Sobre narcos, saqueos y policías en Córdoba

Un muerto y alrededor de cien heridos.En esas horas de crisis hubo saqueos, descontrol, justicia por mano propia de comerciantes y vecinos, pedidos de mano dura. Fue la consecuencia directa de 30 horas por el levantamiento policial en la provincia argentina de Córdoba, la segunda más poblada del país. Las denuncias de vínculos con el narcotráfico de los jefes policiales provinciales, de fuerte raigambre con las fuerzas de la dictadura, desencadenó un escándalo que ahora deberá ser investigado por la justicia.

 Sobre narcos, saqueos y policías en CórdobaEl gobernador de Córdoba, el peronista opositor Juan Manuel De la Sota, estaba de viaje cuando se produjo un acuartelamiento de la policía en reclamo de aumento salarial. En esas horas de crisis hubo saqueos, descontrol, justicia por mano propia de comerciantes y vecinos, pedidos de mano dura.

De la Sota retornó, dio el incremento, pidió por Twitter y fax el envío de la Gendarmería nacional, y los agentes volvieron a las calles como si todo retornara fácilmente a la normalidad.

“La relación entre policía y narcotráfico, como se apuntó anteriormente, fue uno de los ejes que manifestaron los familiares de los policías al denunciar a una cúpula policial desprestigiada y acosada por casos de corrupción y sus lazos con el narcotráfico como los que viene arrastrando la provincia de Córdoba a partir de las graves episodios que involucran a funcionarios del gobierno de De la Sota y del poder político con organizaciones delictivas”, explica Francisco Balázs en una columna en Tiempo Argentino (Argentina).

“Las especulaciones sobre quiénes aprovecharon y azuzaron los episodios” ocurridos junto al acuartelameinto “se irán produciendo en los próximos días”, añade.

“Por lo pronto, queda una preocupación latente: al finalizar el anuncio del acuerdo obtenido con los policías acuartelados, el gobernador De la Sota eligió, muy ofuscado, una frase en consonancia con su ideario represivo y policíaco: “Vamos a salir a buscar a todos los delincuentes y saqueadores”. La frase sonó fiera. Las comisarías de Córdoba albergan a más de 6000 presos de los que cerca del 55% se encuentran a la espera de condena”, menciona Balázs.

Para Tomás Méndez, el periodista que hizo saltar el escándalo de las vinculaciones del narcotráfico con el poder en Córdoba, aporta su visión. “Había un sueldo en negro que surgía del delito y que no está más porque las investigaciones pusieron en jaque a los altos jefes. Entonces, piden un aumento absolutamente desmedido porque no está más esa plata”.

Ese “dinero ilegal” que constituía la “caja chica” surgía del narcotráfico y “de la sustracción de automotores, y de robos y hurtos, porque también las comisarías tienen recaudaciones”, expresó Méndez en declaraciones radiales.

Por su parte, en Página 12 (Argentina) el periodista Luis Bruschtein se refiere a la conformación de la policía y sus aún vínculos con el aparato represivo de la dictadura (1976-1983).

“A mediados de septiembre la policía cordobesa sufrió el descabezamiento de una cúpula con mucho poder interno. Los gobernadores de la democracia nunca tuvieron una política para esta fuerza de seguridad que ahora sufre una crisis a la que José Manuel de la Sota parece no encontrarle la vuelta”, plantea el periodita.

“La sombra del general Luciano Benjamín Menéndez pesó en Córdoba hasta que fue detenido en 2004, tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Esa influencia se sintió sobre sectores políticos y militares, pero sobre todo en la policía, tanto en los gobiernos radicales como en los peronistas”, dice.

Y añade que “la policía de Córdoba se convirtió de esa manera en una de las más retrógradas y con fuerzas fácticas de poder interno que las autoridades civiles nunca atacaron, sino que consintieron y estimularon. El único Ministerio de Seguridad en el país dirigido por un policía era el cordobés, hasta septiembre, cuando debió renunciar el ministro ex comisario general Alejo Paredes”.

Sobre Paredes pesa una denuncia sobre un presunto juicio de entrenamiento al que fueron enviados policías cordobeses en la International Law Enforcement Academy (ILEA) de El Salvador. “De la Sota negó esa acusación, pero da una idea del punto donde estaba el debate sobre seguridad en una provincia donde los gobernadores de la democracia nunca tuvieron políticas para su fuerza de seguridad. La policía cordobesa funcionó con la inercia anacrónica de la dictadura, con liderazgos y fuerzas de poder internas, paralelas a la sociedad civil. De alguna manera es inevitable pensar que la fuerza está sufriendo ahora los remezones de una crisis que se forzó a partir de una denuncia periodística y que descabezó a una conducción con mucho poder interno”, evalúa Bruschtein.

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