imponerse ante un imaginado vacío de poder. La segunda vuelta y el desarme del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo ante esta variable habrían creado las condiciones para alzarse con la Presidencia por cualquier medio. Desde la noche del 22 de noviembre se opera así un vacío creado por los medios. No ya ante el Poder Ejecutivo sino ante la propia legitimidad del Poder Legislativo ante el cual Macri debería asumir sus funciones, reconociendo así su rol de control y de representación del pueblo y de la Nación. Esto es: una vez abatido el Poder Ejecutivo y con la espada de Damocles de la intervención del Poder Judicial, había que romper los engranajes constitucionales para concentrar en la Presidencia la única legitimidad institucional. Esto es, barrer de un plumazo, el 49,30% del electorado para fundarse sólo en aquel que le había dado el triunfo. Puro maquillaje sin sostén jurídico ni constitucional, el macrismo debió bajar sus últimas cartas con la cautelar de Di Lello.

Tercera parte

La inexistente resistencia de ningún cuadro del Poder Judicial ante el montaje golpista de Mauricio Macri terminó de ser confirmada por la jueza Servini de Cubría al dar lugar a la cautelar de De Lillo. En los hechos, Cristina Fernández de Kirchner terminó siendo derrocada por un dictamen improbable y secundario que ataca artículos de la Constitución. Esto es y significa la ruptura de la cadena de transmisión del Poder Ejecutivo y una injerencia injustificada del Poder Legislativo en el quiebre del orden constitucional. El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández afirmaba su incomprensión ante el despliegue de estas medidas, calificándolas de “sainete”. Sin embargo nada tienen de tal: es la aplicación de un plan de cerco al Poder Legislativo, de vaciamiento del Poder Ejecutivo y de su sumisión al único poder que escapa al sistema democrático electivo, como es el Poder Judicial. Podríamos sospechar que lo que se había proyectado en el 2009 y que se había ejecutado contra Lugo en Paraguay, llegó tarde para acabar con el gobierno popular de CFK. Poco importa. Mauricio Macri decidió cruzar la línea y, en los hechos, violar el artículo 227 de la Constitución Nacional y de las consideraciones del Código Penal aprobadas por la ley 23.077 sobre la quiebra del orden constitucional. Ante estas evidencias, insisto, injustificables ya que no existía vacío de poder o conmoción interior, el nuevo Poder Ejecutivo y sus sayones del Judicial abren la puerta truculenta de la usurpación del poder. Poco importa por que vía, pero con el agravante de haberla realizado por un golpe palaciego fríamente calculado antes de los propios comicios. Esto no significa de modo alguno la aceptación de la ciudadanía ni la constitucionalidad de las maniobras golpistas de sus ejecutores. Según el artículo 36 de la Constitución Nacional, que dice: “Esta Constitución mantendrá su imperio aún cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos”. Que se sepa entonces y quede en claro: los actos cometidos por el nuevo poder (de facto) no sólo podrán sino que deberán ser considerados fuera de la ley. Claro y preciso.

*Periodista y escritor argentino en París, Francia.