“Sedición, terrorismo y conspiración”, detuvieron a Áñez por su participación en el golpe de estado de Bolivia

Una jueza dictó este domingo cuatro meses de prisión preventiva para la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez por el caso del golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019. “Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió”, se defendió Áñez en Twitter, tras escuchar la resolución de la jueza Regina Santa Cruz, en una audiencia cautelar que se desarrolló por varias horas de manera virtual. Fue detenida junto a dos de sus ministros por sedición, terrorismo y conspiración.

Santa Cruz escuchó en audiencia a las partes, tanto a la Fiscalía como a los abogados defensores de Áñez y de sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, detenidos todos entre el viernes y el sábado. La Fiscalía había pedido inicialmente para los tres políticos seis meses de prisión preventiva.

Áñez, quien escuchó la audiencia desde una dependencia policial, agregó por Twitter: “Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor”.

La exmandataria, de 53 años, fue detenida el sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni (600 km noreste de La Paz), después que sus dos ministros Coímbra y Guzmán, los tres denunciados por sedición, terrorismo y conspiración. Áñez, abogada, política y expresentadora de televisión, fue detenida mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar.

El nombre de Áñez, que dejó el poder en noviembre de 2020, figura en una denuncia que hizo en diciembre la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el ultraconservador Luis Fernando Camacho, gobernador electo de ese departamento en las recientes elecciones locales.

La Fiscalía de Bolivia justificó el pedido de detención por considerar que pudo haber existido una conspiración para llevar a cabo “un presunto golpe de Estado” contra Morales, quien se vio obligado a renunciar en noviembre de 2019 en medio de una fuerte convulsión social.

Los opositores denunciaron entonces que Morales, en el poder desde 2006, cometió fraude en las elecciones presidenciales de un mes antes para gobernar de manera ininterrumpida hasta 2025. 

Las protestas derivaron en un motín policial y en un pedido de las Fuerzas Armadas para que Morales diera un paso al costado, lo que obligó al mandatario a dimitir y a salir exiliado a México, antes de trasladarse a Argentina como refugiado.

En la demanda figuran cinco exministros de Áñez, y jefes policiales, militares y civiles, sobre quienes pesan órdenes de captura.