Santos dijo no a la CIDH y destituyó a Petro

El presidente Juan Manuel Santos desoyó las medidas solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Su resolución, tomada luego de una reunión con la bancada conservadora, vigoriza el poder del procurador Alejandro Ordoñez y representa un claro incumplimiento de Colombia con sus compromisos internacionales. Los argumentos presidenciales son, antes que nada, políticos.

Juanita León – La Silla Vacía (Colombia)

El presidente Juan Manuel Santos decidió su encrucijada y optó por no acatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le solicitaban suspender la destitución del alcalde bogotano Gustavo Petro mientras decide sobre el fondo del asunto.

La decisión la tomó después de reunirse con la bancada conservadora, con quienes tenía programada previamente una reunión, con algunos liberales, con su equipo jurídico y con los presidentes de las Altas Cortes.

El presidente dio tres grandes argumentos al anunciar su decisión. El primero es que las medidas cautelares de la Cidh no son de obligatorio cumplimiento, sino recomendaciones. A su juicio, como la Corte Constitucional nunca ha dicho que todas las medidas cautelares deben ser ejecutadas, sino que lo ha hecho en casos específicos, su aplicación no es automática. Además, dijo, que las decisiones de la Corte se han hecho en casos de amenaza inminente a la vida, algo cuya gravedad no está en juego en este caso.

El segundo es que decidió no otorgarlas porque el Alcalde tuvo acceso a un amplio abanico de mecanismos de defensa, incluyendo más de 300 tutelas, por lo que sí tuvo acceso a la justicia.

Y el tercero es que, a su entender, el Sistema Interamericano solo aplica cuando no hay más recursos judiciales, y en este caso quedaba la revisión en la Corte Constitucional y, sobre todo, la acción de nulidad ante el Consejo de Estado.

“Toda esta discusión jurídica quedará opacada por la política puesto que a partir de mañana comienza la batalla por Bogotá, en donde se jugará el nuevo pulso entre el uribismo y el santismo y donde la izquierda también tiene un papel”

Tan pronto Santos habló, nuevamente los abogados comenzaron a discutir la validez de sus argumentos. Y como suele suceder en estos casos, como hay un campo para la interpretación jurídica, al final la decisión es primero política y luego argumentada jurídicamente.

Es cierto que la Corte Constitucional al determinar la obligatoriedad de las medidas cautelares lo hizo a raíz de casos en los que estaba en juego el derecho a la vida y no un derecho político como ahora. Esta es la primera vez que se cautelan en Colombia este tipo de derechos. Pero, en esas sentencias, la Corte Constitucional nunca especificó que esa obligatoriedad estuviera circunscrita solo a estos derechos.

Además cuando Rafael Correa, el presidente ecuatoriano, se opuso a las medidas cautelares de la Cidh en un caso de libertad de expresión en el que la vida no estaba en juego, la posición pública de Colombia es que éstas se deberían cumplir. No es claro qué cambió.

En todo caso, toda esta discusión jurídica quedará opacada por la política puesto que a partir de mañana comienza la batalla por Bogotá, en donde se jugará el nuevo pulso entre el uribismo y el santismo y donde la izquierda también tiene un papel.

Lo que sí es claro es que con esta decisión Santos le dio un portazo a la izquierda, un grupo minoritario pero que eventualmente él podrá necesitar en segunda vuelta si la contienda termina siendo tan apretada como vislumbran las encuestas. Y convirtió a Petro en un nuevo rival.

Semana (Colombia)

Gustavo Petro Urrego perdió la batalla. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó a las 6:00 p. m. de este miércoles la destitución e inhabilidad por 15 años decretadas por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez. Así, el jefe de Estado hizo caso omiso a la solicit
ud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgar medidas cautelares.

Acto seguido, Santos nombró al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, como alcalde encargado de la ciudad. Se trata de una persona con amplia experiencia política: fue comisionado de Paz y logró la desmovilización del M-19 -paradójicamente el mismo grupo insurgente en el cual Petro militó-.

Es la primera vez en la historia, que el país que no acoge las recomendaciones de la CIDH que, a propósito, fueron solicitadas al filo de la medianoche de este martes, después de que el Consejo de Estado le quitara el oxígeno jurídico a Petro.

Es importante aclarar que esta es la primera vez que la CIDH solicitaba medidas cautelares para defender derechos políticos y no, como ha sido siempre, para defender la vida y la integridad de alguien en riesgo de ser asesinado. En esos casos normalmente los que hace el gobierno colombiano es dar una protección especial a esas personas.

Haber aceptado la solicitud de medidas cautelares para Gustavo Petro era abrir la puerta a una nueva jurisprudencia en la relación entre Colombia y la CIDH con efectos inimaginables, pues todos quienes han sido destituidos podrían reclamar el mismo trato en la Comisión hemisférica.

“Es la primera vez en la historia que el país que no acoge las recomendaciones de la CIDH. Es importante aclarar que esta es la primera vez que la CIDH solicitaba medidas cautelares para defender derechos políticos y no, como ha sido siempre, para defender la vida”

En su intervención, Santos dijo que respetaba las medidas cautelares de la CIDH, pero aclaró que “el sistema es complementario y alternativo”. Luego señaló que la Cancillería entregará las explicaciones del caso.

Precisamente, la canciller María Ángela Holguín dijo que la decisión de la salida de Petro se tomó ya que “la Comisión es subsidiaria de la justicia colombiana (…) la cual ha actuado eficientemente”. Este jueves se entregará la comunicación.

“El plan de gobierno ganó en las elecciones y el alcalde encargado no puede cambiar el plan de gobierno”, dijo además el jefe de Estado. Por su parte, el ministro y ahora alcalde encargado Rafael Pardo dijo que va a mantener la propuesta de la “Bogotá Humana”.

El presidente manifestó que a Petro se le respetaron las diferentes instancias en la justicia colombiana, de la cual dijo que “ha actuado de manera transparente eficaz y oportuna”.

Posteriormente el mandatario señaló que el “gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares” solicitadas por la CIDH.

Añadió que “he recibido la comunicación del procurador (Alejandro Ordóñez) y debo proceder con la Constitución y las leyes”.

 

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