República Dominicana volvió a rechazar la despenalización del aborto

El parlamento de República Dominicana votó nuevamente en contra de la despenalización del aborto por causales y solamente habilitó la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre, pero con algunas ambigüedades en la redacción del proyecto. Así, la isla seguirá teniendo una de las normativas más restrictivas de América Latina sobre el aborto, vigente desde 1884.

Los legisladores analizaron cambios al duro Código Penal dominicano, que sanciona con penas de hasta dos años de prisión para las mujeres y niñas que induzcan abortos, y de hasta 20 años para los profesionales médicos que los practiquen.

La comisión bicameral acordó que no se penalizará el aborto solo cuando está en riesgo la vida de la madre, pero decidió mantener las sanciones para cualquier otra circunstancia.

Las organizaciones feministas del país reclaman que se elimine del Código Penal las condenas de cárcel para las mujeres que aborten en caso de que el embarazo represente riesgo para la vida de la madre, si el feto no tiene opción de vivir fuera del útero o en el caso de violación o incesto.

La Cámara de Diputados ya votó en este sentido y el tema está ahora en manos del Senado. Pero en el parlamento solo hay consenso para despenalizar el aborto en caso del riesgo de muerte de la madre y si se “agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles en el centro de salud al momento del hecho”.

El grito por el aborto por tres causales en Dominicana

Miles de dominicanas marcharon este año reclamando la despenalización del aborto. Las organizaciones feministas rechazan la propuesta que se está votando en el Congreso porque advierten que la letra chica no permite a la mujer decidir por sí misma.

“La interrupción del embarazo practicado por personal de la salud especializado en establecimientos de salud, públicos o privados, no será sancionada si, para salvar la vida de la madre y del feto en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles en el centro de salud al momento del hecho”, establece puntualmente.

Los abortos clandestinos ubican a República Dominicana entre los países con una tasa más alta de muertes maternas de América Latina, con 127 decesos por cada 100.000 nacidos vivos.

El presidente Luis Abinader había intentado someter la cuestión a referéndum, algo que fue duramente rechazado por tratarse de una cuestión de derechos humanos.

De hecho, hace dos años Human Rights Watch advirtió que el país tiene políticas que fomentan el embarazo adolescente y el aborto inseguro. “Las adolescentes necesitan educación sexual así como servicios de salud adecuados, incluido acceso a aborto seguro y legal”, alertaron en un informe.

Los datos de Salud Pública muestran que el 20,5 % de las dominicanas de 15 a 19 años quedan embarazadas en la adolescencia y la mayoría de estos embarazos no son planeados ni deseados.