La inacción contra el crimen

México

El crimen organizado llegó a las altas esferas del poder, pero el Gobierno sigue sin dar soluciones a este problema que afecta a todo el país. El secuestro y asesinato del diputado federal del PRI, Gabriel Gómez Michel, probó la falta de acción del Poder Ejecutivo y dejó ver su fragilidad para combatir la violencia. Es el momento de reaccionar para cambiar las cosas.

Gabriel Gómez Michel - Foto ArchivoJesusa Cervantes- Proceso (México) 

El secuestro y asesinato del diputado federal del PRI, Gabriel Gómez Michel, no es un asunto del PRI ni del poder legislativo, es un tema del país entero, pues con ello se evidenció la vulnerabilidad del Estado mexicano.

Pueden correr páginas y páginas generando hipótesis sobre los motivos de su cruel muerte y la de su chofer y amigo, pero hay un punto que salta a la vista y no se necesita tener mucha imaginación: se dañó a una de las arterias de la República, del Estado.

No sólo fue la saña de quemarlos vivos, privarlos de su libertad a plena luz del día, ante cámaras de vigilancia y en un terreno donde bulle la presencia del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue un acto no negociable: secuestrarlos y en unas cuantas horas matarlos.

Fue dar una prueba de hasta dónde puede maniobrar el crimen organizado sin que el gobierno haga nada. Fue dar una muestra de la complicidad de autoridades que dejaron pasar por lo menos 20 minutos vitales luego de la privación de la libertad del diputado y su acompañante.

La impunidad, la complicidad, lo podrido del sistema político, la filtración del crimen organizado hasta las venas del Estado, es lo que revela este trágico hecho.

Si Michoacán no ha hecho reaccionar a las autoridades como uno espera, con eficacia y pulcritud, con detenciones de quienes comenten crímenes y sin veleidades, donde un día se manda a un “virrey” a poner orden, otro se abre la puerta a las autodefensas y al siguiente se les fustiga y apresa por encarar la verdad, como el caso del doctor José Manuel Mireles, detenido por defender su tierra, su gente y no alinearse a los cantos del “virrey” Alfredo Castillo.

Pero si Michoacán es un caso tan evidente en donde el crimen organizado dispone de la vida y propiedades de toda una región, cómo no esperar casos como el de Gómez Michel, en donde se dio una clara y efectiva muestra de que quien tiene el poder no es el gobierno ni la ciudadanía, sino un grupo criminal.

El investigador Edgardo Buscaglia ha dicho que el crimen organizado está en todo, controla todo, elecciones, candidatos, presupuestos, gobiernos, y hoy los hechos le están dando la razón.

“Fue dar una prueba de hasta dónde puede maniobrar el crimen organizado sin que el gobierno haga nada. Fue dar una muestra de la complicidad de autoridades que dejaron pasar por lo menos 20 minutos vitales luego de la privación de la libertad del diputado y su acompañante”

De los poderes locales se ha dicho que en ellos ya participa el crimen, que si antes el jefe de plaza decidía quién ocuparía la dirección de Seguridad Pública de un municipio, ahora se tiene la certeza de que ha puesto o corrompido incluso a gobernadores.

Y de uno de los poderes más altos, del Congreso de la Unión, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que han logrado llegar personajes vinculados con el crimen organizado, ya fuera por terceras personas, por familiares pertenecientes a cárteles de la droga o porque a los propios legisladores en algún momento se les mencionó en una averiguación previa.

La realidad es que no hay control sobre quién llega a la Cámara de Diputados o al Senado de la República, y menos aún si en el camino de su legislatura son presionados por el crimen organizado, si son amenazados o cooptados, lo que podría no resultar difícil si la corrupción en muchos casos corre por sus venas.

Los controles se empezaron a relajar en el municipio más alejado y menos conocido del país, pero hoy esta ausencia de control ha hecho llegar al crimen organizado hasta el nivel de los legisladores federales, hasta matarlos sin que nadie los persiga, sin que nadie se los impida, como es el caso de Gómez Michel.

La fragilidad evidenciada del Poder Legislativo ya no debe ser una alerta para el Estado, es una realidad que debe atacar de raíz. Es su obligación. Sólo cuando el crimen organizado llega hasta quienes lo permitieron, el poder último, es cuando se reacciona.

Quizá para México sea demasiado tarde, pues las autoridades parecen estar más preocupadas por someter a los legisladores para que legitimen sus decisiones de mutilar una y otra vez la Constitución, que lejos están de pensar lo que ellos mismos han provocado: la muerte lenta, sangrante de la República vía el alto poder.

Si el lugar de origen de Gómez Michel era el predilecto de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el líder del CJNG, si Jalisco es plaza de este cártel y tiene cercanía con Michoacán, Zacatecas, Colima, Guerrero y el Estado de México, donde la lucha por las plazas con La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios es pan de todos los días, ése no es el punto.

“La fragilidad evidenciada del Poder Legislativo ya no debe ser una alerta para el Estado, es una realidad que debe atacar de raíz. Es su obligación. Sólo cuando el crimen organizado llega hasta quienes lo permitieron, el poder último, es cuando se reacciona”

El tema es que todas esas entidades y sus representantes federales ya acortaron el camino que los separaba de la amenaza y la imposición del crimen organizado. Ahora son los cárteles los que dominan la vida, percepción y emociones de muchos legisladores. La psicosis está creada.

Los intocables y soberbios del otro poder, el Ejecutivo federal, reaccionarán quizá cuando a ellos les toque.

Por las mentes de muchos diputados pasará la idea de si la muerte fue por aprobar una ley que va en contra de la población, si fue por tener vínculos con el crimen organizado, si fue por la inseguridad que ellos no han contribuido a detener, si fue por su indolencia al olvidar para qué fueron electos, si fue porque no se quiso atender una demanda del crimen organizado…

Pueden pensar lo que deseen, de cualquier forma, todo los llevará irremediablemente al miedo con el que transitarán aun después de abandonar el cargo en la actual Legislatura federal, del poder que ya fue vulnerado.

Así como hoy se sienten, desde hace más de una década lo padece la ciudadanía en muchas regiones del país, donde llega un comando, los levanta, los mata y nadie atiende a las víctimas, a sus deudos.

La muerte de Gómez Michel es sólo una muestra de lo que se vive en el rincón más apartado del país, sólo que hoy, llegó hasta uno de los poderes más altos del país, a una de los tres pies sobre los que descansa la República.

 

Guillermo Blanco- Animal Político (México) 

La mirada de José Miguel Galván esta perdida, cansada. Nunca pasó por su mente que del verde y húmedo Coatzacoalcos pasaría a una fría banca de concreto en la calle de Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Nunca pensó que ahí tendría que apelar a la buena voluntad de los desconocidos para unir las piezas de un rompecabezas con forma de familia, desarmado por las manos del secuestro. Un 11 de julio, la esposa de José Miguel salió a comprar leche y pañales acompañada de sus dos hijos, uno de 3 años y el otro de 11 meses, ahí comenzó el calvario, nunca regresaron. Casi un mes después, los secuestradores hicieron contacto -250 mil pesos a cambio de sus vidas- esa fue la exigencia. De inmediato acudió a la Procuraduría del estado de Veracruz para dar cuenta del hecho y pedir apoyo, pero como suele ocurrir, nadie le hizo caso. Fueron sórdidos gritos ante algo cada
vez más común y aberrante: la sordera de las deslavadas instituciones de procuración de justicia en México; una discapacidad voluntaria que ha fortalecido la capacidad de la delincuencia y el crimen organizado.

La historia de José Miguel no es un oasis en el desierto del secuestro, de hecho Veracruz, de donde es originario, junto con Tamaulipas y el Estado de México concentran el 50.83% de los plagios registrados en todo el país en lo que va de este 2014 (SNSP). Rebobinemos la cinta de este película del delito y la impunidad: desde que Enrique Peña Nieto se convirtió en presidente de la República se han consumado 4 mil 989 secuestros. Las cifras dadas a conocer por la organización Alto al Secuestro revelan un panorama aterrador: 237 plagios por mes, 59 a la semana, 8 al día , esto significa que cada 3 horas se comete un secuestro en nuestro país.

“Desde que Enrique Peña Nieto se convirtió en presidente de la República se han consumado 4 mil 989 secuestros”

Ejemplo: el caso del diputado federal Gabriel Gómez Michel, del PRI. Secuestrado en Jalisco y encontrado consumido por las llamas dentro un auto en Zacatecas, hay dos hipótesis, la primera un claro mensaje por parte el crimen organizado; dos, una mortal confusión con otro diputado. La PGR atrajo el caso tan solo unas horas después de un enojo generalizado en la Cámara de Diputados. Sin minimizar la gravedad del hecho, pongo sobre la mesa el cuestionamiento: ¿con esa rapidez y atención del mismo procurador Jesús Murillo Karam se atienden todos los plagios cometidos en México? Y además se pone al descubierto una realidad negada; la estrategia de seguridad del gobierno federal no esta dando los frutos esperados.

Amargo pues el camino que se mira por recorrer, amargos y lentos los días para José Miguel quien seguirá “boteando” para conseguir el dinero del rescate. Mi rompecabezas, el de usted, el de cualquiera se puede deshacer tal como el de José y más angustiante es saber que la autoridad no puede o no quiere hacer nada.

 

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