Una luz de justicia para los pueblos

Argentina 

Luego del fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa, era necesario que se reestableciera la supremacía de los estados soberanos por sobre los intereses financieros globalizados. La resolución de las Naciones Unidas es en sí misma una victoria política y diplomática del gobierno argentino. Ahora, el objetivo es llenar ese vacío normativo. Una nueva Doctrina Drago deberá surgir. 

Julio Fernández Baraibar* – Latinoamérica Piensa 

La situación generada por el atrabiliario fallo del juez municipal neoyorquino Thomas Griesa, a favor de los fondos buitres, estaba clamando por una decisión en el derecho de gentes que restableciera la preeminencia y majestad de los estados nacionales y sus decisiones por sobre intereses financieros globalizados. Es necesario adoptar, por parte de la comunidad internacional de Estados, en el espíritu de los Tratados de Westfalia, una nueva doctrina Drago, una actualización que ratifique la soberanía nacional por encima de los crapulosos y minoritarios intereses especulativos y condene estas maniobras.

Las Naciones Unidas, impulsadas por Argentina y el G77+China, acaba de aprobar, por abrumadora mayoría, la apertura de una discusión sobre el establecimiento de un marco jurídico legal a nivel global para los procesos de reestructuración de deuda soberana.

Ese resultado con 124 votos a favor, 41 abstenciones y un oligárquico bloque de 11 votos en contra debe ser considerado como una imponente victoria diplomática y política de la Argentina y su gobierno. Esta nueva doctrina, que la historia posiblemente conozca como Doctrina Fernández de Kirchner o Timerman, parte del reconocimiento del “derecho soberano de todo Estado a reestructurar su deuda soberana, que no debe verse frustrado u obstaculizado por las medidas adoptadas por otro Estado”.

Reconoce, además, que “los esfuerzos de un Estado por reestructurar su deuda soberana no deben verse frustrados u obstaculizados por los acreedores comerciales, incluidos fondos de inversión especializados como los fondos de cobertura, que adquieren deuda de Estados altamente endeudados con fines especulativos en los mercados secundarios a precios con grandes descuentos con la intención de litigar para tratar de obtener el reembolso de la totalidad del valor”. Por primera vez, entendemos, las Naciones Unidas tipifican en términos de derecho internacional a los fondos buitres, explicitando su naturaleza especulativa y chantajista.

Pero la resolución observa también que “los acreedores privados de deuda soberana son cada vez más numerosos, anónimos y difíciles de coordinar, que hay diversos tipos de instrumentos de deuda y que se emite deuda en una gran variedad de jurisdicciones, lo que complica la reestructuración de la deuda soberana”.

“Ese resultado con 124 votos a favor, 41 abstenciones y un oligárquico bloque de 11 votos en contra debe ser considerado como una imponente victoria diplomática y política de la Argentina y su gobierno”

En estos dos últimos párrafos está implícito un reconocimiento de una nueva realidad política que no puede queda sometida simplemente a las leyes y jueces civiles o comerciales de un país determinado, tal como si se tratase de la presentación de un cheque o un pagaré entre acreedores y deudores privados.

Pero, no solo esto, sino que la resolución reconoce “con preocupación que el sistema financiero internacional no cuenta con un marco jurídico riguroso para la reestructuración ordenada y previsible de la deuda soberana, lo que aumenta aún más el costo de incumplimiento”, así como “la necesidad de crear un marco jurídico que facilite la reestructuración ordenada de la deuda soberana, que permita restablecer la viabilidad y el crecimiento sin crear incentivos que aumenten inadvertidamente el riesgo de incumplimiento, y que sirva de elemento disuasorio para que los acreedores no entablen litigios desestabilizadores durante las negociaciones de reestructuración de la deuda soberana”.

La resolución se hace cargo, entonces, del vacío normativo, que en derecho internacional tiene siempre una base política, y acompaña de manera explícita los reclamos efectuados por la Argentina y su gobierno, en el sentido de darle una entidad política y no meramente comercial a la situación planteada por el juez Griesa.

En ese sentido, también de modo explícito, la resolución destaca “la importancia de establecer un conjunto claro de principios para gestionar y resolver las crisis financieras que tenga en cuenta la obligación de los acreedores de deuda soberana de obrar de buena fe y con espíritu de cooperación para pactar una reorganización consensuada de la deuda de Estados soberano.

“Buena fe y espíritu de cooperación de parte de los acreedores”, reclaman las Naciones Unidas y dan un paso gigantesco en el sentido de los intereses de los pueblos y naciones sometidos durante los últimos cuarenta años al chantaje de la deuda externa.

“La resolución se hace cargo, entonces, del vacío normativo, que en derecho internacional tiene siempre una base política, y acompaña de manera explícita los reclamos efectuados por la Argentina y su gobierno”

Se está forjando una nueva doctrina Drago, a poco más de 100 años de su sanción por la Corte Internacional de La Haya en 1907, sobre la base de la dignidad y firmeza de un gobierno que ha dado muestras claras de no estar dispuesto a continuar siendo avasallado por la ley del interés compuesto.

Una nueva luz de justicia se ha prendido en el horizonte de los pueblos semicoloniales en rumbo a su independencia definitiva.

¿Es necesaria una nueva Doctrina Drago?

En el año 1902 el presidente Cipriano Castro declaró la moratoria de su deuda externa. La caída en los precios internacionales del café obligó a su gobierno a suspender el pago a sus acreedores internacionales. La respuesta de los acreedores fue inmediata. Las flotas de Alemania e Inglaterra bloquean las costas venezolanas y amenazan a sus puertos. Al bloqueo se suman todos los países con acreencias contra Venezuela. Italia, en primer lugar y posteriormente Francia, España, Bélgica, Holanda y Estados Unidos se presentan como acreedores y exigen ser considerados juntos a los países agresores.

Cipriano Castro venía del estado andino de Táchira. Por su actuación en las guerras civiles que asolaban la región había obtenidos sus galones militares. Después de convertirse en el principal caudillo de las provincias andinas de Venezuela, el general y sus amigos se encaminaron hacia Caracas y en 1899 la Revolución Liberal Restauradora, por él encabezada, derrocó al debilitado presidente Ignacio Andrade y se convirtió en presidente hasta noviembre de 1908, cuando su compadre Juan Vicente Gómez inicia su larga dictadura que durará hasta 1935.

El gobierno de Cipriano Castro unificó el país y puso fin a las guerras civiles que lo habían azotado desde el final de la Guerra de la Independencia, impuso una centralización del gobierno que terminó con los caudillismos locales, modernizó el ejército, se hizo cargo de la deuda externa e intentó diversificar la economía venezolana dependiente exclusivamente de las exportaciones cafetaleras. Para esa época Venezuela era el segundo productor mundial de café, después de Brasil.

El bloqueo naval europeo incluyó enfrentamientos bélicos con bombarderos sobre los puertos de La Guaira y Cabello, así como la destrucción casi total de la flota venezolana.

“Las decisiones asumidas por el juez de primera instancia de Nueva York, Thomas Griesa, y por la Corte Suprema de Justicia norteamericana, en favor de los fondos buitres, están exigiendo el establecimiento, por parte de las naciones sometidas al chantaje de la deuda, un
a nueva doctrina Drago”

Interpelado por varios gobiernos latinoamericanos, el presidente yanqui Teodoro Roosevelt -“Es con voz de Biblia o verso de Walt Whitman / que habría que llegar hasta ti, / Cazador”, le había dicho Rubén Darío- declaró la no pertinencia de la aplicación de la Doctrina Monroe en el caso de potencias europeas que no venían a reconquistar antiguas colonias. La Doctrina Monroe y el TIAR, como se sabe, han sido instrumentos retóricos que solo han servido para que EE.UU. los interprete según su exclusivo interés. La tierra natal de Bolívar se enfrentaba sola a la voracidad de los tenedores de bonos.

El ministro de Relaciones Exteriores del presidente Julio Argentino Roca, Luis María Drago -un jurista conservador y con un espíritu en el cual aún sobrevivía la vieja épica de las Guerras de la Independencia- presentó al mundo su punto de vista que expresaba el de su gobierno: los estados no tenían derecho a intervenir militarmente contra otro estado con la finalidad de cobrar deudas financieras. Fue una voz pequeña, en relación a los intereses y potencias que estaban en juego, pero poderosa. Algunos años después, la Doctrina de nuestro canciller, inspirada además en las reflexiones del gran jurista rioplatense, Carlos Calvo, sería establecida como jurisprudencia en La Haya. Venezuela no olvidó nunca el gesto argentino y Hugo Chávez tuvo oportunidad de recordarlo varias veces desde su tribuna presidencial.

Las decisiones asumidas por el juez de primera instancia de Nueva York, Thomas Griesa, y por la Corte Suprema de Justicia norteamericana, en favor de los fondos buitres, están exigiendo el establecimiento, por parte de las naciones sometidas al chantaje de la deuda, una nueva doctrina Drago, una actualización que ratifique la soberanía nacional por encima de los crapulosos y minoritarios intereses especulativos y condene estas maniobras. El periodista Alfredo Zaiat ha publicado en Página 12 (28/06/14) un interesante artículo exponiendo al público argentino lo que se conoce en la legislación norteamericana como Doctrina Champerty. La misma establece la prohibición de comprar documentos de créditos vencidos con la finalidad de interponer una acción judicial reclamando el pago de estos.

Algo en ese sentido, y que rescate la supremacía de los estados nacionales por sobre los intereses corporativos internacionales, está exigiendo el novedoso conflicto en que se encuentra nuestro país. El concepto de estados nacionales surgido del Tratado de Westfalia no puede ser aplastado por el imperio del interés compuesto y los derivados financieros.

 

* Historiador – Miembro del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico “Manuel Dorrego”