Seis años sin Berta Cáceres: sus familiares reclaman que el crimen no quede impune 

A seis años del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, los familiares denuncian que el Estado de Honduras sigue en deuda por no haber podido garantizar justicia en este emblemático caso. “A pesar de los enormes esfuerzos del COPINH (Consejo Popular de Pueblos Indígenas de Honduras) y la familia, así como de organizaciones y comunidad internacional, continúa la impunidad”, subraya el comunicado emitido por sus allegados. 

El escrito resaltó además que el crimen de Cáceres “evidencia la persecución contra los que luchan en defensa del territorio y de los derechos de las comunidades indígenas, particularmente contra mujeres libertarias y fuertes como Berta”.

En el mismo sentido, la Secretaría de Derechos Humanos solicitó al Ministerio Público y al poder Judicial “cumplir con su deber constitucional de garantizar una verdadera aplicación de la Justicia con investigaciones serias, imparciales y efectivas”.

Foto: EFE

Cáceres, quien era coordinadora y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros el 2 de marzo de 2016 en su casa a pesar de tener desde 2009 medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

Cáceres defendió los derechos del pueblo lenca, perjudicados por el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que pretendían desarrollar la empresa DESA sobre el río Gualcarque, que esa comunidad considera sagrado y vital para su supervivencia. 

“Hay una deuda con Berta y su pueblo con respecto a su derecho a la justicia, a la vida, a la consulta previa, libre e informada, y a vivir en paz”, destacó la Secretaría de Derechos Humanos.

El asesinato de Cáceres se conmemoró el miércoles en el Centro Utopía del Consejo Popular de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH) con una jornada cívica y cultural a la que asistieron miembros de comunidades indígenas, autoridades gubernamentales, diplomáticos, ambientalistas y visitantes de otros países.

“Estamos acá después de seis años del asesinato de mi madre, de Berta Cáceres, y seguimos cuestionando primero el sistema extractivo que permitió ese asesinato y que se sigue reproduciendo en las comunidades en los pueblos, y tiene que ver con ese despojo que hacen hacia los territorios”, subrayó Laura Zúniga, una de sus hijas. 

La investigación judicial

En diciembre del 2019 fueron sentenciados a 50 años de cárcel cuatro hombres que entraron a la vivienda de la ambientalista y la mataron a tiros. Otros tres hombres que los contrataron fueron sentenciados a 30 años de prisión.

El tribunal concluyó que la firma DESA mandó a matar a Cáceres por sus multitudinarias marchas organizadas contra la construcción de la hidroeléctrica en el río Gualcarque.

El 5 de julio de 2021 fue hallado culpable como coautor del asesinato David Castillo, militar y presidente de la Empresa DESA. Esto comprueba, de acuerdo a los familiares, “ que el crimen contra Cáceres fue ejecutado por el grupo económico criminal de la familia Atala Zablah”, accionistas del Banco Ficohsa.

Del nuevo Gobierno de Honduras, que desde el 27 de enero preside Xiomara Castro, la familia de Cáceres indicó que esperan “la captura de los autores intelectuales del asesinato” y el desmantelamiento de la estructura criminal de la familia Atala Zablah, la cancelación de la concesión del río Gualcarque y el reconocimiento del título ancestral comunitario de la comunidad de Río Blanco”.

También esperan el enjuiciamiento de los funcionarios públicos y de las fuerzas de seguridad del Estado responsables del ataque y persecución a Berta Cáceres y al COPINH, y la investigación de los actos de corrupción por parte de los bancos relacionados con la financiación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.