“Son incontables las imprecisiones”, la respuesta de Venezuela al informe de la ACNUDH

El gobierno venezolano realizó al menos 70 observaciones al informe de Michel Bachelet, al denunciar que el texto “presenta una visión y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos” en el país. «Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la ACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles», respondió Venezuela en un escrito dirigido a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas.

Venezuela solicitó al organismo «adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe» que documentó «casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad». En referencia al exceso de las fuerzas de seguridad, indicaron que en el análisis “se obviaron los datos oficiales suministrados por el Estado en relación con la investigación y sanción de las denuncias de violación de derechos humanos en el marco de dichas operaciones”.

Bachelet había pedido la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES) por contabilizar al menos 5.287 muertes extrajudiciales. De acuerdo al gobierno venezolano, el Ministerio Público conoce 292 casos donde se encuentran vinculados 388 funcionarios del FAES, entre los cuales cinco fueron condenados.

En el escrito, Venezuela no niega las torturas documentadas por la ACNUDH, aunque aclara que “el Ministerio Público conoce 72 causas por presuntas torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en perjuicio de 174 personas privadas de libertad en el contexto de las manifestaciones realizadas entre los años 2017 y 2019”.

Respecto a la persecución a la oposición documentada por la ACNUDH, critica las acusaciones contra el gobierno venezolano “de desarrollar una política de represión y persecución de la disidencia”. “Este señalamiento resulta falso”, enfatizaron. “Resulta alarmante que la OACNUDH no se detenga a revisar con detalle cada uno de los casos y califique como detenidos “por motivos políticos” a funcionarios policiales condenados por violación de derechos humanos, a personas procesadas por la quema de seres humanos y a detenidos por el homicidio de civiles o funcionarios de seguridad, entre otros hechos especialmente graves”, especificaron.

También alertaron que en el apartado que se refiere a la migración, el informe da una cifra sobre el supuesto número de venezolanos que habrían abandonado el país que “resulta errada y exagerada”.

El cuestionamiento de Venezuela apunta más que nada a “las importantes debilidades presentes en la metodología” utilizada para la elaboración del estudio que de acuerdo al gobierno venezolano se nutre de “fuentes carentes de objetividad” y “excluye casi en su totalidad la información oficial”.

Respecto a la redacción en sí, denuncian que “no es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos”. Al tiempo que cuestionaron que menciona “de manera parcial” las medidas coercitivas unilaterales adoptadas contra Venezuela.

“En este punto, la OACNUDH omite las diversas afirmaciones realizadas sobre este tema por el Relator Especial sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos y el Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo”, ampliaron al hacer hincapié en “los efectos de las sanciones impuestas por los presidentes Obama y Trump y de las medidas unilaterales aplicadas por el Canadá y la Unión Europea”.