Perú encendió el debate por la pena de muerte para violadores y femicidas

El presidente Martín Vizcarra evaluó la posibilidad de que la pena de muerte pueda ser una solución concreta contra los casos de abusos sexuales y femicidios que se replican en el país. En el marco del Paro Internacional de Mujeres Trabajadoras y luego de la conmoción por el asesinato de una niña de cuatro años en el país, Vizcarra consideró que una medida semejante podría actuar como disuasivo para evitar la violencia sexual hacia las mujeres. Abogados constitucionalistas del país salieron a cruzarlo duramente, por considerar que una iniciativa de este tipo implicaría la salida de Perú de pactos internacionales de derechos humanos.

El mandatario aseguró que algún cambio en las sanciones o condenas de estos delitos estará en manos del nuevo periodo legislativo que iniciará en los próximos días. “Hay que evaluarlo. El tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso. El lunes vamos a tener una reunión con congresistas de cuatro bancadas. Vamos a analizar, pero una medida no va a solucionar el problema”, señaló el mandatario a los periodistas. 

Vizcarra afirmó que “falta mucho por hacer” para combatir la violencia contra la mujer, que representa “uno de los principales problemas de la sociedad”. En esa línea, indicó que las acciones implementadas por su gestión no fueron suficientes y que es necesario hacer “mucho más” para lograr el cambio que permita no solo que las mujeres vivan sin miedo, sino que ocupen “el rol que les corresponde en la sociedad”, sin dar detalles de cuál sería ese rol asignado.

Vizcarra se refirió también al asesinato de Camila, una niña de cuatro años que fue secuestrada y víctima de violencia sexual por un menor de 15 años la semana pasada. “El asesinato a una niña es un llamado fuerte de atención a nosotros como Gobierno, como sociedad, para que cambiemos y pongamos muchos más esfuerzos en cambiar esta situación”, ratificó.

Sin embargo, abogados constitucionalistas y una jueza de Perú rechazaron la posibilidad de instaurar en el país la pena de muerte. “Somos un país que está inmerso dentro del ordenamiento de la región, donde hemos celebrado pactos, donde nos hemos comprometido a realizar determinadas acciones, a velar por la vida”, advirtió la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma . “No significa que matando a las personas vamos a ingresar a una fase donde todo va a ser paz y convivencia armoniosa”, agregó.

Por su parte, la abogada constitucionalista Érika García Cobián advirtió que para extender la pena de muerte -que Perú admite para casos de traición a la patria y terrorismo-, antes habría que denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (el Pacto de San José), de la que el país es parte, y luego efectuar una reforma de la Constitución. “La supresión de derechos fundamentales, por jurisprudencia del TC, no puede ser siquiera un objeto de reforma constitucional”, señaló García Cobián.