“Queremos Justicia”: indígenas guatemaltecas contra el proyecto de amnistía a crímenes de lesa humanidad

Un grupo de mujeres indígenas maya achí, víctimas de violencia sexual en el conflicto armado de Guatemala, exigieron este miércoles a la Corte que frene una iniciativa que busca establecer la amnistía para los crímenes ocurridos en la guerra de 1960 a 1996. “Queremos justicia y no queremos que se repita lo que sucedió en el pasado”, aseguró una de las víctimas. Para Amnistía Internacional, el proyecto de ley “amenaza gravemente los derechos humanos”.

Las mujeres, que se presentaron a la sede del Constitucional acompañadas de sus abogados, interpusieron un amparo contra la ley 5377 de reforma a la Ley de Reconciliación Nacional por la existencia de una “amenaza cierta, inminente y futura” que “generaría daños irreparables”. De aprobarse las reformas, la ley obligaría al sobreseimiento y la liberación de las personas que cumplan condena o estén siendo procesadas por delitos de lesa humanidad, en su mayoría miembros de las fuerzas armadas.

“Se ha decidido presentar una acción constitucional de amparo en contra del Congreso de la República para que detenga el procedimiento legislativo que pretende aprobar estas reformas”, dijo a periodistas la abogada Lucía Xiloj.

La jurista señaló que representa a 36 mujeres indígenas de la etnia maya-achí, quienes mantienen desde el año pasado un proceso penal contra seis exparamilitares señalados de delitos de lesa humanidad por violencia sexual cometidos en el municipio norteño de Rabinal a principios de la década de 1980.

Una de las víctimas, Paulina Ixpatal, aseguró que ella y 35 mujeres más sufrieron “violencia sexual en el año de 1982, en el destacamento militar de Rabinal”, en el departamento norteño de Alta Verapaz. La aprobación de la ley “nos afectaría” pues “queremos justicia y no queremos que se repita lo que sucedió en el pasado”, sostuvo frente a los medios tras haber interpuesto el amparo ante el Constitucional.

Por su parte, Negrina López, otra de las sobrevivientes, contó que además de haber sido víctima de violencia sexual también fue víctima del Ejército, que “mató a mis papás cuando yo tenía 12 años”, por lo que ahora, a través de la justicia, “no vamos a permitir que nos regresen a los años 80 ni que salgan todos de la cárcel libres, como quieren hacerlo”.

Amnistía Internacional, por otro lado, aseguró que la ley “pondría en riesgo los derechos humanos de miles de personas en Guatemala” y los procesos judiciales que se estaban llevando adelante contra los imputados por delitos de lesa humanidad. “Estos avances han sido posibles gracias a los valientes e incansables esfuerzos de las víctimas, sus representantes legales, fiscales y las personas y organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos. Con estas leyes se juega también el futuro de la lucha contra la impunidad”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

De acuerdo a AI, la iniciativa pretende agregar controles excesivos y requisitos onerosos para el registro y funcionamiento de las ONG en el país. Además, otorga amplios poderes al gobierno para suspender definitivamente las actividades de una ONG por causas como la alteración del orden público, un término ambiguo cuya interpretación podría llevar al cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil y a la profundización de la criminalización a través de la imposición de sanciones penales para aquellos defensores de derechos humanos que las integren.