Salvadoreños se movilizaron contra el uso del bitcoin y otras medidas del gobierno de Bukele

Miles de salvadoreños marcharon este domingo en San Salvador en contra de políticas del gobierno del presidente Nayib Bukele, entre ellas dar curso legal al bitcoin en el país. “Bitcoin la estafa”, “No a la dictadura”, “La democracia no se negocia, se defiende”, “Basta de autoritarismo”, se podía leer entre los carteles que llevaron los manifestantes.

De la marcha participaron organizaciones feministas, de defensa de los derechos humanos, ambientalistas y miembros de partidos políticos que se oponen a la gestión de Bukele.

“La gente se está comenzando a cansar de este gobierno autoritario, antidemocrático, nos está llevando por un despeñadero con sus malas ideas que ya afectan la economía con ese bitcoin”, opinó Ricardo Navarro, director de la ONG ecologista Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA).

El bitcoin como moneda oficial

El 7 de septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país en utilizar el bitcoin como moneda de curso legal, lo que según el gobierno ayudaría a recuperar la economía, dolarizada hace dos décadas.

El gobierno apuesta a que el uso del bitcóin contribuya a captar los más de 400 millones de dólares de comisiones que generan las remesas que envían salvadoreños desde el extranjero. Esos envíos representan 22 por ciento del PIB del país.

Críticas por maniobras en la Justicia

Medardo Gonzalez, exsecretario general del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), criticó una reciente disposición del Congreso, dominado por aliados del mandatario, que pasó a retiro a los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio.

“Se atentó contra la independencia judicial, eso solo lo hace un gobierno dictatorial y no queremos eso en El Salvador”, dijo González.

La posibilidad de privatizar el agua

En tanto, el coordinador del denominado Frente Sindical Salvadoreño (FESS), Wilfredo Berríos, dijo que salieron a las calles “para exigir al gobierno y a los diputados que no se privatice el agua”.

Actualmente una comisión del Congreso discute una ley del agua con la que se busca proteger el recurso, garantizar su no privatización y que el acceso vital esté garantizado para toda la población.