Sublevación fallida: la Corte venezolana procesó a cinco diputados por su respaldo

El Tribunal Supremo de Venezuela abrió un proceso penal contra seis diputados opositores por haber incurrido en “traición a la patria y conspiración” al apoyar la fallida rebelión militar que encabezó Juan Guaidó. La medida, que incluye también un pedido de desafuero contra los procesados, recae sobre el expresidente del Parlamento Henry Ramos, así como en los diputados Luis Florido, Mariela Magallanes, Américo de Grazia, Richard Blanco, Simón Calzadilla y Andrés Delgado.

La Sala Plena del Tribunal dictó el procesamiento contra los diputados de la Asamblea Nacional por los ilícitos ligados a “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada”, por su participación en el efímero intento de sublevamiento del 30 de abril contra el presidente Nicolás Maduro.

En un comunicado, la corte dijo que ordenó remitir el fallo al fiscal general, Tarek William Saab, “para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente”. La corte también remitió la decisión a la oficialista Asamblea Constituyente, que ya anticipó que levantará la inmunidad de los congresistas. Precisamente, se los juzga por la violación de los delitos previstos y sancionados en los artículos 128, 132, 143, 145, 163, 213, 285 del Código Penal.

Como los presuntos delitos fueron cometidos de forma “flagrante”, los legisladores opositores carecen del beneficio de un antejuicio de mérito, un proceso político en el Supremo, sino que su caso “corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal”, explicó la corte.

Asimismo, la Constitución señala que de los presuntos delitos que cometan los legisladores “conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional (Parlamento), su detención y continuar su enjuiciamiento”, de acuerdo al artículo 200.