La Corte Suprema ha justificado lo injustificable para beneficiar a los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad con el beneficio 2×1, en línea con la ideología del gobierno, que desde que asumió sólo impulsó el negacionismo del terrorismo de Estado. Es un ataque a las conquistas históricas de los organismos de DD. HH. con consecuencias alarmantes. Los débiles argumentos de los jueces.
Las falsas acusaciones que me hicieron no tenían en la mira a mi persona, sino al proyecto político que siempre representé: de un Brasil más justo, con oportunidades para todos. La imprudencia, la desproporción y la falta de base legal de las denuncias sorprenden y causan indignación. Mis acusadores saben que no robé, no fui corrompido ni intenté obstruir la Justicia.
Los medios de América Latina y el mundo criticaron duramente la destitución de Dilma Rousseff. El escenario de grandes disputas de masas y fuerzas políticas que se avecina a nivel local e internacional luego del impeachment. Los brasileros sufrirán las consecuencias en un futuro de crisis económica, social y política sin igual. Los culpables serán condenados por la historia.
Michel Temer actuó en estos tres meses con prepotencia imperial e impuso un proyecto de país neoliberal. En poco tiempo, empeoró su imagen y aumentó la falta de aprobación por sus medidas antipopulares. Para Dilma Rousseff, la restauración plena de la democracia depende del sometimiento a la decisión del pueblo brasilero y no del montaje político de un proceso judicial.
La detención de Hebe de Bonafini, líder de la organización Madres de Plaza de Mayo, fue un patético show de la noticia, orquestado con alevosía y premeditación. Los medios de América Latina se hicieron eco de la orden de captura contra la defensora de los Derechos Humanos. La reacción de una multitud, que con dientes apretados frustró la intentona macrista.
Cuatro meses después del asesinato de la activista y luchadora por los derechos humanos Bertha Cáceres, en Estados Unidos se elaboró un proyecto de ley para suspender la cooperación militar de su país a Honduras en tanto no se juzgue a los responsables. De aprobarse, la norma tendría un impacto directo en el presupuesto de las Fuerzas Armadas y la Policía.
El miércoles se declaró inconstitucional la ley que prohibía investigar crímenes y violaciones a los derechos tanto del Ejército como de la exguerrilla. Este suceso genera un debate álgido en todos los sectores de la sociedad civil y política. Los discursos se polarizan entre la reconciliación de las víctimas, la ingobernabilidad y el resurgimiento de viejas disputas nacionales.
No fue un mero proceso penal. La condena contra los campesinos de la masacre de Curuguaty fue ejemplificadora y disuasiva para que otras personas u organizaciones desistan del empleo de este tipo de reclamos. Se construyó un libreto premeditado en el que reinó únicamente la justicia de la élite que libra con todo su poder la batalla de la tenencia de tierras en el país.
Las capturas de políticos y empresarios causan asombro. Sin embargo, en el sistema de administración de justicia hay un caso que no avanza; se trata del asesinato y desaparición de Cristina Siekavizza, una joven madre golpeada hasta la muerte por su esposo. Son las incongruencias de un sistema aún pendiente de depuración. Su reforma es una necesidad vital para el país.
Hoy se comunicará la sentencia del juicio tras la masacre que ocurrió durante la represión a la toma de tierras de Marina Kue. La utilización del episodio de violencia para destituir al presidente electo Fernando Lugo, la concentración de la tierra y un proceso judicial que tiene más de farsa que de veracidad. Los once campesinos que escucharán el veredicto.
