Puerto Rico, la Grecia de Centroamérica

Latinoamérica 

La crisis desatada por la deuda se convertiría en un problema para los mercados financieros globales y también en una batalla política local. El plan de ajuste de Anne Krueger, que busca aplicar García Padilla, es resistido por una población castigada por el desempleo y la pobreza. La situación visibiliza el fracaso del Estado Libre Asociado y la necesidad de terminar con el colonialismo.

Redacción- Latinoamérica Piensa 

«La deuda es impagable; no es cuestión de política sino de matemática», admitió el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, en un reconocimiento de la crisis económica generada por una deuda pública que supera los 73.000 millones de dólares que hasta el momento se había negado a aceptar y llega ahora en forma tardía, dejando a la isla caribeña en un limbo legal y financiero, ya que al no ser un estado de Estados Unidos según la legislación federal no puede declararse en bancarrota, y como en el caso de Grecia podría tardar años en resolverse.

La crisis económica portorriqueña tendrá no sólo amplias consecuencias económicas, sino también políticas. El mercado de la deuda municipal en Estados Unidos es gigantesco, pero la cantidad de deuda de esta isla de 3,6 millones de habitantes es de tal calibre que acumula más deuda municipal que cualquier otro estado de Estados Unidos y está tan repartida entre inversores particulares norteamericanos que los expertos temen un desequilibrio financiero de importantes dimensiones.

La administración de García Padilla intenta evitar caer en la cesación de pagos, pero su gobierno no puede seguir pidiendo dinero prestado para hacer frente al déficit presupuestario, mientras necesita hacer que su economía crezca. Si no lo logra, y ante la posibilidad de que los acreedores no quieran negociar, la economía de la isla podría entrar en una “espiral mortal”, según las propias palabras del gobernador. 

» La crisis económica portorriqueña tendrá no sólo amplias consecuencias económicas, sino también políticas. El mercado de la deuda municipal en Estados Unidos es gigantesco, pero la cantidad de deuda de esta isla de 3,6 millones de habitantes es de tal calibre que acumula más deuda municipal que cualquier otro estado de Estados Unidos «

En un mensaje para anunciar su decisión de buscar la reestructuración de la deuda, el gobernador llamó al pueblo, que ya enfrenta altos índices de pobreza, a que asuman la mayor parte de la carga a través de aumentos en los impuestos y recortes en las pensiones.  Es la salida propuesta por un grupo especial de economistas encabezados por Anne Krueger, muy recordada en Argentina por sus severas recomendaciones de austeridad cuando fungía como número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el período 2001-2006, el peor momento de la crisis de la deuda del país sudamericano.

La conclusión del denominado Informe Krueger, titulado «Puerto Rico – Una vía para avanzar», es que la deuda no puede pagarse, no porque sea demasiado abultada, sino porque la economía del país lleva una década sin crecimiento. Estos economistas proponen un respiro al pago de la deuda mediante un canje de bonos con mayores plazos de vencimiento e intereses más bajos, para adoptar medidas tendientes a reanimar la actividad económica, esto es, mayores impuestos y mayor reducción de los gastos del Estado.

El documento se enfoca en sugerir medidas para «bajar el costo de operar en Puerto Rico», como eliminar el salario mínimo y el «bono de Navidad» que reciben todos los asalariados, reducir las vacaciones pagas de los empleados públicos a la mitad, de 30 a 15 días, acotar el pago de horas extra, privatizar la empresa de energía eléctrica, reducir la cantidad de maestros y de escuelas, y restaurar el impuesto al valor agregado.

Desafiando las políticas impuestas por Krueger y el FMI, los gobiernos progresistas de la región en la última década han logrado hacer crecer su economía, sacando a casi 80 millones de personas de la pobreza y expandiendo la clase media hasta representar más del 50% de la población. Sin embargo, con la caída de los precios de los commodities el sector financiero está de regreso cuestionando la sustentabilidad de esos avances, sin reparar en los cambios estructurales desarrollados en la economía latinoamericana en los últimos años.   

Radiografía del Informe Krueger

“Puerto Rico se enfrenta a tiempos difíciles”, comienza el reporte publicado por Krueger y otros dos economistas contratados por el gobierno de la isla para buscar soluciones a la crisis económica, publicado luego de declaraciones del gobernador Padilla, sobre la incapacidad de la isla para pagar sus deudas. El análisis predice que el déficit en la isla será de 3,695 millones a partir del año fiscal 2016, subirá a 5.899 millones en 2018 y a 8.250 millones en 2025.

El documento sostiene: “Los problemas estructurales, las sacudidas económicas y las débiles finanzas públicas han resultado en una década de estancamiento, emigración y deuda. Los mercados financieros alguna vez ignoraron esas realidades pero desde entonces han bloqueado el acceso normal (de Puerto Rico) al mercado”.  

“Una crisis se avecina”, dicen los economistas en su estudio. Las respuestas sobre cómo llegó Puerto Rico a su crisis económica actual pueden ser muchas, pero el reporte de los economistas hace hincapié en tres factores que para ellos resultan determinantes:

1 – Los problemas estructurales

Uno de los problemas señalados por el Informe Krueger es el desempleo, que ha sido exacerbado por la cantidad de generosos beneficios gubernamentales para personas desempleadas o elegibles para ayudas en la isla. El sistema de beneficios sociales en Puerto Rico, que incluye ayudas financieras, seguros médicos y subsidios a utilidades como el agua y la electricidad, ha contribuido a que solo un 40% de la población trabaje o busque trabajo, según el documento.

El resultado ha sido menor uso de los trabajadores y de sus capacidades para producir, y ha reducido la competitividad de la isla en el mercado. La pérdida de profesionales que se han ido a Estados Unidos y otros países también ha perjudicado a la economía puertorriqueña. La población de la isla comenzó a disminuir en 2006, y ha continuado decreciendo en años posteriores. Este fenómeno ha diezmado poco a poco la fuerza laboral en Puerto Rico, señala al estudio.

Otros problemas estructurales incluyen el costo de la energía y del transporte, y leyes locales que regulan el comercio y la inversión en la isla, de acuerdo al escrito.

2 – Las sacudidas económicas

Por años, una de las razones más citadas para el estancamiento de la economía puertorriqueña ha sido el desmantelamiento de la sección 936 del Código de Rentas Internas, que daba incentivos tributarios a empresas estadounidenses de manufactura que invertían y operaban en Puerto Rico. Los incentivos de la sección fueron gradualmente eliminados, y varias empresas cerraron sus centros de manufactura en la isla, contribuyendo al desempleo en la isla, explican los economistas.

El desmantelamiento de la 936 contribuyó a la crisis, dice el reporte. “Es habitual citar la pérdida de los incentivos tributarios como el pecado original detrás de los tiempos duros de Puerto Rico. La pérdida (de la 936) indudablemente vació la base de la manufactura, pero no fue la única sacudida”, argumentan.

Otros factores, entre ellos una caída enorme en el precio de los inmuebles, la recesión en Estados Unidos y la duplicación del precio del combustible entre 2005 y 2012, contribuyeron también a la crisis, según el reporte.

3 – Las débiles finanzas públicas

El manejo financiero del gobierno y
de las compañías que manejan las utilidades en Puerto Rico ha contribuido en gran medida a la crisis fiscal, expresa el informe. “El gobierno central y las tres grandes empresas públicas –la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Departamento de Transportación y Obras Públicas— han sido responsables de la mayor parte del aumento en la deuda pública”, sostiene.

La deuda pública boricua aumentó cada año desde el 2000, y en 2014 había crecido tanto que componía el 100% del producto nacional bruto. El documento cuestiona las proyecciones de presupuesto hechas en años pasados, a las que describe como “extremadamente optimistas”.

Los economistas además señalan que existe poco control de gastos y que las agencias gubernamentales han acumulado más deudas de las que pueden pagar, “alargando la cola de proveedores insatisfechos y aumentando el tiempo que tienen que esperar para que les paguen”.

Recetas para el ajuste

Los economistas contratados por el gobierno puertorriqueño son terminantes sobre la crisis financiera de la isla: para situaciones de urgencia, medidas excepcionales. El equipo liderado por Krueger entregó sus recomendaciones al gobierno y a los legisladores, donde critican que en Puerto Rico es más fácil vivir de los subsidios que de un salario y alertan de que el nivel de deuda es «insostenible». La receta consiste en «un paquete integrado» de reformas cuyo objetivo es frenar drásticamente el gasto público, sin dañar la actividad económica:

1. Poner fin al salario mínimo

El informe es duro con los costos salariales: son demasiado altos y desincentivan las contrataciones de los empresarios. Por eso, piden que Puerto Rico se convierta en una excepción y que el salario mínimo federal no se aplique en la isla. «Los 7.25 dólares por hora son demasiado altos en comparación con los ingresos locales y competidores regionales».

2. Recortar las prestaciones

«Los trabajadores son reacios a aceptar empleos porque el sistema de bienestar les provee ventajas generosas que a menudo exceden la ganancia que genera el salario mínimo». En la isla, el nivel de desempleo es del 12.4%, según la Oficina de Estadísticas Laboral, más del doble del promedio de EEUU. En este punto, el documento sugiere recortar las prestaciones de Medicaid, el programa federal de atención sanitaria a personas con bajos recursos.

3. Subir los impuestos

El estudio respalda la suba del impuesto sobre las ventas hasta 11.5% que ya fuera aprobado y que entró en vigor a partir del 1 de julio. Además, recomienda incrementar los impuestos sobre los beneficios de las empresas y sobre las propiedades. «Los actuales impuestos de propiedad están basados en valores inmobiliarios de 1954», según detalla el texto de 26 páginas.

4. Rebajar el costo energético

El informe se queja de lo caro que resulta el costo de la electricidad en la isla, que está gestionada por una corporación pública a la que acusa de ser ineficiente, desfasada tecnológicamente y con una plantilla sobredimensionada. Afirma que tanto la luz como el agua, para los economistas son un lastre para el turismo, el desarrollo empresarial y la competitividad.

5. Contratar barcos que no sean estadounidenses

En transporte, los economistas creen que Washington debería eximir a Puerto Rico de las leyes de cabotaje, que obligan a contratar solamente barcos con bandera de Estados Unidos. Según el documento, la medida encarece muchísimo el transporte a la isla y provoca que la importación resulte el doble de cara que en islas del entorno.

6. Reestructurar la deuda

Los economistas hablan de un gasto público excesivo y una carga de la deuda asfixiante para la isla de 3.5 millones de habitantes. Para lo primero, recomiendan recortar en 2.000 millones de dólares anuales el gasto, es decir, recortar el 20 % del presupuesto actual. Para la deuda, abogan por una reestructuración, que los vencimientos sean a más largo plazo y den más margen de maniobra al gobierno.

Un compromiso a la medida de los mercados  

La administración puertorriqueña espera que el Congreso de Estados Unidos, país al cual está «libremente asociado», apruebe un proyecto de ley presentado por Pedro Pierluisi, comisionado residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes, que permitiría a la isla acogerse a la ley federal de bancarrota. Pero la iniciativa está estancada en el Congreso, ya que muchos legisladores, especialmente del opositor Partido Republicano, se oponen a esta propuesta a la que consideran un «rescate», a pesar que según sus promotores no tendría ningún costo para el gobierno federal.

La Reserva Federal (Banco Central) tiene prohibido efectuar préstamos a Puerto Rico. Con la reforma del capítulo 9 de la ley federal de quiebras le permitiría a los municipios y empresas públicas puertorriqueñas, principales emisoras de la deuda, declararse en bancarrota y reestructurar sus deudas del mismo modo que pueden hacerlo las ciudades de los 50 estados estadounidenses. 

Consultado el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dejó entrever que la administración de Barack Obama no contemplará ningún rescate financiero, como sí lo hizo el gobierno federal con Lehman Brothers y el sector automovilístico hace unos años. En cambio, la Casa Blanca recomendó a los puertorriqueños buscar planes de financiación «creíbles». Varios legisladores, recordaron que siete años después de la peor crisis financiera en la historia reciente de Estados Unidos, el Congreso no debería ignorar la crisis de Puerto Rico, porque ésta golpeará el bolsillo de sus ciudadanos.

Varios legisladores demócratas de origen boricua se manifestaron consternados por la incertidumbre en la isla. “Como Puerto Rico es una colonia, no podemos ir a la comunidad internacional a pedirle ayuda al Banco Mundial o al FMI, pero Washington no está asumiendo sus responsabilidades como poder colonial”, dijo el congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez.

» La conclusión del denominado Informe Krueger, titulado «Puerto Rico – Una vía para avanzar», es que la deuda no puede pagarse, no porque sea demasiado abultada, sino porque la economía del país lleva una década sin crecimiento. Estos economistas proponen un respiro al pago de la deuda mediante un canje de bonos con mayores plazos de vencimiento e intereses más bajos «

“Todas las agencias del Ejecutivo con las que he hablado dicen que no harán nada para ayudar, pero el pueblo puertorriqueño vive con la incertidumbre de no saber si tendrán luz eléctrica o si se le pagará a la policía (por la seguridad pública) y, hasta ahora, el Congreso no ha puesto atención”, se lamentó Gutiérrez.

La congresista demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, también instó al Congreso, a los partidos políticos en Puerto Rico y al gobierno norteamericano a elaborar en forma conjunta “un plan a largo plazo para responder a las causas de esta crisis”. Esa receta “integral”, a su juicio, incluye la aprobación del proyecto de ley de Pierluisi y el restablecimiento de fondos al sistema de salud en la isla.

El demócrata Federico de Jesús, señaló que Estados Unidos tiene alternativas “que no le costarían un sólo centavo de los contribuyentes”. Y recordó que “el Congreso eliminó los incentivos tributarios en 2006 para impulsar la economía en Puerto Rico”  y que ahora también “puede hacer cambios en la política pública que no conllevan gasto federal”.

El presidente del Consejo Empresarial para la Seguridad Americana y fundador de la firma financiera “Risk Cooperative”, Dante Disparte, subrayó que la crisis afectará las pensiones, los ahorros estudiantiles y otros productos invertidos en la deuda municipal de Puerto Rico. 

Dis
parte sostuvo que “a Estados Unidos debería importarle más esto y no verlo como algo lejano. Así como la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) responde cuando hay un huracán en Puerto Rico, lo mismo ocurre con esta crisis que exige soluciones, por el bien del mercado de bonos global”. 

“Esta crisis afectará a los mercados financieros como la crisis de Grecia, tarde o temprano Estados Unidos la sentirá y absolutamente debe hacer algo, ya sea en un proceso ordenado o en una crisis agravada por impago de la deuda”, sentenció.

Alternativas para el rescate financiero

En medio de la crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico, un estudio del economista Arturo Estrella sobre las normas y prácticas del gobierno estadounidense para prestar ayuda en este tipo de situaciones, concluyó que no existen impedimentos legales ni reglamentarios que impidan al Sistema de la Reserva Federal y al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos proveerle asistencia financiera a la Isla.

La investigación denominada “Puerto Rico Government Debt and the U.S. Federal Government: Potential Assistance Tool and Policy Practice”, comisionada por la Fundación Francisco Carvajal, fue presentada por los miembros de su Junta de Directores Alfredo Salazar y Juan B. Aponte, y por su autor, quien fue vicepresidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Estrella analizó la forma en que las leyes y reglamentos del Sistema de la Reserva Federal han tratado a Puerto Rico y precisó que el tratamiento ha sido inconsistente. En algunas disposiciones, Puerto Rico aparece como parte del segundo distrito de Nueva York, en otras como un estado de Estados Unidos y en otras tantas se le trata como un país extranjero. Aún así, su estudio sugiere que el gobierno federal podría ser de ayuda para resolver los problemas de liquidez de Puerto Rico sin que esto signifique un ‘bailout’ o rescate. 

» En medio de la crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico, un estudio del economista Arturo Estrella sobre las normas y prácticas del gobierno estadounidense para prestar ayuda en este tipo de situaciones, concluyó que no existen impedimentos legales ni reglamentarios que impidan al Sistema de la Reserva Federal y al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos proveerle asistencia financiera a la Isla «

Entre las alternativas, mencionó que la Reserva podría comprar la deuda de Puerto Rico, ya fuera considerando la Isla como una municipalidad o como un país extranjero. Igualmente, podría extender crédito a las corporaciones del gobierno de Puerto Rico; ofrecer otro tipo de préstamo o garantías de deuda e, incluso, tanto la Reserva como el Tesoro podrían asistir en la planificación financiera. “Estos pasos se pueden tomar uno por uno o se pueden tomar en conjunto”, destacó el también profesor del Instituto Politécnico Rensselaer.

Sin embargo, sobre la compra de la deuda, Estrella consideró que “no hace falta que el Fed preste 70 billones (estimado de la deuda) a Puerto Rico”. La ayuda, dijo, podría ser para problemas de liquidez de corto plazo, como la compra de notas en anticipación de contribuciones e ingresos, las llamadas “TRANs”, por sus siglas en inglés.

Para llegar a estas conclusiones, además de analizar la reglamentación de la Reserva y el Tesoro, Estrella también examinó la historia sobre las prestaciones que han hecho estas entidades, destacando los préstamos y la ayuda en planificación financiera que se le proveyeron a Nueva York en 1975, cuando la ciudad estuvo al borde de la quiebra, y las garantías de préstamos que se le ofrecieron a la compañía Chrysler en 1979.

Más recientemente, durante la crisis financiera de 2008, la Reserva dio préstamos al banco de inversión global Bear Stearns y a AIG. En otros casos, se concedieron préstamos de corto plazo para propósitos de liquidez a compañías como General Electric, Harley-Davidson, Verizon, Mitsubishi e, incluso, al Banco de Fomento de Corea. Aun con este historial, dos casos negativos resaltan del resumen de Estrella: la ciudad de Detroit, en Michigan, y el condado de Jefferson, en Alabama, a las cuales la Reserva decidió no ofrecerles asistencia.

» Las medidas que propone tomar el gobierno de Puerto Rico para enfrentar la crisis fiscal y económica, que disminuirán los salarios y beneficios de los trabajadores, sin gravar a las corporaciones extranjeras, atentarán contra las ya precarias condiciones del pueblo, según manifestaron distintos dirigentes políticos y sindicales de la isla «

El estudio demuestra que la Reserva interpreta los estatutos de forma flexible, toma acciones que no están prohibidas, pero que tampoco se limitan a lo establecido por ley, trabaja con el Congreso para pasar legislación que le permita actuar en casos de crisis y utiliza discreción para actuar rápidamente.

“¿Qué es lo que se puede hacer con Puerto Rico? Primero, hay que decidir si Puerto Rico se trata como estado o como país extranjero. Cualquiera de las dos decisiones conlleva un resultado específico. Si se trata como estado, la deuda de Puerto Rico se puede tratar como deuda municipal y el Fed la puede comprar en esa parte. Si se considera que es un país extranjero para propósitos del reglamento, se puede comprar sin que haya límite”, insistió el economista sobre las posibilidades de ayuda. 

La Fundación Carvajal entregó en diciembre de 2014 copias del estudio al gobernador Alejandro García Padilla y a la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta. Esta última respondió parcamente en una carta dirigida a Aponte, con fecha del 24 de marzo de 2015, que “las conclusiones del estudio, junto a otros esfuerzos que consultores del Gobierno de Puerto Rico han hecho, nos han permitido plantear con efectividad, en las más altas esferas del Gobierno de los Estados Unidos, el problema fiscal y financiero de nuestro pueblo”.

La crisis del Estado Libre Asociado  

Las medidas que propone tomar el gobierno de Puerto Rico para enfrentar la crisis fiscal y económica, que disminuirán los salarios y beneficios de los trabajadores, sin gravar a las corporaciones extranjeras, atentarán contra las ya precarias condiciones del pueblo, según manifestaron distintos dirigentes políticos y sindicales de la isla.

«Es insostenible que la receta para sacar al país de la crisis económica comience con la recomendación de empobrecer aún más a los trabajadores, reduciendo el salario mínimo, alterando la jornada semanal y limitando derechos», planteó la senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). La mayoría de las propuestas insisten en preservar las estructuras responsables del fracaso, aseguró la senadora, al considerar que poco faltó para que sugirieran volver a los tiempos de la libreta de jornal de los latifundios de principios del siglo pasado.

La senadora independentista advirtió que el Informe Krueger no identifica los mecanismos para encaminarse hacia la reestructuración de la deuda, y consideró la necesidad de un dramático cambio de visión, una disposición real para formular un nuevo modelo de desarrollo y de gestión pública, y un reconocimiento genuino de que el problema de fondo son los grandes males del Estado Libre Asociado (ELA), la ausencia de poderes políticos y el cultivo de la dependencia.

» `Estamos ante una crisis estructural del ELA y de lo que ha representado la dominación colonial de 117 años de Estados Unidos sobre Puerto Rico’, manifestó el MINH al subrayar que la responsabilidad primaria de la situación recae sobre el gobierno norteamericano, que dispone a su antojo de este país desde la invasión militar de 1898 «

El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) también se sumó al repudio a las propuestas de los ex economistas del FMI contratados por el gobierno de Puerto Rico, p
or considerarlas «un irresponsable atentado contra las ya precarias condiciones económicas y sociales del pueblo puertorriqueño».

«Estamos ante una crisis estructural del ELA y de lo que ha representado la dominación colonial de 117 años de Estados Unidos sobre Puerto Rico», manifestó el MINH al subrayar que la responsabilidad primaria de la situación recae sobre el gobierno norteamericano, que dispone a su antojo de este país desde la invasión militar de 1898. Según el MINH, las medidas de corto plazo no son la solución, por lo que es hora de reconocer que lo que Puerto Rico necesita es una transformación radical, sólo posible con la independencia nacional para «diseñar libremente nuestro destino».

Por su parte, el portavoz del Partido del Pueblo Trabajador, Rafael Bernabe, dijo que la fórmula del gobernador García Padilla es sacar al país de la crisis vendiendo barata a su gente, empobreciendo a la gente trabajadora y desposeída, lo que no contribuirá a que se produzca una recuperación para el crecimiento económico.

Hacia el fin del colonialismo

Ya durante la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en enero pasado, el líder del Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berríos, había afirmado que “el colonialismo constituye una violación a los más elementales derechos humanos” y que “nuestra América es una sola Patria”. 

Puerto Rico es un “Estado Libre Asociado” de Estados Unidos desde 1952, luego de haber sido cedido por España, que había tenido control de la isla desde la colonización de América. Aunque en teoría mantiene un estatus de autogobierno, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y el poder de ejercer su soberanía recae en el Congreso de los Estados Unidos.

Durante una reunión en junio pasado, el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evalúo el caso del estatus político de Puerto Rico con una sesión que comenzó con el reclamo del Movimiento de Países No Alineados para la aplicación rápida de las resoluciones aprobadas sobre el derecho de la isla a su libre determinación, formulando un llamado a Estados Unidos para que asuma su responsabilidad a fin de que se den las condiciones para que los puertorriqueños puedan decidir sobre el futuro político que desean para la isla. 

El presidente del comité, el ecuatoriano Xavier Lasso Mendoza, dijo que el organismo comparte la necesidad expresada por los No Alineados «de concretar y acabar con el colonialismo» y acabar con esa «lacra que tenemos en pleno siglo XXI». Al menos treinta organizaciones denunciaron el estatus colonial de la isla y reclamaron por la excarcelación de Oscar López Rivera, a quien con 34 años de cárcel ya se conoce como ‘el Mandela latinoamericano’,  y se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el colonialismo y por la independencia de Puerto Rico.