Reunión con Bachelet: el gobierno, abierto “a corregir lo que haga falta”

Tras la visita de la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, el gobierno de Venezuela dijo estar dispuesto “a corregir» lo que haga falta, en línea con los consejos que brinde el organismo internacional. Los miembros del Gabinete de Nicolás Maduro reconocieron la crisis que vive el país y esgrimieron que la situación es consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2017.

«Queremos que la oficina de la alta comisionada de manera constructiva nos recomiende, nos sugiera, nos oriente y poder ir de la mano con ellos a (…) corregir lo que haya que corregir, a rectificar donde haya que rectificar para poder preservar los derechos humanos de los venezolanos», aseguró el canciller Jorge Arreaza luego de su encuentro con Bachelet.

En una declaración a través de la televisión gubernamental, el canciller añadió que también conversó con Bachelet sobre el impacto dañino del «bloqueo financiero y comercial», como se refiere a las sanciones de Estados Unidos para asfixiar a Maduro.

Arreaza dijo haber señalado a la alta comisionada que esas medidas, que incluyen una prohibición a la venta de petróleo venezolano en el mercado estadounidense, dificultan el «avance del modelo de protección de los derechos humanos» del gobierno.

Según Caracas, las medidas punitivas de Washington complican la importación de alimentos, medicinas e insumos hospitalarios, y han causado a la economía un daño calculado en unos 30.000 millones de dólares. “Es un bloqueo ilegal, que va contra el derecho internacional”, afirmó el canciller.

Por su parte, el fiscal general, Tarek William Saab, entregó a Bachelet un informe en el que responsabilizó a los opositores de 77 asesinatos ocurridos en medio de protestas antigubernamentales, de un total de 160, según datos oficiales. Saab, que no señaló a los culpables de las 83 muertes restantes, resaltó que esta «cifra alarmante» se debe a «ciudadanos que militando en partidos políticos adversos al Gobierno venezolano han cometido graves daños».

A pocos metros del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras Bachelet se reunía a puerta cerrada con los representantes de los poderes públicos, un grupo de trabajadores petroleros reiteró la exigencia del pago de una deuda laboral, reclamo que reivindican 587 empleados de Petróleos de Venezuela desde hace año y medio.

Simultáneamente, en la sede del PNUD organizaciones civiles y de derechos humanos pidieron la liberación de los presos por motivos políticos y la atención a la crisis humanitaria. El director de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero, afirmó que «sigue pendiente» la exigencia de que liberen a los 687 «presos políticos».