“Ruptura de la paz social”: buscan condenar a las personas que acompañen a “una organización violenta”

Un polémico proyecto de ley ingresó en los últimos días al Congreso de Chile, que busca castigar penalmente a quienes provoquen la “ruptura de la paz social”. La iniciativa, que propone una modificación del Código Penal, estipula que todas las personas que participen de “una aglomeración violenta” sean sancionados, a pesar de que no se pueda probar ningún delito.  La condena se puede extender desde 541 días a 3 años de prisión en caso de que se pruebe su pertenencia al grupo. 

A todas las personas se las puede enviar a la cárcel por el solo hecho de pertenecer a un grupo que las fuerzas de seguridad califiquen como “violento”, a pesar de que no sean sorprendidos ni se puedan probar los delitos de «robo en lugar no habitado, incendio intencional, destrucción de propiedad, agresión a Carabineros, entre otros”. Así, se crea un delito que encarcela a quiénes estén (solo estén, no tienen que hacer nada) en una manifestación donde se cometan “hechos de violencia”. El gobierno de Sebastián Piñera todavía no se expresó sobre la iniciativa opositora.

Puntualmente, el texto presentado por el senador Francisco Chauán-titulado “proyecto de ley que tipifica el delito de ruptura de la paz social”- indica que “el que participare de una multitud en la cual se cometan actos de violencia contra personas o bienes públicos o privados, será condenado con la pena de reclusión menor en su grado medio”. Esta modificación, asegura Chahuán, “puede solucionar el problema de seguridad pública y al mismo tiempo velar por el respeto a los derechos humanos”.

El proyecto aclara también que, a pesar de que no sean vistos cometiendo ningún delito, por el mero hecho de “ser parte de una manifestación violenta y no retirarse dentro del plazo perentorio establecido razonablemente por la policía” los distintos miembros de la supuesta turba “pueden ser detenidos y sancionados”.

Aunque agrega una salvedad: “Quedarán exentos de pena quienes se retiraren del lugar donde se congregue la multitud, después de haber sido conminados por la fuerza pública a retirarse, salvo que hayan participado de actos violentos o incitado a su comisión”. El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional en el Congreso y siendo analizado por la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República.

Para peor, la iniciativa se presenta en el marco de las múltiples denuncias a los derechos humanos en curso contra Carabineros durante el estallido social. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso más de mil denuncias contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.

Un modelo alemán

De acuerdo al senador, su idea fue tomada de normas impuestas en Alemania, Austria y Suiza. En estos tres países, afirma el senador en la moción ingresada, las acciones antes señaladas están penadas bajo la figura de Landfriedensbruch, traducido como el quiebre del orden público o ruptura de la paz social. En Alemania, incluso la amenaza de actos violentos puede constituir un delito penal, lo que hace difícil o incluso imposible para las personas reunirse pacíficamente y permanecer en lugares públicos. 

En su argumentación, el senador cita el artículo 125 del Código Penal Alemán, que señala que será considerada una “perturbación del orden público”. 

a Quien como autor o partícipe tome parte en:

1. actividades violentas contra personas o cosas o

2. amenazas de personas con violencia, que sea cometidas con fuerzas unidas por una multitud de personas de una manera tal que ponga en peligro la seguridad pública o quien influya en la multitud para propiciar su participación en tales actividades, será castigado con pena privativa de la libertad hasta tres años o con multa, cuando el hecho no esté amenazado en otras disposiciones con un castigo mayor.