Preocupación en la ONU por la violencia institucional en Ecuador durante las protestas

Los relatores especiales sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación se mostraron preocupados por la violencia institucional en Ecuador y exhortaron al representante ecuatoriano ante Naciones Unidas a colaborar en una investigación sobre las acciones realizadas por el Estado durante las protestas que suman cinco muertos y que hoy cumplen 14 días.

“Estamos particularmente preocupados por los actos de violencia por parte de fuerzas policiales y militares en contra de miembros del movimiento indígena del país”, escribieron José Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de pueblos indígenas, y su par sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule, en una carta dirigida a Emilio Rafael Izquierdo Miño, representante permanente ante la ONU.

Detenciones arbitrarias y exceso de fuerza 

Según el informe enviado por los Relatores Especiales a Izquierdo Miño, hasta el 19 de junio se habían reportado en total “86 presuntas detenciones arbitrarias, 61 personas heridas, 18 de ellas graves”.

Una de las personas detenidas fue el líder de la Confederación Nacional de Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, la organización indígena más poderosa del país, que mantuvo varios diálogos sin resultados con el Gobierno antes de iniciar las protestas.

“La detención de Iza fue llevada a cabo mediante uso excesivo de la fuerza y sin informar las razones”, detalló el texto -que fue entregado al canciller Juan Carlos Holguín- y agregó que el dirigente había sido “trasladado a un vehículo que no contaba con ningún distintivo de uso oficial”.

Asimismo, denunciaron detenciones de manifestantes y ataques contra miembros de los pueblos indígenas en la comuna de San Miguel del Común, base organizativa del Pueblo Kitu Kara, donde la policía arrestó a cuatro personas “sin informar las razones” y “agredió a los familiares presentes, entre ellos mujeres”.

Represión y heridos

De acuerdo con los datos brindados en el comunicado, al 14 de junio se reportaban “al menos 12 personas detenidas en Quito, 19 en Cotopaxi, cuatro en San Miguel”, mientras que el día siguiente se reportaron las detenciones de un periodista del pueblo Panzaleo y al Vicepresidente de la Federación de los pueblos Shuar.

También denunciaron que el 16 de junio la policía reprimió a manifestantes en “las calles de Riobamba”, donde también había niños y niñas, y más de 50 personas resultaron heridas, de las cuales al menos 16 debieron ser atendidas en el hospital.

Los relatores señalaron además su “especial preocupación por el hecho de que, desde la declaración del estado de excepción, se haya producido un aumento del uso de la fuerza por parte de la policía y militares y un aumento de las presuntas detenciones arbitrarias”.

Según ellos, “puede haber un nuevo aumento de la violencia que podría implicar la pérdida de vidas de otras personas, situaciones ulteriores que pongan en peligro la vida y la incolumidad de los manifestantes así como graves suspensiones de los derechos fundamentales”.

Estado de excepción

El 17 de junio último, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró estado de excepción en seis de las 24 provincias del país con un robusto despliegue militar y toque de queda nocturnos. La medida fue derogada ayer luego de que el movimiento indígena y el gobierno sostuvieron un primer acercamiento.

Los relatores instaron a Izquierdo Miño a adoptar “las medidas necesarias para proteger los derechos y libertades” de los manifestantes e “investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”.

“Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan”, remarcaron los Relatores Especiales.

Estallido social

Ecuador es escenario hace 13 días de un estallido social en rechazo al elevado costo de vida que hunde a sus territorios en la pobreza, que dejó cinco muertos, más de 100 detenidos y cerca de 500 heridos, entre civiles, policías y militares, según diversas fuentes.

La Conaie exige una baja en los precios de los combustibles a 1,50 dólares del galón (3,78 litros) de diésel y a 2,10 de la nafta de 85 octanos.

Entre mayo de 2020 y octubre de 2021, los precios eran revisados mensualmente, por lo que el diésel casi se duplicó, pasando de 1 a 1,90 dólares, y la nafta común subió 46%, de 1,75 a 2,55.

En el abanico de 10 reclamos presentados por la Conaie, también se contemplan la falta de empleo, la entrega de concesiones mineras en territorios nativos. el control de precios de los productos agrícolas y la renegociación de deudas de campesinos con los bancos.