Referéndum en Uruguay: con un ajustado resultado ganó el NO a la derogación de la LUC

La opción por NO derogar 137 artículos de la una de las leyes centrales del gobierno de Luis Lacalle se impuso por una ajustada mayoría en el referéndum que se realizó este domingo en Uruguay para decidir el destino de la ley de Urgente Consideración, cuestionada por organizaciones sociales y de derechos humanos y gran parte del arco opositor.

Según datos oficiales, el No (la postura favorable a la continuidad de la vigencia de esos artículos) obtuvo el 51,2% de los votos contra 48,8% que votó por el Sí (a la derogación).

El porcentaje de votos por la vigencia de la norma incluía 1,32% de votos en blanco, que, de acuerdo con las reglas de la consulta, son considerados a favor de esa postura.

El resultado fue tomado por el gobierno como una victoria política, sobre la campaña que dividió al país a favor y en contra del gobierno en los últimos días. Al conocerse los resultados, cientos de partidarios del oficialismo salieron a las calles de Montevideo a celebrar y a concentrarse en la plaza Independencia.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se negó a reconocer la derrota y advirtió que «a esta hora no pueden decir que ganó el No», al pronunciar un discurso en la explanada de la intendencia de la capital. «Con todo el poder, con todos los medios, con toda la estructura a su favor les hicimos un partido parejo y con 15 minutos más, seguro se lo ganamos», agregó Pereira.

Poco antes, el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y dirigente de la Comisión por el Sí, José Olivera, dijo que los resultados mostraban un «mensaje político» para el gobierno y sostuvo que «no se puede seguir dando la espalda a la mitad de la población».

Votó el 85% de las más de 2,6 millones de personas que estaban habilitadas, informó la Corte Electoral. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, aseguró al Canal 5 de televisión que no se registraron incidentes y calificó la jornada como «ejemplar».

En la consulta se votó a favor de derogar o ratificar 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que fue sancionada en 2020 y generó reformas en varias áreas, incluyendo educación, seguridad, trabajo, administración pública y finanzas.

A favor o en contra del gobierno

Las encuestas previas habían vaticinado una consulta de resultado ajustado. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, luego de emitir su voto en Montevideo, sintetizó que «acá está en juego cómo va a ser Uruguay para adelante» porque si se imponía la derogación, «el gobierno deja de tener herramientas para trabajar».

Tras votar en Canelones, a unos 50 kilómetros al norte de Montevideo, Lacalle Pou destacó el hecho de que el futuro de los 135 artículos de la LUC se resolviera a través de «un instrumento de democracia directa». Recordó que la norma cuestionada «tiene un gran porcentaje de artículos votados por todos» los partidos con representación en el Parlamento.

El expresidente José Mujica (2010-15), del FA, votó en una escuela en el oeste de Montevideo y sostuvo sobre el referendo que «no hay ningún triunfo ni ninguna derrota, es un paso cívico de madurez que da el país».

Mujica, cuyo partido gobernó 15 años hasta el triunfo de Lacalle Pou, en 2019, dijo que un eventual triunfo del No a la derogación de los artículos no podría interpretarse como un respaldo al gobierno. «El gobierno es más que un presidente; nosotros elegimos presidente, no monarca, somos una democracia de partidos», dijo.

Por otra parte, Mujica criticó a Lacalle Pou por haber hecho campaña a favor de la ratificación de los artículos: «¿Qué le parece? Es la primera vez que un presidente se mete en campaña electoral», dijo a un periodista.

La ley en cuestión

La LUC fue sancionada el 8 de julio de 2020 en el Congreso, con 476 artículos, aunque había ingresado con 501.

Entre otras cuestiones, limita el derecho de huelga, declara ilegítimos a los piquetes en espacios públicos o privados que «afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios», establece la figura de la «apariencia delictiva» y aumenta el límite de transacciones en efectivo hasta 100.000 dólares, lo que algunos sectores consideran que habilita el lavado de dinero y permite la evasión de impuestos.

Además, elimina la obligación de la educación inicial y recorta las funciones del Estado en el área, crea una modalidad de desalojo exprés de viviendas alquiladas y evita el modelo cooperativo de construcciones de casas, y habilita el cierre y/o la privatización de áreas estratégicas de la petrolera estatal Ancap.