Preocupación internacional por las medidas de excepción tomadas en El Salvador

La organización Human Rights Watch (HRW) llamó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) a pronunciarse sobre el régimen de excepción adoptado en El Salvador que suspende derechos constitucionales a los ciudadanos, como el de la defensa en un proceso judicial. Desde la ONU también condenaron las medidas adoptadas por el gobierno de Nayib Bukele y expresaron su preocupación por los “tratos crueles” hacia las personas privadas de su libertad.

“Necesitamos pronunciamientos fuertes de la OEA, de la Unión Europea y también de los Gobiernos de la región, porque no es posible que no exista una condena unánime a nivel global ante las barbaridades que estamos viendo en El Salvador”, dijo la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk.

Indicó que el régimen de excepción “abre la puerta para que se cometan graves violaciones a derechos humanos”, incluyendo a la niñez.

Taraciuk participó en una conferencia de prensa de organizaciones de DD.HH. de El Salvador e internacionales en la que se abordó el tema de la seguridad en el país y el Estado de derecho en el contexto actual de violencia.

Derechos en riesgo

La directora en funciones de HWR señaló que “lamentablemente” las políticas que fueron adoptadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, en materia de seguridad, “en vez de proteger a la población está poniendo en riesgo sus derechos”.

Además, señaló que “en vez de fortalecer a las instituciones democráticas, que son importantes para poner frenos a abusos, el Gobierno ha debilitado la independencia judicial y eso hace más difícil la justicia para todos los salvadoreños, incluyendo las víctimas de la violencia”.

Taraciuk se solidarizó con las familias de las víctimas de la violencia, con las organizaciones nacionales de derechos humanos y con periodistas que fueron acusadas por el presidente Bukele de apoyar a las pandillas.

El mandatario dijo recientemente, durante la graduación de militares, que la pandillas son el “brazo armado” de las organizaciones humanitarias, comunidad internacional y partidos opositores. También dijo que son “socios de los pandilleros” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los periodistas.

La ONU se sumó a las críticas

La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, expresó este martes su preocupación por las medidas excepcionales aprobadas en El Salvador para frenar la violencia de pandillas, señalando presuntos “tratos crueles” contra pandilleros presos.

“Estamos profundamente preocupados por la serie de medidas introducidas recientemente en El Salvador en respuesta al aumento de los asesinatos de pandillas”, señaló la vocera de la Alta Comisionada Liz Throssell.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele impulsó la aprobación en el Congreso (controlado por sus aliados) de las medidas de emergencia, restringiendo las libertades civiles y ampliando los poderes de la policía, como respuesta a una ola de 87 homicidios ocurridos entre el 25 y 27 de marzo.

De acuerdo con Throssell, desde que entró en vigencia el estado de excepción, el 27 de marzo, fuerzas policiales y del ejército fueron desplegadas en zonas con presencia de pandillas y, “según informes”, “recurrieron al uso innecesario y excesivo de la fuerza”.

El lunes Bukele aseguró que más de 6.000 pandilleros fueron detenidos en nueve días de vigencia del estado de excepción, que permite a las autoridades detener sin orden judicial a sospechosos de integrar esas bandas. Personas detenidas por presuntamente ser parte de una pandilla presuntamente “han sido sometidas a presuntos tratos crueles, inhumanos o degradantes”, añadió Throssell.

“Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”, agregó la vocera.