La violencia es un dispositivo colonial por excelencia. En este sentido, el desenlace del conflicto del cooperativismo minero y el gobierno es una manifestación de la colonialidad que aún determina el tejido social boliviano. Superar el ancestral carácter violento es la primera consideración pedagógica para poder construir una sociedad plurinacional e intercultural.
Es fundamental que el presidente deje atrás la crisis política y social desatada con los cooperativistas mineros a partir de una adecuada combinación de serenidad y firmeza. Deberá superar las provocaciones actuales facilitadas por un entorno geopolítico adverso para los gobiernos progresistas. Los desafíos que enfrentará el MAS de cara a las elecciones.
El crimen de Illanes tiene un claro contenido de clase. Alfredo Rada, viceministro de coordinación con movimientos sociales, explica que la nueva burguesía local se está aprovechando de la base social y la está convirtiendo en una fuerza de choque que actúa bajo sus órdenes. Los tres objetivos de los jerarcas mineros que explican la reacción violenta de los cooperativistas.
Las declaraciones de las centrales mineras contra el gobierno nacional tienen su origen en la modificación de la ley reguladora de su actividad. Los dirigentes, quienes representan a la parte patronal de estas organizaciones, intentan negar el derecho a la sindicalización a los trabajadores que pertenecen a las cooperativas. La unidad de lucha para defender los derechos.
Si bien los impactos ambientales son los más conocidos de esta actividad, no son los únicos. También afecta a la salud humana y promueve delitos conexos, como la trata de personas y la explotación sexual e infantil. La subida de los precios de los minerales multiplicó la minería ilegal, pero también los prostíbulos. Las historias de dos víctimas que fueron engañadas.
La explotación en esta zona no es la única fuente de desacuerdos con el Estado chileno cuando se trata de recursos hídricos y su propiedad, aunque sí configura un patrón de uso de las aguas transfronterizas a modificar en el futuro. Su relación directa con las operaciones mineras, el silencio de los últimos gobiernos y el cambio hacia una concepción más soberana.
Las organizaciones sociales no creen que el candidato que resulte ganador en las próximas elecciones realice cambios positivos para la sociedad y el medio ambiente, teniendo en cuenta que 51 proyectos mineros lleva la cartera de inversiones peruana para los años 2012-2018, según datos del Ministerio de Minas. Y son 214 los conflictos sociales de los últimos años.
La tragedia social y ambiental provocada por la minera Samarco en Minas Gerais encendió el debate en torno a la imprudencia de las empresas mineras en la región. Existe un descontrol de las políticas, de los ritmos de extracción, almacenamiento de desechos y traslado de minerales. La lucha de los movimientos sociales, las universidades y las ONGS ambientalistas.
Las comunidades y los ecosistemas de Chiapas están en riesgo por la sobreexplotación de uno de los minerales que se necesitan para la construcción de dispositivos celulares. Sólo en 2015 el gobierno federal otorgó 99 permisos de explotación que llegan hasta el año 2060. Más de un millón de hectáreas de tierras campesinas e indígenas, el 15% del Estado, está concesionado.
La consistente baja de los precios internacionales de los minerales, el aumento de los costos de explotación y la fuerte oposición que enfrenta la minería por parte de las comunidades indígenas y campesinas, están provocando un retroceso en la actividad que, desde hace siglos, es la fuente económica principalmente en los países pertenecientes a la Comunidad Andina y Chile.
En un fallo calificado por las organizaciones de derechos humanos como una “abofetada hacia las víctimas”, la Cámara de Apelaciones de Paraguay sobreseyó de culpa y cargo a dos torturadores.
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