Petro con respaldo de la CIDH, Santos en problemas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al ejecutivo colombiano medidas cautelares que impidan la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, hasta tanto se expida sobre si el procedimiento de alejarlo del cargo y negarle la actividad política por 15 años fue legal. Aún es incierta la decisión que tome el presidente Juan Manuel Santos, para quien acatar o no la resolución de la CIDH tendrá consecuencias en distintos planos.

Juanita León – La Silla Vacía (Colombia)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solo esperó unas horas a que quedara en firme la decisión de destitución contra Gustavo Petro para decretar las medidas cautelares que la suspenden mientras la misma comisión falla el fondo del asunto. Esta resolución representa una talanquera para el inmenso poder del Procurador y de paso, convierte el caso Petro en un factor electoral de alta sensibilidad para la campaña presidencial.

La decisión de la Comisión, tomada por una mayoría de 5 a 2, ordena suspender los efectos de la decisión del Procurador hasta que la Cidh decida si la destitución de Petro por parte de una autoridad administrativa como es Ordóñez viola la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita por Colombia y si existen internamente en el país los recursos efectivos para protegerle al Alcalde sus derechos políticos.

El artículo 23 de la Convención Americana dice que solo se pueden restringir los derechos políticos de un ciudadano “mediante condena por un juez competente, en un proceso penal”.

La defensa de Petro alegó que el Procurador al destituir al Alcalde de Bogotá y sobre todo, al haberle decretado la muerte política durante 15 años, estaría restringiendo su derecho político a ser elegido sin que hubiera mediado una condena penal. Y que como la Corte Constitucional ha dicho que el Procurador tiene la facultad de destituir e inhabilitar funcionarios elegidos popularmente, en la práctica no habría recursos internos para protegerle sus derechos bajo la Convención Americana, un tratado que Colombia se ha comprometido a cumplir.

«Si Santos acata la decisión y no destituye a Petro mientras espera el fallo de fondo de la Comisión, el Procurador podría entenderlo como una “cachetada”. Si Santos no acata las medidas cautelares, fuera de que estaría incumpliendo sus compromisos internacionales, la izquierda reforzará el argumento de que Santos es igual a Uribe»

La Comisión evaluó preliminarmente el caso y determinó que el riesgo de que se le violen los derechos al Alcalde es “inminente” pues después de la decisión del Consejo de Estado de ayer Santos tendría que ejecutar la destitución; que es “grave”, porque sería removido de su cargo sin que haya habido una condena penal; y que el daño sería “irreparable” porque una vez destituído se convocarían elecciones para reemplazarlo, de tal forma que cuando la Comisión falle el fondo del asunto la decisión ya será inocua.

Como encontró que estos tres requisitos –la inminencia, la gravedad y la irreparabilidad- se dieron, solicitó al Gobierno suspender inmediatamente los efectos de la decisión del Procurador mientras estudia el caso y se pronuncia de fondo.

Salvo que lo priorizara, la Comisión podría tardar hasta dos años en estudiar el fondo de este caso porque tiene muchas solicitudes por resolver y muy pocos recursos para hacerlo. Por lo tanto, el efecto práctico de estas medidas cautelares es que Petro terminará su mandato como Alcalde. Salvo que sea revocado el 6 de abril o que el presidente Santos decida no acatar la solicitud de la Comisión.

Si Santos acata la decisión y no destituye a Petro mientras espera el fallo de fondo de la Comisión, el Procurador podría entenderlo como una “cachetada” y convertirse en una piedra en el zapato para Santos de aquí a las elecciones de mayo (y después si los colombianos reeligen a Santos).

Y si Santos no acata las medidas cautelares, fuera de que estaría incumpliendo sus compromisos internacionales, la izquierda reforzará el argumento de que Santos es igual a Uribe. Y tendría a Petro haciéndole activamente campaña en contra desde el balcón del Palacio Liévano.

En conclusión, Santos, haga lo que haga, incurrirá en un costo político.

Juan Carlos Iragorri – Semana (Colombia)

Petro celebró la noticia. “Mañana a las cuatro de la tarde espero a toda la ciudadanía bogotana a festejar este triunfo democrático. Colombia va a cambiar”, escribió en su cuenta de twitter.

El alcalde tocó la puerta de la CIDH diez días después de conocer el fallo de la Procuraduría. Viajó junto con sus abogados a Washington y expuso su situación ante los miembros de la comisión. Para él, era claro que el dictamen del despacho de Alejandro Ordóñez violaba la Convención Americana de los Derechos Humanos, suscrita por Colombia en los años 70, donde se señala que los derechos políticos solo pueden suspenderse mediante decisiones de “juez competente, en proceso penal”, cosa distinta a lo sucedido con el alcalde.

No es extraño que la CIDH pida a un Estado que adopte medidas cautelares en determinadas ocasiones. Suele hacerlo, según establece su propio reglamento, para proteger a una persona de un daño irreparable en momentos de gravedad y urgencia. En los últimos años, el ejemplo más sonado en la CIDH, referente a violación de derechos políticos, tuvo lugar en 2005, cuando el exministro mexicano de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda pidió medidas cautelares tras habérsele prohibido inscribirse como candidato presidencial por un partido independiente.

«En la tarde de este martes se conoció que el Consejo de Estado revocó las 23 tutelas que tenían suspendido el fallo de destitución e inhabilidad al alcalde, emitido por la Procuraduría el pasado 9 de diciembre. Le quito así le quitó las últimas posibilidades jurídicas en las cortes colombianas para aferrarse a su cargo»

La CIDH es una entidad de la OEA que opera de forma autónoma en la protección de los derechos humanos. Comenzó a funcionar en 1979 y consta de siete miembros que son la jamaiquina Tracy Robinson, el mexicano José de Jesús Orozco, la paraguaya Rosa María Ortiz, el chileno Felipe González, el brasileño Paulo Vanucchi, el estadounidense James Cavallaro, así como Rose-Marie Belle Antoine, que tiene dos nacionalidades: la de Santa Lucía y la de Trinidad y Tobago. En la Comisión existe además una secretaría ejecutiva, cargo ocupado en la actualidad por el mexicano Emilio Álvarez Icaza.

Como se sabe la Procuraduría considera que Petro cometió faltas graves en diciembre del 2012 al cambiar el modelo de recolección de basuras de Bogotá de manos privadas a un modelo público, lo que ocasionó durante tres días una crisis en ese servicio en la ciudad.

En la tarde de este martes se conoció que el Consejo de Estado revocó las 23 tutelas que tenían suspendido el fallo de destitución e inhabilidad al alcalde, emitido por la Procuraduría el pasado 9 de diciembre.

El alto tribunal consideró que no se logró demostrar por qué los derechos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos fueran vulnerados al momento de la destitución del mandatario distrital. Con una votación de 15-8, la Sala Plena del Consejo de Estado le quitó las últimas posibilidades jurídicas en las cortes colombianas para aferrarse a su cargo.

 

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