Petro, la destitución y la política colombiana

Desde que el alcalde de Bogotá fue destituido por el procurador general Alejandro Ordoñez, se inició una oleada de respaldos hacia Gustavo Petro, que hizo que el tema traspasara las fronteras colombianas. El funcionario apuesta a que el presidente Juan Manuel Santos intervenga. No está claro lo que sucederá. Hay múltiples lecturas sobre el posible desenlace.

“La destitución de Gustavo Petro de la alcaldía de Bogotá no es solamente un peligroso golpe a las instituciones democráticas, un abuso de poder de la peor calaña perpetrado por un procurador retrógrado. Es un contragolpe de ese monstruoso proyecto político encabezado por el expresidente Álvaro Uribe, del cual el procurador Ordóñez es un ferviente acólito. Es un atentado en plena regla al dificultoso, pero hasta ahora exitoso, proceso de paz”, dice Samuele Mazzolini en una nota de opinión publicada por El Telégrafo, de Ecuador.

“Petro habrá tenido limitaciones -me llegaron voces sobre su carácter despótico y sus errores políticos-, pero a la vez algunas reformas importantes se deben a él: el cierre de la plaza de toros, una renovada atención hacia los segmentos más desposeídos, la baja de las tarifas de varios servicios públicos y la reforma de la gestión de la basura a expensas de grupos millonarios, justamente el tema al centro de la destitución”, sostiene.

Bajo el título: “Las múltiples facetas de la destitución de Gustavo Petro”, Mazzolini afirma que “lo que más sorprende es el silencio mantenido hasta ahora por el presidente Santos, quien tiene la facultad legal de ratificar la destitución del Alcalde de Bogotá”.

Y hace alusión a unas declaraciones que aparecieron en la prensa colombiana. Son las del ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez. Dijo a Noticias Uno que para el gobierno Santos no tiene facultades para destituir al alcalde.

“Lo único que puede hacer el presidente de la República es ejecutar la decisión que tome el procurador en relación con el alcalde de Bogotá”, indicó y citó la Constitución, dos leyes y dos decisiones de la Corte Constitucional.

Petro había dicho en la manifestación convocada la semana pasada que “el presidente de la República me puede destituir cuando haya un fallo condenatorio de un juez penal” y no por el procurador. Y allí se abren muchas interpretaciones.

Semana aclara que “el alcalde de Bogotá no se quedará quieto. A pesar de las declaraciones de Gómez Méndez, los abogados de Petro seguirán con sus recursos jurídicos ante organismos internacionales para pedir medidas de protección al suspendido e inhabilitado funcionario. Esta semana expondrán el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de su campaña para hacer valer su elección como alcalde por el voto popular”.

En su última columna de Semana, León Valencia se refire a Petro. Remarca allí que “pasó en solo 48 horas de villano a héroe por cuenta de la desmesura y el abuso de poder del procurador Alejandro Ordóñez”.

“No tenía un alto registro en las encuestas, los líderes de opinión no ahorraban críticas a su gestión, sus más encarnizados detractores aupaban un proceso de revocatoria, su oratoria se ahogaba en los fríos pasillos del Palacio de Liévano, la soledad lo acechaba cuando apenas transcurría la mitad de su mandato. Pero la decisión de destituirlo e inhabilitarlo por 15 años ha despertado la solidaridad nacional e internacional con su figura y con su historia”, destaca.

“Petro no se puede dejar perturbar por la distancia o la indiferencia que el presidente Santos ha mostrado frente a los acontecimientos. Debe buscar un acuerdo con él para que la transición sea liderada por personas allegadas o respetuosas de su proyecto político. Un acuerdo que quizás implique una gran coalición para ganar las elecciones atípicas y cerrarle el paso a las pretensiones del uribismo de alzarse con la Alcaldía de la capital del país”, evalúa Valencia.

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