Quiebre definitivo en el Mercosur

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Finalmente triunfó la presión que ejercieron Paraguay, Argentina y Brasil para evitar la presidencia Pro Témpore de Venezuela. La decisión de los gobiernos conservadores forma parte de una estrategia geopolítica para eliminar definitivamente a la República Bolivariana del Mercosur y flexibilizar el bloque. Los débiles argumentos con los que fundamentan la medida.

Martín Natalevich- El Observador (Uruguay) 

Venezuela enfrenta un destino kármico en el Mercosur: ingresó al bloque como miembro pleno gracias a la solidaridad política de Uruguay, Argentina y Brasil, quienes ahora utilizaron, junto con Paraguay, la misma ventana y otro artilugio jurídico para impedir que el país que preside Nicolás Maduro asuma la presidencia pro témpore del bloque y, al mismo tiempo, abrir la puerta a ser segregada como miembro pleno de la alianza regional. Esa segunda instancia se resolverá el 2 de diciembre, plazo fijado como ultimátum en la “nota de consenso” acordada ayer para que el país caribeño adopte los compromisos asumidos al momento de su ingreso, so pena de ser “suspendida” en su condición de miembro pleno de la unión regional.

“Finalmente solucionamos el impasse creado en el Mercosur por la posibilidad de que Venezuela asumiera la presidencia del bloque. Los cuatro países fundadores –Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay– aprobaron hoy una nota de consenso, según la cual Venezuela no asumirá la presidencia del bloque, que a partir de ahora será ejercida por medio de la comisión coordinadora formada por un representante de cada uno de los fundadores. Si al 2 de diciembre Venezuela no cumple con los compromisos que asumió al inicio de su ingreso, será suspendida del Mercosur”. Con esas palabras el canciller brasileño José Serra comunicó a través de un post en sus redes sociales la decisión adoptada por los socios fundadores, que contó con la abstención de Uruguay. En los hechos, como en el Mercosur las decisiones se toman por consenso, la mano baja de Uruguay al momento de votar implica su aval a la postura que adoptó el resto. Su negativa habría hecho naufragar la propuesta impulsada por Brasil, Argentina y Paraguay.

” Venezuela enfrenta un destino kármico en el Mercosur: ingresó al bloque como miembro pleno gracias a la solidaridad política de Uruguay, Argentina y Brasil, quienes ahora utilizaron, junto con Paraguay, la misma ventana y otro artilugio jurídico para impedir que el país que preside Nicolás Maduro asuma la presidencia pro témpore del bloque “

La decisión fue comunicada asimismo y casi en simultáneo por las cancillerías de Argentina y de Paraguay. “Esta declaración refleja el consenso alcanzado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para facilitar el funcionamiento del Mercosur y para coordinar las negociaciones con otros países y grupos de países, así como los pasos a seguir para asegurar el equilibrio de derechos y obligaciones en el proceso de adhesión de Venezuela, atento a que este país no ha incorporado normativa esencial del Mercosur en su legislación nacional”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.

El gobierno paraguayo de Horacio Cartes, por su parte, remarcó a través de su cancillería que la administración de Maduro tampoco ha “suscrito el tratado sobre promoción y protección de derechos humanos en Mercosur firmado en 2005 en Asunción”.

José Félix Rivas Alvarado- Questión Digital 

Uno de los argumentos utilizados en contra de Venezuela para promover su “suspensión” o “degradación” de la membresía en el Mercosur, es el del “incumplimiento” de las tareas de adecuación al Mercosur. Este argumento, que se presenta como razón técnica, en realidad forma parte de una estrategia política temeraria expresada en un modus operandi que la coloca al margen de la normativa que fundamenta la existencia de este bloque regional.

En este sentido, es importante aclarar que:

  • Sancionar el “incumplimiento” no está contemplado en la normativa del Mercosur.
  • Por elcontrario, este proceso de adecuación parte de los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio invocados tanto en el Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur, como en el propio Tratado de Asunción, como guías del proceso de integración.
  • El actual grado de avance en la adecuación normativa de Venezuela puede demostrar que, sea cual sea el retraso, éste no es un acto de mala fe, ni su magnitud es tan grave como se ha tratado de instalar en el imaginario colectivo por aquellos que quieren a Venezuela excluida del Mercosur.

Estatus de la adecuación de Venezuela en el Mercosur

El espacio donde se venía haciendo seguimiento al avance de las tareas de adecuación de Venezuela en el MERCOSUR, es el Grupo de Trabajo para la incorporación de Venezuela al Mercosur (GTVEN). Este espacio se reunió la última vez en el pasado mes de mayo en Montevideo, bajo la Presidencia Pro Témpore de Uruguay (PPTU). Una de las primeras convocatorias de Venezuela, en ejercicio de su condición de Presidencia Pro Témpore en el presente semestre, fue convocar un GTVEN para el viernes 12 de agosto, pero esta convocatoria fue desconocida por la mayoría de los Estados autodenominados como “fundadores”.

Para evaluar este estatus de las tareas de adecuación, es importante distinguir entre dos categorías, una es la adecuación del acervo normativo y, la otra es la adecuación comercial.

Cumplimiento de la adecuación normativa

En el caso de la adecuación normativa, la República Bolivariana de Venezuela ha incorporado alrededor del 85,0% de las normas que debe y puede incorporar. Esto es un desempeño importante, si se considera que Venezuela tenía que hacer en 4 años lo que el resto de los miembros del Mercosur han incorporado durante los 25 años que tiene de existencia el bloque de integración.¡25 años contra 4 años!.

Como se puede observar, si se quiere calificar este retraso no se le puede adjudicar el calificativo de “grave”, como se ha venido ponderando exageradamente.

Por otro lado, es totalmente válido que exista un conjunto de normas del acervo normativo cuya incorporación al ordenamiento jurídico venezolano representa un alto nivel de imposibilidad, principalmente debido a razones de constitucionalidad, legalidad o defensa del interés nacional, es decir, con base a nuestra potestad soberana.

Venezuela, como Presidencia Pro Témpore del Mercosur (PPTV), ha mostrado toda la voluntad de aclarar esta situación, dentro de la legalidad y la institucionalidad del Mercosur, por ello convocamos una reunión para el 12 de agosto de 2016, en la instancia donde se debe discutir este estatus, el Grupo de Trabajo de Venezuela (GTVEN). Esta convocatoria fue boicoteada, en el marco del desconocimiento de nuestro ejercicio como PPTV, con argumentos que no tienen sustento legal.

” La llamada “convocatoria conjunta” firmada por los cuatro coordinadores nacionales de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay no es precisamente una invitación diplomática, visto el talante de su redacción, es más bien una resolución, es una acta de notificación de una sentencia acordada en un juicio en ausencia “

Luego, se sigue forzando y fracturando la barra institucional cuando se llega al exabrupto de asignarle a un grupo, que para la prensa se bautiza como los “Coordinadores Nacionales de los Estados Fundadores”, la tarea de evaluar el estatus de Venezuela y, luego éstos “autoconvocados” terminan celebrando, el pasado 23 de agosto, una reunión al margen de la ley. Previamente, esta reunión había sido convocada bajo una nota circulada por Argentina, que si bien se presenta como “una nota conjunta”, en realidad descon
oce y usurpa nuestro rol convocante como PPT. Se convoca a Venezuela para leerle la sentencia de un juicio, en el supuesto negado que esto fuera posible, dictado por supuestos plenipotenciarios “fundadores”, que no califican como jueces, y con total prescindencia del derecho a la defensa.

La llamada “convocatoria conjunta” firmada por los cuatro coordinadores nacionales de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay no es precisamente una invitación diplomática, visto el talante de su redacción, es más bien una resolución, es una acta de notificación de una sentencia acordada en un juicio en ausencia. En ningún lado de la normativa legal del Mercosur, se puede encontrar un sustento jurídico que apuntale esta acción política.

Cumplimiento de la adecuación en materia comercial

El MERCOSUR tiene un conjunto de reglas comerciales que deben ser normadas e incorporadas por los Estados que ingresen al bloque, para que el comercio entre sus socios fluya dentro de unas reglas de juego que cumplan la principal razón de ser del Mercosur. Estas “reglas del juego” se encuentran en el Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, conocido en el lenguaje del Mercosur y ALADI como el ACE 18, que permite regular las condiciones mediante las cuales los Estados Parte procurarán el establecimiento del Mercado Común. Por tanto, es muy importante su adopción por parte de Venezuela. Se viene acusando a Venezuela de incumplida con este compromiso adquirido. En esta dimensión del proceso de adecuación, el ACE 18, también se ha sobredimensionado su calificación.

Cuatro aspectos hay que tomar en cuenta para matizar este juicio categórico que sentencia que Venezuela ha incumplido con la adecuación comercial. El primero es que la República Bolivariana de Venezuela, desde la firma de la norma en diciembre de 2012, incorporada en marzo de 2013, adoptó algo muy importante como la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), que es el vocabulario común que facilita la identificación y clasificación de las mercancías que se intercambian entre los miembros del esquema de integración.ven mercosur bandera

Un segundo instrumento, es el Arancel Externo Común (AEC) del Mercosur, en el cual Venezuela avanzó tempranamente ya que se planteó su incorporación en diciembre de 2012, mediante la adopción de la norma que fue internalizada en marzo de 2013.

En cuanto a la adopción del AEC del Mercosur por parte de Venezuela, hubo una manipulación informativa a mediados del pasado mes de julio, cuando se circuló la versión falsa que Venezuela se tardó 4 años en adoptar el Arancel Externo Común.

” Venezuela estableció, en conjunto con la mayoría de los socios del Mercosur, los programas de liberación comercial, los cuales se han estado cumpliendo con absoluta normalidad. Con Argentina, Brasil y Uruguay se establecieron los cronogramas de desgravación, acordados de manera bilateral, en los Acuerdos de Complementación “

Igualmente, Venezuela incorporó el Certificado de Origen Digital (COD), el cual permite disponer de mayores estándares de seguridad a la certificación de origen y contribuye a la facilitación del comercio entre los Estados integrantes del MERCOSUR.

Finalmente, un cuarto elemento importante es el referente a los Programas de Liberación Comercial (PLC). Sería interesante preguntarse ¿Cómo ha hecho Venezuela para estar en el Mercosur, mantener un flujo comercial, si no ha adoptado el ACE 18? Porque tal como lo presenta el poder fáctico que hoy amenaza al MERCOSUR, “Venezuela no ha hecho nada para avanzar en materia comercial”. Esta es una de las hipérboles presentes en la retórica esgrimida por la campaña para discriminar y aislar a Venezuela.

Venezuela estableció, en conjunto con la mayoría de los socios del Mercosur, los programas de liberación comercial, los cuales se han estado cumpliendo con absoluta normalidad. Con Argentina, Brasil y Uruguay se establecieron los cronogramas de desgravación, acordados de manera bilateral, en los Acuerdos de Complementación Económica (ACEs) firmados en diciembre de 2012. En el caso de Venezuela-Argentina, es el ACE 68, mientras que con Brasil-Venezuela es el ACE 69. Estos cronogramas alcanzan el 100% de desgravación en el año 2018.  En el caso de Uruguay, Venezuela negoció con este Estado la desgravación total e inmediata del comercio recíproco mediante el ACE Nº 63, alcanzando con dicho país un nivel de preferencia arancelaria de 100% (esto es, 0% de arancel).

Mientras que, en el caso de Paraguay y Venezuela, está el ACE 64, que de igual modo otorga a Paraguay un nivel de preferencia arancelaria de 100% (esto es, 0% de arancel), pero que no se encuentra vigente, dado que Paraguay no ha hecho por su parte las gestiones necesarias para internalizar dicho instrumento (está en mora).

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