La responsabilidad de Ríos Montt

Guatemala

El 23 de julio se reanudará el juicio por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad de Efraín Ríos Montt, en medio de las dudas respecto al favoritismo de la justicia por el ex dictador. El Inacif alegó que se trata de un incapacitado mental, pero por el bien de la reconciliación nacional no se puede entorpecer el proceso legal. Otorgar justicia es un deber del Estado.

Efraín Ríos Montt- Foto: npr.org

María Aguilar- El Periódico (Guatemala) 

Para este 23 de julio está programada la reapertura del juicio contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez por delitos de genocidio y deberes contra la humanidad. Sin embargo, existen dudas sobre el camino del proceso dado el dictamen del Inacif, que declaró a Ríos Montt incapacitado mentalmente para atender el juicio y contribuir en su defensa. La decisión es cuestionada por los métodos utilizados, y presenta dudas sobre favoritismos de la justicia hacia el exdictador. Positivamente, la jueza que entabló los dictámenes para entorpecer el juicio, Carol Patricia Flores, está en riesgo de perder su inmunidad por acusaciones de enriquecimiento ilícito, lo cual hace cuestionar sus dictámenes durante el juicio del 2013.

Un elemento substancial en la reflexión nacional es entender que cuando se denuncia el delito de genocidio en Guatemala, esto no se limita solo al pueblo ixil. Por eso, a los negacionistas del genocidio –nacionales y extranjeros– hay que recordarles que la CEH determinó que el 93 por ciento de las violaciones a derechos humanos documentadas, fueron cometidas por fuerzas de seguridad del Estado y, de estos, el 80 por ciento de las víctimas fueron indígenas. Entre 1981 y 1983 el arrasamiento se centró en las regiones Maya-Q’anjob’al y Maya-Chuj al norte de Huehuetenango; Maya-Ixil de Nebaj, Cotzal y Chajul; Maya-K’iche’ de Joyabaj y Zacualpa, y Maya-Achí en Rabinal, Baja Verapaz. En estos cuatro pueblos mayas la CEH reconoció que se cometieron actos de genocidio.

“Cuando se denuncia el delito de genocidio en Guatemala, esto no se limita solo al pueblo ixil. Por eso, a los negacionistas del genocidio –nacionales y extranjeros– hay que recordarles que la CEH determinó que el 93 por ciento de las violaciones a derechos humanos documentadas, fueron cometidas por fuerzas de seguridad del Estado “

Sin embargo, hubo poblaciones con miedo a declarar cuando se elaboró el Informe de la Verdad, de lo contrario, las regiones arrasadas que se hubiere documentadas fuesen más. Con excepción del pueblo ixil, los otros pueblos aún no llevan sus procesos a las cortes.

Demandar justicia es un derecho y una necesidad humana para los pueblos indígenas. Otorgar justicia es un deber del Estado sí se quiere avanzar hacia algún tipo de reconciliación nacional. Pero esto nunca se logrará si el Estado y las elites –temerosas de su rol en el financiamiento del genocidio– siguen entorpeciendo procesos y negando su responsabilidad.

¡Por ser un crimen contra la humanidad el genocidio debe ser juzgado y castigado!

 

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