Trabas al sueño americano

Centroamérica y Latinoamérica

Aunque el presidente estadounidense anunció en noviembre que legalizaría la estadía de 5.6 millones de migrantes, esa acción ejecutiva todavía no llega a tierra firme. El pulso por bloquear o facilitar esta decisión es judicial y político. Falta cerca de un año y medio para las elecciones en EE.UU., y el voto hispano y el apoyo a los migrantes son cada día más determinantes. 

Julié López- Plaza Pública (Guatemala)

Todavía no llega a tierra firme la acción ejecutiva de inmigración que el presidente Barack Obama anunció en noviembre del año pasado, que le permitiría a unos 5.6 millones de migrantes indocumentados legalizar su estadía en EE.UU, y al gobierno de ese país reducir casi en la mitad el número estimado de personas que vive de manera ilegal en su territorio. Además evitaría la separación entre ciudadanos menores de edad y sus padres indocumentados (si los padres llegaron a EE.UU. antes de 2010). Una impugnación de 26 estados congeló los nuevos beneficios migratorios (y otros aprobados en 2012) desde el 18 de febrero pasado, que el Departamento de Justicia apeló en una corte del Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans (Luisiana). La batalla se libra en las cortes, pero tiene repercusiones en las comunidades de migrantes y sus familiares afuera de ese país.

Hace casi cinco meses, la Casa Blanca estimaba que otros seis millones de migrantes indocumentados quedarían desprotegidos—pues los beneficios no aplican a ellos. Las cifras, que provienen de estimaciones de 2011, ubican a al menos 11.5 millones de migrantes indocumentados viviendo en EE.UU. En cuatro años, las cifras podrían haber aumentado. Por aparte, se desconoce cuántos de los estimados 800 mil guatemaltecos indocumentados en ese país están entre los posibles beneficiarios o los desprotegidos. Para recibir los beneficios, el migrante debió llegar a EE.UU. antes de 2010 y ser padre de hijos nacidos o que residen legalmente en ese país, o haber llegado como menor de edad antes de 2010, entre otros requisitos.

” El 16 de febrero pasado el juez federal en Texas, Andrew Hanen, anunció que Obama carecía de las facultades para frenar las deportaciones, y decidir quién podía quedarse en ese país. Según Hanen, una magistratura debe decidir el asunto, no el Ejecutivo “

El 16 de febrero pasado el juez federal en Texas, Andrew Hanen, anunció que Obama carecía de las facultades para frenar las deportaciones, y decidir quién podía quedarse en ese país. Según Hanen, una magistratura debe decidir el asunto, no el Ejecutivo. Así, Texas lidera a 26 estados que rechazan la acción ejecutiva para todo el país, en tanto que otros 14 estados liderados por Washington y California pelean por aplicar los beneficios de la acción ejecutiva en sus jurisdicciones en apoyo a la apelación del Departamento de Justicia. Esta instancia también apela la impugnación de Texas para que los beneficios migratorios se puedan aplicar al menos en los estados que no figuran entre los 26 opositores. Es decir, en casi la mitad del país.

Pero Hanen insiste en que la Casa Blanca violó el Acta de Procedimientos Administrativos porque no proveyó un mayor periodo, entre el anuncio de sus acciones y la implementación de las mismas, para facilitar la discusión y análisis de las repercusiones. El juez argumenta que Texas sufriría la mayoría de los efectos adversos de la decisión de Obama.

El Pew Research Center en EE.UU. reveló en 2014 que Texas y Florida (opositores a la acción ejecutiva de Obama) están entre los seis estados donde se registró un incremento en la población de indocumentados. Los otros cuatro, California, Nueva York, Nueva Jersey, e Illinois, favorecen los beneficios migratorios. Reportes de prensa indican que la mayoría de migrantes guatemaltecos están en California, Nueva York, Florida y Texas.

 

Vaivén judicial, trasfondo político

El pulso por facilitar o bloquear la acción ejecutiva es judicial y político. Falta cerca de un año y medio para las elecciones en EE.UU., y el voto hispano y el apoyo a los migrantes son cada día más determinantes para ejercer cargos públicos.

Por ahora, el juez Hanen es la punta de lanza del opositor Partido Republicano contra el oficial Partido Demócrata, la Administración Obama, y el movimiento pro-migrante. Hanen ya dejó vencer dos plazos que el Departamento de Justicia le impuso: el 25 de febrero pasado, cuando ignoró un “recurso de urgencia para levantar la suspensión”; y el 9 de marzo pasado, para emitir una decisión final respecto a la acción ejecutiva. En cambio, el juez pidió a cada uno de los 26 estados opositores responder directamente al recurso del Departamento de Justicia. Los 26 insistieron en la suspensión de los beneficios migratorios.

Según Eric Olson, director asociado del Programa Latinoamericano en el Centro Woodrow Wilson (un centro académico de análisis en Washington, D.C.), el caso podría acabar en la Corte Suprema de Justicia. Hugo Mérida, representante titular electo ante el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), por la jurisdicción consular de Los Ángeles, California, dijo que si la Corte de Apelaciones ratifica la decisión de Hanen, el caso sí llegará a la máxima corte.

La Casa Blanca dijo que “la Corte Suprema y el Congreso han dejado claro que el gobierno federal puede establecer prioridades cuando se trata de aplicar leyes migratorias”. Mérida afirma que “en ambas cortes, de Apelaciones y Suprema, la administración Obama tiene jueces muy afines”, lo cual podría favorecer a la acción ejecutiva. “Por el momento, no hay mucho qué hacer; es un tema de proceso legal al que hay que dar tiempo para que tome su curso”, explica el representante de Conamigua.

” Mientras tanto, el Partido Republicano abre otros frentes contra los migrantes. Los republicanos preparan cuatro leyes que reducen los beneficios migratorios de la acción ejecutiva, y los beneficios de medidas migratorias anteriores (al limitar o eliminar los permisos para viajar a otras jurisdicciones o fuera del país). Algunos activistas aseguran que estas leyes también reducirían la protección hacia los refugiados “

Mientras tanto, el Partido Republicano abre otros frentes contra los migrantes. Los republicanos preparan cuatro leyes que reducen los beneficios migratorios de la acción ejecutiva, y los beneficios de medidas migratorias anteriores (al limitar o eliminar los permisos para viajar a otras jurisdicciones o fuera del país). Algunos activistas aseguran que estas leyes también reducirían la protección hacia los refugiados, víctimas de trata de personas y violencia doméstica, con la posibilidad de una deportación. Además, podrían perjudicar a migrantes que ya trabajan legalmente en EE.UU.

Por aparte, el Subcomité de Seguridad Fronteriza del Senado de Texas mantiene en suspenso la discusión de una ley que eliminaría las “ciudades santuario”, o ciudades donde ninguna autoridad puede preguntar el estatus migratorio durante interacción alguna con transeúntes o automovilistas, y ninguna cárcel local de la policía se puede utilizar para detener a migrantes indocumentados. El senador demócrata José Rodríguez interpuso una medida para retrasar la discusión de la iniciativa. “No queremos ser un estado donde el slogan sea, ‘muéstrame tus papeles’”, dijo Rodríguez. No obstante, algunos reportes indican que la discusión se podría retomar a corto plazo.

En un ambiente donde las elecciones de 2016 ya generan discusión política en EE.UU., las medidas de los republicanos “no ayudan a un partido que trata desesperadamente de distanciarse de su imagen anti-migrante y anti-latino”, según La Voz de las Américas, un órgano informativo multi-media del gobie
rno federal estadounidense, para audiencias afuera de los EE.UU.

La Casa Blanca justifica la acción ejecutiva como único rumbo a seguir después que el Congreso estadounidense rechazó la reforma migratoria que el Senado sí aprobó en junio de 2013. Esta reforma le permitirá a unos ocho millones de indocumentados, que llegaron al país antes de 2012, regularizar su situación migratoria si carecen de antecedentes penales, entregan sus huellas al Departamento de Seguridad Nacional y cancelan multas por la permanencia ilegal en el país.

Algunos reportes de prensa indican que los traficantes de migrantes persuadieron a muchas familias a enviar o llevar a sus niños y adolescentes a EE.UU. bajo la falsa premisa que la aprobación de la reforma les facilitaría su ingreso y permanencia en ese país. Para 2014, se había duplicado la intercepción de menores de edad migrantes y centroamericanos en la frontera sur de EE.UU., en relación con el año de aprobación de la reforma en el Senado.

 

Continúan las deportaciones

La suspensión de la acción ejecutiva, aún si es temporal, todavía hace vulnerables a los posibles beneficiarios. La Asociación de Abogados de Inmigración Estadounidenses (AILA) afirmó tener indicios de que agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) han capturado a migrantes que podrían calificar para beneficios, y comenzaron el proceso para su deportación. Los reportes salen de ciudades como Nueva York (aunque este estado no se ha pronunciado contra la acción ejecutiva) o Charlotte (Carolina del Norte), donde la ICE ignora los lineamientos de la acción ejecutiva que priorizan la deportación de migrantes indocumentados con antecedentes policiacos o conductas criminales, vinculados al terrorismo, o que cruzaron la frontera recientemente, tienen una orden de deportación pendiente, o no acudieron a una cita con un juez de migración.

La ICE eliminó de sus oficinas cualquier información acerca de los beneficios migratorios hasta que haya una decisión favorable en firme. Ahora la AILA cree necesario que el gobierno federal “despeje dudas sobre la discreción procesal” de los agentes de la ICE. Esta ambigüedad atemoriza a los migrantes indocumentados frente a cualquier autoridad en general.

Sin embargo, la directora de la ICE, Sarah Saldaña, dijo que las deportaciones continuarán según las prioridades establecidas. En marzo, la ICE capturó en diversos estados a 2,059 personas originarias de 94 países. Los detenidos tienen antecedentes delictivos por homicidio, robo, pornografía infantil, violación sexual y/o secuestro, entre otros. Mil de los detenidos ya tenían varias condenas, 58 pertenecen o tienen vínculos con pandillas, y 89 ya fueron condenados por crímenes sexuales, según datos de la misma ICE. Otros 476 son migrantes indocumentados que han sido deportados antes de EE.UU. El reingreso ilegal a EE.UU. después de la deportación conlleva una sentencia máxima de 20 años de cárcel. Los detenidos que no sean enviados a juicio, o a una audiencia con un juez de migración, serán deportados.

Entre el miedo y la desinformación

Las deportaciones atemorizan a los posibles beneficiarios de la acción ejecutiva. Aún así, los abogados expertos en migración insisten en que quienes podrían calificar deben reunir los documentos requeridos para calificar, en lugar de esperar a que quede en firme la acción ejecutiva para iniciar ese proceso. “Deben preparar sus documentos para solicitar el beneficio, porque los programas abrirán sus puertas eventualmente”, dijo Karen Tumlin, abogada del Centro Nacional de Ley Migratoria, en EE.UU.

En noviembre pasado, después que Obama reveló el contenido de la acción ejecutiva, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala anunció el lanzamiento de un plan informativo para asistir a la comunidad guatemalteca en EE.UU. Los consulados de Guatemala en Los Ángeles (California), Nueva York, y otras jurisdicciones, anunciaron la ampliación de su horario de atención y el número de consulados móviles, para brindar mayor información al respecto. También buscaron alianzas con organizaciones no gubernamentales para ofrecer talleres informativos acerca de los beneficios de la acción ejecutiva.

Pero en Nueva York, uno de los estados con mayor presencia de guatemaltecos, el activista de origen guatemalteco Juan Carlos Pocasangre afirma que todavía hay mucha gente desinformada, que no recibe una guía acerca de cómo prepararse, o que tiene temor de aplicar a los beneficios por falta de información. “Lo más triste es que mucha gente sí podría calificar, pero no están preparados con los documentos necesarios, lo que les tomará mucho tiempo, o les impedirá calificar”, explicó el activista.

La acción ejecutiva no beneficia a los 74 mil menores de edad indocumentados que llegaron a EE.UU. entre octubre de 2013, y diciembre de 2014, ni a sus padres, o a los adultos que les acompañaban, en el caso de quienes viajaban acompañados. Su única opción para permanecer en EE.UU. es solicitar asilo o refugio, aunque tienen pocas probabilidades de obtenerlo. Entre 2005 y 2014, sólo el 47% de los menores de edad que solicitaron asilo y tenían un abogado, obtuvieron el beneficio. Entre los solicitantes sin abogado, sólo el 10% lo obtuvo.

” La acción ejecutiva no beneficia a los 74 mil menores de edad indocumentados que llegaron a EE.UU. entre octubre de 2013, y diciembre de 2014, ni a sus padres, o a los adultos que les acompañaban, en el caso de quienes viajaban acompañados. Su única opción para permanecer en EE.UU. es solicitar asilo o refugio, aunque tienen pocas probabilidades de obtenerlo “

La ley estadounidense garantiza que los niños que llegan a EE.UU. reciban una audiencia con un juez de migración, en lugar de simplemente ser deportados. Durante la audiencia, el juez decidirá si el niño o adolescente tiene un caso válido de asilo. Podkul explicó que cuando un menor de edad gana un caso de asilo, puede aplicar para su residencia legal un año después y quedarse permanentemente. Según el caso, el beneficio es extensivo a sus padres. Sin embargo, la abogada advirtió que es casi imposible para un niño probar que es elegible para asilo sin un abogado.

De los 74 mil menores de edad interceptados en la frontera sur de EE.UU., entre octubre de 2013 y diciembre de 2014, al menos 59 mil han recibido una audiencia con un juez de migración, y esperan una decisión. Podkul dijo además que una acción judicial interpuesta el 20 de febrero pasado evitará que el gobierno pueda detener familias completas  bajo el pretexto de desestimular migración indocumentada a futuro. “Esta es una gran victoria que nos hace bastante felices”, dijo la abogada, quien investiga las condiciones de los centros de detención para menores de edad y sus padres.

Por aparte, los migrantes centroamericanos que residen legalmente en EE.UU., con hijos en sus países de origen, podrán solicitar refugio para sus hijos si los quieren llevar a EE.UU. En diciembre pasado, el gobierno estadounidense anunció que aceptará 4 mil solicitantes para el año fiscal 2015 en EE.UU. (octubre 2014-septiembre 2015), que dividirá entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Este beneficio no forma parte de la acción ejecutiva de Obama.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala anunció que con el “Programa de refugiados/admisión condicional en EE.UU. para menores en Guatemala, El Salvador y Honduras con padres presentes en los Estados Unidos de América” se busca evitar que los niños y adolescentes se trasladen por tierra de forma indocumentada, para reunirse con sus padres en EE.UU.

La Cancillería informó que los padres pueden solicitar, desde EE.UU., el estatus de refugiados para sus hijos, si estos son menores de 21 años y solteros. El trámite también se puede hacer desde el país de origen de los menores, pero con la asistencia de “una agencia de restablecim
iento financiada por el Departamento de Estado”.

 

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