Sigue el horror en la cárcel brasileña: fueron asesinados cuatro presos más

Cuatro presos sobrevivientes de la masacre del Centro de Recuperación de Altamira, en el estado de Pará, fueron asesinados mientras eran trasladados en un vehículo penitenciario. El lunes, un enfrentamiento entre bandas dejó un saldo de 58 reclusos muertos, 16 de ellos decapitados. Con estas nuevas víctimas, sube a 62 la cifra de muertos por la guerra entre bandas que controlan las cárceles y el tráfico de drogas en la región amazónica, punto clave para el traslado de cocaína desde Colombia, Perú y Bolivia hacia los puertos brasileños en el Atlántico. El presidente Jair Bolsonaro hizo polémicas declaraciones.

Lejos de asumir la responsabilidad del Estado, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro sentenció: “son problemas que ocurren”. Y agregó que está a favor de que los presos realicen trabajos forzados, algo que está prohibido en Brasil.

El horror de la masacre del pasado lunes en el Centro de Recuperación de la ciudad de Altamira continuó durante el traslado de presos planificado para este miércoles para frenar los enfrentamientos entre las bandas. En un camión jaula donde eran trasladados 30 presos, cuatro de ellos fueron asesinados asfixiados cuando iban camino a la ciudad de Marabá, a 600 kilómetros, informó la oficina de prensa del gobernador Helder Barbalho.

De acuerdo con las autoridades, el enfrentamiento del lunes fue motivado por una pelea entre las bandas criminales Comando Classe A (CCA) y el Comando Vermelho (CV, Comando Rojo), que buscan reclutar presos a sus filas y controlar el tráfico de drogas y armas.

Las autoridades penitenciarias informaron el martes por la noche que habían encontrado un cadáver más, con lo cual dentro de la prisión los muertos habían ascendido a 58.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, anunció el envío de tropas federales para colaborar con el sistema penitenciario del estado de Pará, ubicado en el norte amazónico y considerado como parte de la ruta por la cual se trafica hacia Europa la droga producida en los vecinos andinos.

En el estado central de Goiania, donde participó de un acto oficial, Bolsonaro dijo que su idea es instalar un sistema de trabajo forzado, algo que actualmente está prohibido por la Constitución.

“Sueño con un presidio agrícola, me gustaría el trabajo forzado para este tipo de gente en Brasil. Nadie quiere maltratar presos ni que sean asesinados, pero es el hábitat de ellos”, declaró Bolsonaro.

De los 62 muertos, 16 fueron decapitados dentro de un pabellón invadido por los capos del Comando Classe A, una de las bandas que se disputa el tráfico en la región.

Las dos bandas más grandes de Brasil son el Comando Vermelho, que domina desde los años ochenta parte de las favelas cariocas y tiene en prisión a su máximo capo, Fernandinho Beira Mar, y el Primer Comanndo de la Capital (PCC), banda paulista con control de la marihuana en el norte de Paraguay, cuyo jefe también está preso, Marcos Willian Camacho, alias “Marcola”.

Altamira se encuentra entre las diez ciudades más violentas de Brasil: la región del sudoeste de Pará es conocida como el ‘far west’ de Brasil por las disputas de tierras. Desde 2011, la región tuvo un salto demográfico con la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte en el Rio Xingú, la tercera usina más grande del mundo detrás de la china Tres Gargantas y la binacional brasileño paraguaya de Itaipú.

El obispo emérito de Xingú, Erwin Krautler, de 80 años y residente de Altamira desde 1965, criticó a Bolsonaro por haber dicho que hay que preguntar qué sentían sobre las muertes a las supuestas víctimas de los presos asesinados.

“Esto no es una respuesta que un presidente debe dar a las familias, cada preso tiene madre, padre, las madres están llorando”, dijo al diario Folha de Sao Paulo el líder católico de la región.

Según Krautler, nacido en Austria, el discurso de Bolsonaro “es preocupante porque instalada la idea de bandido bueno es el bandido muerto” y sostuvo que en general la sociedad perdió sensibilidad frente a estos episodios.

El obispo fue un férreo opositor a la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte durante el gobierno de Dilma Rousseff y de la instalación de la carretera Transamazónica durante la dictadura militar por el caos social y crecimiento desordenado que generaron ambos proyectos. “Altamira se convirtió en un escenario de agresiones”, subrayó.