Rechazo a la “letra chica ambiental” del acuerdo covid de Piñera: Denuncian que acelerará la depredación ambiental en Chile

El Gobierno de Chile y las principales fuerzas de la oposición acordaron la creación de un fondo especial de 12 millones para mitigar el duro impacto social y económico de la pandemia del coronavirus en el país. Los ambientalistas levantaron las alertas sobre un apartado del pacto que propone reducir los plazos de la evaluaciones ambientales y acelerar proyectos mineros y energéticos que ponen en riesgo a la naturaleza. “No fueron capaces de buscar una reactivación económica verde, sustentable, algo distinto a lo que nos trajo a la crisis actual”, subrayaron. 

En concreto, el denominado “Acuerdo COVID” establece tres grandes ejes, que hacen referencia a un marco fiscal por los próximos dos años, la protección de los ingresos de las familias y de los trabajadores, y al impulso de la reactivación económica a través de planes de apoyo a los empleos y a la inversión.

Los ambientalistas cuestionan puntualmente un apartado del acuerdo que interpretan como “la reactivación para el modelo extractivista”. Si bien el pacto señala que los permisos se entregarán de forma más rápida pero “asegurando el estricto cumplimiento de las normas ambientales”, los activistas creen que en menor tiempo la letra chica significa: “menores posibilidades de un análisis riguroso y en el caso de existir participación ciudadana, limitación de sus vías de incidencia”. 

Las organizaciones reclaman que la factura por la crisis “no la paguen la naturaleza y las comunidades”. Al mismo tiempo, creen que se está utilizando a la Covid-19 como pretexto para seguir depredando y abultando los bolsillos de los empresarios de siempre. 

Este es el párrafo de la discordia: “seguir las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Productividad para reducir plazos y procedimientos regulatorios dentro del marco administrativo, así como disminuir tiempos en otorgamiento de permisos para inicios de inversión y reducir los plazos en evaluación ambiental de grandes proyectos por la misma vía, asegurando estricto cumplimiento de normativas ambientales”.

En este sentido, el abogado y Director Ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa expresó su preocupación respecto a las implicancias ambientales que puede tener esta medida. “Nos preocupa que la reducción de plazos de evaluación ambiental de proyectos sea a costa de la protección del medio ambiente y por supuesto nos preocupa que sea a costa de la participación ciudadana”, explicó. 

“Chile puede y debe avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo centrado en una economía verde”

En la misma línea, las comisiones ambientales de los partidos Convergencia Social, Comunes, Revolución Democrática, Liberal, Federación Regionalista Verde Social, Democracia Cristiana, Comunista, Socialista, Radical, Por la Democracia y Progresista hicieron una declaración pública contra la iniciativa. 

En el texto, que cuenta con la curiosa presencia de los mismos partidos que suscribieron el acuerdo con el Gobierno (PPD, PS y DC), reclaman al Gobierno que se apunte «hacia una reactivación económica sustentable y hacia un modelo de desarrollo ecológico».

«Nuestro país vive una grave crisis sanitaria, social, económica, política y ecológica, sin precedentes en su historia. Al estallido social de octubre, la crisis del agua, las zonas de sacrificio, entre otros problemas ambientales, se ha sumado una catástrofe sanitaria que no sólo está matando a miles de personas, también está generando el mayor retroceso económico y social de los últimos cuarenta años en Chile y el mundo», señala la declaración.

En este punto, indicaron que «aunque el acuerdo señala la intención que la reactivación económica sea sustentable y una inversión con énfasis “verde”, a pesar de los esfuerzos de los firmantes del acuerdo por darle mayor profundidad, finalmente no integra nada concreto en cuidado ambiental».

Por último, las comisiones opositoras demandaron «al gobierno y a sus propios partidos», tomar con sentido de urgencia las medidas necesarias para avanzar hacia una transición ecológica, que traiga un desarrollo con justicia ambiental, y que además permita a Chile cumplir con su aporte a la meta de detener el calentamiento global.

«Chile puede y debe avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo centrado en una economía verde, la calidad de vida de las personas y en el cuidado de la naturaleza. Los esfuerzos por atender la pandemia y la crítica situación económica deben también asegurar una reactivación sustentable», añadieron.