Qué pasó en Colonia Dignidad: la secta chilena que colaboró con Pinochet y esclavizó a cientos de personas

La impunidad marca la historia de Colonia Dignidad, el asentamiento alemán fundado por el exmilitar nazi Paul Schaefer en 1961, escenario durante más de tres décadas de las más flagrantes violaciones a los derechos humanos en el país. Bajo el camuflaje de una sociedad benefactora ultrareligiosa, en el predio funcionó un régimen autoritario de tortura y al poco tiempo se convirtió también en un centro de detención clandestino de la dictadura pinochetista. A más de cincuenta años de las primeras denuncias, los excolonos y las organizaciones de derechos humanos aún reclaman justicia.

Schaefer fue detenido en 2005 en Argentina, en el barrio de Tortuguitas, en el marco de una investigación judicial que solamente tuvo en cuenta las violaciones sistemáticas a los niños (primero huérfanos alemanes de la segunda guerra mundial y luego muchos secuestrados en pueblos vecinos). Murió en abril de 2010, a los 88 años, en una prisión chilena.

Este mes, más de cien colonos presentarán una demanda millonaria al estado chileno para reclamar una indemnización por haber sido víctimas de secuestro y esclavitud dentro de la colonia, hoy renombrada como Villa Baviera.

En paralelo, las organizaciones de Derechos Humanos esperan que las excavaciones en las fosas clandestinas halladas en 2018 impulsen el avance de la causa sobre los cientos de prisioneros políticos asesinados que pasaron por Colonia Dignidad, cuyos cuerpos fueron enterrados y luego inhumados en 1978, durante la denominada «operación retiro de televisores» con la que Pinochet encubrió sus crímenes.

Las investigaciones estaban prácticamente paralizadas, a pesar de que se contaba con un archivo de más de 40 mil fichas sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron allí y que se tenía certezas sobre las fosas. Recién se reabrieron en 2014, luego de que el juez Jorge Zepeda cediera la última querella al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza.

“Hay una falla importante de la justicia. Los primeros casos que se empiezan a investigar de la Colonia son casos de los cuales había testimonios flagrantes de que las personas habían sido llevadas ahí, que eran detenidos desaparecidos”, explicó a Latinoamérica Piensa Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y Derechos Humanos Colonia Dignidad.

Crímenes contra los colonos

Schaefer se radicó en la región chilena de Maule con aproximadamente 230 seguidores de su “Misión Social Privada” que había logrado cooptar en Alemania, golpeados por el fin de la Segunda Guerra Mundial. Técnicamente, la secta había sido creada en territorio europeo, en la ciudad alemana de Siesburg, desde donde Schaefer tuvo que escapar por las denuncias por abuso sexual de niños en su contra. Ese fue el motivo que lo llevó a viajar hasta Chile acompañado por sus seguidores. La manipulación espiritual que ejercía sobre el colectivo le permitía dominarlos y someterlos, amparado por un grupo de jerarcas que se ocupaban de imponer las reglas de su régimen totalitario.

El estado paralelo de Schaefer funcionaba bajo completo hermetismo, allí se promovía como lema que el trabajo era un “culto ofrecido a Dios”, para encubrir el trabajo esclavo en la colonia, donde la jornada laboral era de 24 horas para chicos y grandes. Fueron ellos los que crearon la ciudad, el hospital, las casas, la escuela, las bodegas de almacenamiento y los campos de sembrado. Además, se destruyeron los vínculos familiares y estaba prohibido cualquier contacto sexual entre hombres y mujeres.

Schaefer, no obstante, contaba con toda una red que le permitía siempre tener a niños a su disposición dentro de la colonia para abusarlos. Hay testimonios que también dan cuenta de los abusos de los jerarcas a las niñas. “Eran niños martirizados, golpeados sistemáticamente, drogados, muchos de ellos sufrieron electroshock. No podían demostrar ningún signo de rebeldía porque eso significaba un castigo de todo tipo”, resaltó Romero.

Un crudo testimonio retrata el horror de la secta. “Me daban 20 pastillas diarias. No me podía sostener. Era una momia. Ha pasado mucho tiempo pero sigo sin poder leer o concentrarme”, relató en una entrevista Winfried Hempel, ex colono y abogado, impulsor de la demanda millonaria de 117 víctimas contra el estado chileno por haber “mirado para el techo cuando se cometieron los abusos por más de 45 años». Esta es la demanda de mayor envergadura interpuesta contra el Estado por los delitos en Colonia Dignidad, tanto por cantidad de víctimas representadas, como por el monto solicitado, un millón de dólares para cada uno en resarcimiento.

El Estado alemán decidió indemnizarlos por su parte con 11200 dólares a cada uno en mayo de este año, mientras la Justicia de ese país absolvía a la mano derecha de Schaefer, Hartmut Hopp, sobre el que pesaba una condena a 10 años por ser cómplice de al menos 16 casos de abusos en Chile. «No soluciona el problema que hay (…) somos una generación perdida», manifestó por entonces Horst Schaffrick, un alemán que a los 3 años se instaló junto a su familia en el enclave.

La colaboración con la dictadura

Cuando Augusto Pinochet derrocó a Salvador Allende, Schaefer aceitó sus vínculos con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el aparato represivo de la dictadura pinochetista que secuestró, torturó y asesinó a miles de chilenos en los más de 1132 centros clandestinos de detención. Colonia Dignidad fue uno de ellos. Schaefer y los jerarcas ofrecieron el predio como centro secreto de operaciones de inteligencia y como sede de exterminio de presos políticos.

«Me llevaron a la Colonia Dignidad, me pusieron un saco y me subieron arriba de un vehículo y me llevaron, me torturaron a tiros, me aplicaron corriente, me torturaron hartas veces porque ya a lo ultimo no me acuerdo de las cosas que pasaron”, reconstruyó Elias Valenzuela en uno de los testimonios recabados por el Archivo Oral Colonia Dignidad.

Un informe pormenorizado del espacio de memoria Londres 38 analizó las 46 mil fichas de Colonia Dignidad, que habían sido incautadas en 2005 pero que fueron recién liberadas por el juez Zepeda en 2015. El estudio reveló que allí se registraban detenciones de desde 1973 en adelante, con diversas fuentes. Sin embargo, Zepeda no permitió que la causa avanzara.

“Si vos me preguntas por que con tantos antecedentes la justicia no llevó a cabo investigaciones más profundas es porque sencillamente no tuvo la voluntad de hacerlo”, subrayó Romero respecto a la investigación que llevó adelante el magistrado, quien negó el acceso a la documentación a familiares, abogados y hasta a jueces que estaban llevando casos paralelos.

Las condenas, aunque menores (la mayoría a 10 años), sobre los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Colonia Dignidad sólo fueron para miembros de la DINA. “Siempre se intentó de que fueran los organismos represivos chilenos los que sean condenados y no se quería hacer el nexo en que Colonia Dignidad fue uno de los más importantes centros de secuestro, tortura y exterminio en Chile”, contó la presidenta de la Asociación. La mayoría de los jerarcas del predio escaparon a Alemania cuando Schaefer fue detenido en Argentina, porque en ese territorio europeo rige una prohibición de extradición de ciudadanos alemanes.

El gran avance en las investigaciones por los detenidos desaparecidos se hizo en 2015, cuando el nuevo juez Carroza tomó la causa por las inhumaciones ilegales de cuerpos y luego interrogó a los colonos alemanes por los delitos de lesa humanidad, tras 11 años de inacción judicial. El magistrado comenzó a indagar sobre las cerca de 20 fosas que se cree se ocultaron en las 14 mil hectáreas. En 2018 descubrieron una, donde fueron quemados al menos 40 cuerpos.

“Estamos intentando que se continúen las investigaciones adentro, que estas muestras que fueron tomadas de los lugares en los que había fosas comunes y donde existió una gran quema de restos humanos de personas desaparecidas sean llevadas a laboratorios internacionales para ser investigadas”, subrayó Romero. El problema es que “la justicia chilena es lenta y los recursos escasos”, según contó la presidenta de la asociación, quien destacó que otro grave inconveniente para la causa es que “hay testigos y familiares de víctimas que están muriendo”. “Desgraciadamente se ha perdido mucho tiempo”, sintetizó.