Se cumplen cinco años del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras convocó a un tuitazo mundial para homenajear a su fundadora, Berta Cáceres. La ambientalista tenía 42 años cuando fue asesinada por organizar manifestaciones para impedir la construcción de una hidroeléctrica en territorio indígena. Hoy se cumplen cinco años de ese crimen, que conmocionó a Honduras y al mundo entero. 

“El 2 de marzo se va a hacer un tuitazo mundial exigiendo justicia para Berta y castigo a los autores intelectuales. Cinco años son los que se conmemoran de su siembra”, resaltó su hija, la diputada Olivia Zúñiga.

El Copinh convocó además a un concierto virtual con artistas de al menos siete países. Zúñiga destacó el hecho de que las acciones de homenaje tendrán un carácter virtual, dada la situación de la pandemia de Covid-19 en Honduras, donde “sigue creciendo los niveles de contagio y la letalidad es bastante grande en un país en el que no hay acceso (universal) a la salud y donde no hay vacunas”.

“Tenemos previsto que haya cobertura en los medios alternativos, las radios comunitarias y a través de los periodistas dignos, para informar sobre el caso de mi madre cómo avanza el proceso judicial con sus constantes estancamientos”, adelantó la legisladora por el Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

En el crimen de la acreedora en 2015 del Premio Goldman a los defensores de la naturaleza, cometido por sicarios, está implicada la familia Atala Zablah, una de las más poderosas de Honduras en términos económicos. 

Cáceres defendió los derechos del pueblo lenca, perjudicados por el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que pretendían desarrollar los Atala a través de la empresa DESA sobre el río Gualcarque, que esa comunidad considera sagrado y vital para su supervivencia. 

El crimen de Cáceres, quien recibió varios impactos de bala en su vivienda de Tegucigalpa, se convirtió en un emblema de los líderes y activistas sociales que denuncian su persecución en el país.

En diciembre de 2019 un tribunal hondureño condenó a siete personas implicadas en el asesinato, con penas de entre 30 y 50 años de cárcel. Según la sentencia, los ejecutivos de la empresa energética DESA ordenaron su asesinato en el marco de las movilizaciones que ella organizaba. Por el crimen también está preso desde marzo del 2018 el presidente de DESA, David Castillo.