Rebelión guatemalteca contra servicio eléctrico

Cientos de comunidades indígenas campesinas de Guatemala resolvieron desconectar los medidores de energía en protesta contra las empresas distribuidoras, que cobran costos excesivos a los usuarios. Todo se inició hace una década pero ahora son más de mil los poblados que se conectaron de manera directa al sistema de electricidad. Reclaman la renacionalización del servicio de distribución, privatizado en pleno neoliberalismo y subvencionado por el Estado, pero impagable para muchos ciudadanos.

 

 Ollantay Itzamná – Otramérica

“No es que no queremos pagar la luz. Ya no podemos pagar. Últimamente las facturas venían con cobros hasta de 5 mil y 10 mil quetzales (entre 600 y 1.200 dólares). Por eso decidimos desconectarnos de la empresa y conectarnos directamente hasta que se nacionalice la luz (…)”, indica Eusebio García, abuelo maya campesino en resistencia por la nacionalización de la energía eléctrica, en Jalapa, Guatemala.

Si hasta hace algunos años atrás, el manipular un medidor (contador) domiciliario de la energía eléctrica era casi un pecado capital, un verdadero atentado autocensurado contra la propiedad privada (de la empresa distribuidora de energía), ahora aquel miedo es sólo un recuerdo para los cientos de comunidades en resistencia en la Guatemala empobrecida. Un país en el que el 75% de sus habitantes aún cocina con leña sus alimentos, según el Ministerio de Energía y Minas, 2013.

La privatización de la distribución de la energía eléctrica y el subsiguiente encarecimiento exacerbado del kilovatio hora de electricidad, sin mejoras en el servicio, terminó liquidando la paciencia casi estoica de indígenas mayas (a quienes la energía eléctrica los empobreció aún más). Según el Banco Mundial, para el 2010, el 20% de guatemaltecos no tenía acceso a la energía eléctrica.

 Un método inédito de resistencia popular

Amparados en el artículo 44° de la Constitución Política de Guatemala que establecen la preeminencia del interés colectivo sobre el interés privado, y del artículo 45° de la misma Ley, que dispone el derecho a la resistencia popular ante la violación de derechos, centenares de comunidades indígenas campesinas se mantienen desconectados de los medidores de la empresa distribuidora de energía, y conectados de manera directa al sistema de electricidad. La consigna es contundente: “Mientras no se nacionalice la energía eléctrica, no pagaremos la luz”.

Para tomar esta medida límite, las comunidades se autoconvocan a asambleas comunales y eligen su junta directiva local. Levantan un acta indicando que se declaran en resistencia. Luego, proceden a cortar los cables de los medidores de energía y conectan la electricidad a las viviendas de manera directa. Colocan sus mantas (letreros) en los ingresos a las comunidades advirtiendo el rechazo público a la empresa privada de electricidad.

Esta resistencia en Guatemala comenzó en el Departamento de San Marcos, a inicios de la década pasada. Pero, tomó fuerza inédita en la Costa Sur de Guatemala (2008) cuando las comunidades organizadas en el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) obligaron a su dirigencia a extender la lucha a todo el territorio nacional.

«La renacionalización del servicio de la energía eléctrica en Guatemala

es un asunto de derechos y de soberanía energética. ¿En qué cabeza

cabe que un Estado (casi colapsado como Guatemala) produzca energía

eléctrica para que empresas privadas lucren sin control con este servicio? «  

Ahora, fácilmente las comunidades en resistencia ya superan los mil. Presentes en más de 100 municipios del país, y en 20, de los 22 departamentos. En las comunidades en resistencia no todas las familias se desconectan. Pero, la lucha, en la medida que pasa el tiempo, se masifica y amenaza en convertirse en un punto de inflexión para la triste historia neoliberal de Guatemala.

El Estado produce; las empresas extranjeras, comercializan

El 100% de la energía eléctrica que se consume en Guatemala lo provee el Estado de Guatemala, mediante el Instituto Nacional de Electricidad (INDE). Cerca del 80% de energía eléctrica lo produce el Estado (el 20% restante lo compra a las privadas). Más del 50% de esta energía es de matriz hídrica.

Hasta antes de la persistente y dolorosa oscuridad neoliberal, INDE era el único distribuidor de la electricidad en el país. Pero, la fiebre neoliberal hizo que corporaciones extranjeras se apropiasen de este jugoso negocio, cuyas ganancias millonarias jamás sabrá con exactitud el pueblo guatemalteco.

En la actualidad, la empresa ENERGUATE (parte de la corporación inglesa ACTIS) monopoliza la distribución de la energía eléctrica en 19 departamentos del país. Y la Empresa Pública de Medellín (EPM), en los tres restantes.

Según el Sindicato de Trabajadores del INDE, esta empresa pública vende a las empresas distribuidoras de electricidad a 0.66 quetzales el kilovatio hora de energía. Y, éstas cobran al consumidor a 1.89 quetzales (0.23 dólares) el mismo kilovatio hora. Cobran por alumbrado público hasta 100 quetzales mensuales en comunidades donde ni existe dicho servicio. Las empresas distribuidoras ganan nada menos que 1.23 quetzales (0.15 dólares) por kilovatio hora de electricidad que consume cada guatemalteco (CODECA, 2013).

Estas empresas concesionarias de la distribución de electricidad en Guatemala no hicieron mayores mejoras para ampliar el servicio de energía eléctrica. Rentabilizan el cableado eléctrico e infraestructura instalados por INDE antes de la privatización. Es más, el empobrecido Estado de Guatemala transfiere anualmente cerca de 1,600 millones de quetzales (200 millones de dólares) a las empresas concesionarias de distribución de energía por concepto de subvención por tarifa social (para usuarios que consumen hasta 100 kilovatio mes), pero este aporte, lejos de ir a la ampliación o mejora de los servicios, al parecer ingresa como parte de las utilidades de las empresas distribuidoras.

La renacionalización del servicio de la energía eléctrica en Guatemala es un asunto de derechos y de soberanía energética. ¿En qué cabeza cabe que un Estado (casi colapsado como Guatemala) produzca energía eléctrica para que empresas privadas lucren sin control con este servicio? Nadie sabe en Guatemala a cuántos miles de millones de dólares asciende las ganancias de ENERGUATE con este negocio, como tampoco se sabe a cuánto alcanza el monto de los permanentes daños ocasionados a usuarios por las empresas distribuidoras de electricidad.

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