El presidente Juan Manuel Santos desoyó las medidas solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Su resolución, tomada luego de una reunión con la bancada conservadora, vigoriza el poder del procurador Alejandro Ordoñez y representa un claro incumplimiento de Colombia con sus compromisos internacionales. Los argumentos presidenciales son, antes que nada, políticos.
Detrás de la destitución del alcalde Bogotá, Gustavo Petro, está el procurador general Alejandro Ordóñez, un conservador que ya tomó una medida idéntica contra la senadora Piedad Córdoba, a la que destituyó en septiembre de 2010 y la inhabilitó para ejercer cargos públicos, incluídos los de elección popular, durante 18 años, acusándola de haber realizado reuniones ilegales con las FARC. La sanción se vincula con la estatización de la limpieza de las calles y el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC.
Los chilenos elegirán por primera vez a través de las urnas a los gobernadores regionales de todo el país, un nuevo cargo que reemplaza a los intendentes, que históricamente eran nombrados por el presidente de la República.
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