Límites para los abusos

Argentina 

El Gobierno aprobó un paquete de leyes en favor de los consumidores y las pymes, que busca limitar los excesos por parte de las corporaciones y los grupos concentrados. Sin embargo, los grupos de poder intentaron que no se sancionara y actuaron a través de los medios de comunicación. Se mostraron en contra de un proyecto que garantiza la defensa y el cumplimiento de los derechos. 

parlamentario.comMariano Beristain- Tiempo Argentino (Argentina) 

El paquete de medidas en defensa del consumidor que votaba esta madrugada la Cámara de Diputados transformándolas en ley ha sido, después del debate de la Resolución 125 de retenciones móviles, el eje normativo que más presiones ha sufrido por parte del poder económico. Las principales entidades corporativas del país se opusieron de forma tenaz sin ningún tipo de sutilezas e hicieron un lobby brutal que se expresó a través de los principales medios, particularmente del Grupo Clarín y La Nación.

El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, llegó incluso a comparar los acuerdos entre legisladores para avanzar con los proyectos con la actuación de la última dictadura. Después hubo operaciones privadas y públicas para tratar de lograr una ruptura dentro del bloque oficialista en el Senado y Diputados con el fin de que la iniciativa del Ejecutivo fracasara. Incluso mientras los legisladores discutían ayer los pormenores, el G6, entidad que agrupa a los capitostes de la construcción, la industria, el agro, el comercio, el mercado de capitales y los bancos, emitieron un comunicado expresando el «impacto adverso» que según su juicio traerá aparejado el paquete de leyes sobre la actividad, la inversión y el empleo.

«El paquete de medidas en defensa del consumidor que votaba esta madrugada la Cámara de Diputados transformándolas en ley ha sido, después del debate de la Resolución 125 de retenciones móviles, el eje normativo que más presiones ha sufrido por parte del poder económico»

De forma taxativa, los empresarios apelaron «a la conciencia republicana de los señores legisladores» para garantizar el respeto a la Constitución. Es llamativo que un grupo de grandes firmas, la mayoría de ellas multinacionales, recurran a este vocabulario para dirigirse a legisladores que fueron elegidos por el voto popular.

La batalla está muy lejos de terminar pero el sólo hecho que el plexo normativo haya logrado un consenso en el Congreso indica que hay razones para seguir confiando en la democracia. También evidencia que pese a las extorsiones políticas, sociales y económicas de algunos sectores, el gobierno aún tiene el caudal político suficiente para avanzar en leyes de mediano y largo plazo claves para el país.

Patricia Vaca Narvaja- Télam (Argentina) 

No existe mayor calidad institucional que aquella que garantiza, a través de organismos pertinentes, la defensa y cumplimiento de estos derechos. Estas reformas propuestas son un claro ejemplo de ello.

Desconocer la vulnerabilidad y desigualdad en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores de  bienes y servicios es producto de la ignorancia o de la mala fe, más aun cuando en nuestra economía persisten numerosas empresas con posición dominante y mercados monopólicos y oligopólicos.

Es deber del Estado, entonces, intervenir en defensa de los más vulnerables.

En oportunidades anteriores, como cuando se sancionó por primera vez la ley de Defensa del Consumidor, o sus modificaciones , o las leyes de tarjetas de crédito,o de prepagas, etc, los grupos concentrados y corporaciones económicas, financieras y mediáticas no solo se opusieron sistemáticamente, sino que también recurrieron, una vez más, a profetizar consecuencias apocalípticas para sus empresas y negocios.

Lo cierto es que la “única verdad es la realidad” y tan mal no les ha ido, sino todo lo contrario.

Por otra parte, si cumplen con las diferentes leyes y regulaciones, si respetan los derechos de los consumidores, si frente a los reclamos que pudieran ocurrir se preocupan y ocupan de resolverlos, no tienen por qué inquietarse. No serán convocados por la autoridad de aplicación ni por la Justicia.

«No existe mayor calidad institucional que aquella que garantiza, a través de organismos pertinentes, la defensa y cumplimiento de estos derechos. Estas reformas propuestas son un claro ejemplo de ello»

Si no practican acciones anticompetitivas con las pymes, muchas veces impidiendo que sus productos lleguen a las góndolas, o imponiéndoles, además, precios y condiciones de pago abusivos por ser industrias  y /o cadenas de comercialización  monopólicas u oliogopólicas en el mercado; si no especulan con la producción para elevar los precios, si les pagan a valores justos a los productores agropecuarios, sino tienen nada que ocultar etc. ,no deberían preocuparse. 

Todo lo contrario, esta legislación apunta a penalizar a quienes no respetan la ley, violando los derechos de los consumidores, abusándose de las pymes y comercializando de manera desleal.

La activa política de la Secretaria de Comercio en la búsqueda de información y transparencia de las distintas cadenas de valor en la formación de los precios ha permitido exponer con claridad cuánto influyen esas pràcticas abusivas y anticompetitivas en detrimento de las pymes y de los bolsillos de los consumidores.

Por otra parte, estos proyectos de ley les dan herramientas ágiles, accesibles y eficaces a los ciudadanos (ante la autoridad administrativa y ante el nuevo fuero judicial ) para que ejerzan sus derechos, de tal manera que también les posibilita asumir su responsabilidad por lo que ocurra en el mercado.

Si los ciudadanos consumidores consienten abusos y violaciones a las normas y no utilizan los mecanismos previstos, no solo se perjudican ellos mismos sino que también permiten la continuidad de estas malas prácticas con sus consecuencias negativas para los sectores más vulnerables. 

Por todo esto, les pido a l@s diputad@s, muchos de ell@s excolegas, que acompañen estas reformas, como vari@s ya lo  hicieron, votando afirmativamente esta legislación en defensa de los derechos del consumidor.

Federico Kucher- Página 12 (Argentina) 

Los empresarios del mercado interno continúan confrontando respecto de las propuestas del Gobierno para regular las relaciones de consumo y producción a través de las reformas de la Ley de Abastecimiento, la creación de un observatorio de precios y la puesta en marcha del fuero del consumidor. Las cámaras de la construcción, la industria, el agro, el comercio, el mercado de capitales y los bancos, que conforman el grupo de los seis (G-6), emitieron ayer un comunicado para expresar nuevamente su rechazo a los proyectos de ley del oficialismo. Apelaron a la “conciencia republicana” de los legisladores para frenar estas iniciativas. A diferencia de esta lectura, las entidades que representan a las pequeñas y medianas empresas, las cuales sufren los abusos de precios de los sectores con posición dominante, apoyaron las medidas estatales para intervenir en la economía.

«Las organizaciones que reúnen a las pequeñas y medianas empresas manifestaron una posición muy diferente respecto del G-6. ‘Es una ley en favor de los consumidores y de los empresarios pymes, que busca limitar los excesos por parte de las corporaciones y los grupos concentrados'»

Los empresarios del G-6 se mostraron en contra de la Ley de Abastecimiento, puesto que aseguraron que tendrá un efecto nocivo para la inversión, la actividad económica y el nivel de empleo a nivel nacional. Mencionaron que si se vota a favor del proyecto del Gobierno se estarían validando a través del Congreso mayor
es “intervenciones discrecionales” sobre la economía, lo cual potenciaría las distorsiones que ya generaron el crecimiento y la participación del Estado durante los últimos años. “Se formula una apelación a la conciencia republicana de los señores legisladores para garantizar el respeto a la Constitución Nacional, la división de poderes y el funcionamiento previsible de la actividad económica”, advirtieron las entidades que agrupan a sectores concentrados de la producción. El titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere, adelantó además que si la propuesta del oficialismo es aprobada en el Senado, la decisión del G-6 será recurrir a la Justicia para defender “derechos constitucionales de la propiedad privada”.

Las organizaciones que reúnen a las pequeñas y medianas empresas manifestaron una posición muy diferente respecto del G-6. “Es una ley en favor de los consumidores y de los empresarios pymes, que busca limitar los excesos por parte de las corporaciones y los grupos concentrados”, señaló el tesorero de la Confederación General Económica, David Selser. Desde la Asociación Pyme precisaron que las propuestas del Ejecutivo tienen una clara intención de potenciar el funcionamiento del mercado interno. “Con precios que ascienden debido a la especulación de los monopolios y oligopolios, con ganancias exageradas que no se traducen en mejoras salariales, con empresas que obtienen rentas millonarias y, sin embargo, reducen personal descarnadamente, la economía interna precisa una red de contención”, agregó la entidad. Las entidades pymes coincidieron en que la idea de regular las relaciones de producción y consumo de la economía avanzan en la dirección adecuada, puesto que permite defender a más de 250.000 empresas que se abrieron en los últimos años.

 

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