“Soltar el agua”, la promesa por la desprivatización se mete en las elecciones de Chile

Miles de hogares en Chile no disponen de agua corriente por la privatización de este recurso, una situación que volvió a estar en boca de todos con las elecciones constituyentes de este fin de semana. Cientos de candidatos presentaron propuestas para “liberar el agua de manos privadas y garantizarla como un derecho humano” en el país. 

De los 1.373 postulantes totales a las elecciones constituyentes, 539 respaldaron la iniciativa “Suelta el Agua” impulsada por Greenpeace Chile, por la que se comprometen a revisar el modelo de propiedad hídrica en la nueva Constitución, un pedido que recobró fuerza durante la crisis social que azotó el país en 2019.

Chile es uno de los países con mayor nivel de privatización del agua del mundo: se calcula que el 80 % de los recursos hídricos del país pertenecen a propietarios privados, en su mayoría empresas agrícolas, mineras y de energía.

“El acceso al agua es una de las grandes desigualdades de este país. Que se garantice para consumo humano es el mayor desafío constituyente”, reivindicó a Matías Asun, director de la ONG.

Fue precisamente la Carta Magna actual, junto con el Código de Aguas, ambos heredados de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) los que otorgaron a particulares derechos de aprovechamiento gratuitos y a perpetuidad que ahora se compran y venden en el libre mercado.

Después, ya en democracia, se privatizaron además las Sanitarias, encargadas del suministro.

El modelo no prioriza el agua para consumo humano, al contrario de lo que recomienda Naciones Unidas, y los precios son los más elevados de la región: siete de las diez ciudades de América Latina con el agua más cara están en Chile, según un estudio de la Fundación Aquae.

Vivir en el campo con 50 litros de agua al día

“La poca agua que queda se la llevan los agricultores grandes, nos lo quitan todo, pero no queremos irnos del campo porque es nuestra vida”, lamentó Rosalba Quiróz, descendiente de una familia de pequeños ganaderos de Petorca, una localidad rural del centro de Chile. Ella apenas recibe 50 litros de agua al día en un camión aljibe, una cantidad que no le permite cultivar ni criar algún animal.

El agronegocio, que manejan en gran parte consorcios familiares de empresarios o políticos, llevó a que más de 3.200 casas de este municipio no tengan agua, explicó Carolina Vilches, candidata a constituyente y coordinadora de la Oficina de Asuntos Hídricos y Ambientales de Petorca.

“No puede ser que un gran productor pueda excavar pozos y quedarse con todo. Están exterminando el patrimonio campesino, es inhumano”, reivindicó.

La gobernanza del agua es uno de los principales orígenes de la crisis hídrica de Chile según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y está poniendo a los pequeños agricultores “en situación de vulnerabilidad”.

“A día de hoy, un 33 % de los acuíferos tienen más derechos vendidos que la cantidad de líquido que corre por su cuenca. Están vaciando todas las napas del país”, lamentó Asun.

Chile vive además la mayor sequía de todo el hemisferio occidental, afecta al 76 % de la población chilena y, según un estudio de la Universidad de Chile, hará disminuir las reservas de hídricas a la mitad en zona centro y norte antes de 2060.