Plagio, ineptitud y crueldad

México 
Especial

El país que encabeza Enrique Peña Nieto es un Estado caracterizado por la violencia. Ha violentado no sólo la vida de las personas, sino también las leyes nacionales. Ahora, incluso, se descubrió que ha actuado en contra de las normas académicas. Los tres casos de violaciones a los Derechos Humanos denunciados por la CNDH que jamás se esclarecieron durante su gobierno.

Álvaro Delgado- Proceso (México) 

“El jefe del Estado encarna la unidad de la nación. Por eso, en la situación actual, me siento obligado a entregar el mandato”, expresó el presidente de Hungría, Pal Schmitt, tras la decisión de la Universidad Semmelweis de Budapest de retirarle el título de doctor por plagiar su tesis.

El excampeón olímpico de esgrima de Hungría, prominente político de derecha, dimitió en abril de 2012. El dictamen de la universidad fue devastador: Concluyó que 200 de 215 páginas de la tesis doctoral presentada dos décadas atrás, en 1992, mostraron “similitud parcial” a otras obras, o eran traducciones directas.

En México, el presidente de la República es también el jefe del Estado, según la Constitución, y si la Universidad Panamericana concluye que Enrique Peña Nieto incurrió en plagio –una vez que anunció que su Facultad de Derecho revisará “lo concerniente a este tema”–, se esperaría que éste renuncie anteponiendo “la unidad de la nación”.

Sabemos que, aun cuando ocurra lo primero, Peña jamás dimitirá: No lo hizo en el obvio conflicto de interés con el contratista Armando Hinojosa Cantú en el tren rápido a Querétaro y la Casa Blanca de Las Lomas, menos lo hará ahora por el plagio en que incurrió en su tesis de licenciatura en Derecho de la universidad que regentea el Opus Dei.

La respuesta oficial de Peña ya no ha sido siquiera negar los hechos, sino, como en el escándalo del departamento de Angélica Rivera en Miami, ningunear y apostar a la disolución y al olvido, auxiliado por su ejército de periodistas y medios.

Esta es la postura oficial del vocero Eduardo Sánchez: “El licenciado Peña Nieto presentó esa tesis hace 25 años. Cumplió con los requisitos establecidos por la Universidad Panamericana para titularse como abogado. Por lo visto errores de estilo como citas sin entrecomillar o falta de referencia a autores que incluyó en la bibliografía son, dos décadas y media después, materia de interés periodístico”

” En la información presentada por el equipo de Carmen Aristegui solamente no ve el ciego o a quien le tapan la visión los billetes: Tras el análisis de ‘un grupo de especialistas y académicos’, se concluyó que ‘el presidente de México plagió al menos 197 párrafos de los 682 que integran el texto. Es decir, por lo menos el 28.8%’ “

Pues sí, también el primer ministro de Hungría presentó su tesis hace más de dos décadas y cumplió con todos los requisitos de la universidad, que por eso le expidieron el título, pero al ser pillado como plagiario renunció precisamente porque su cargo –como lo subrayó– “encarna la unidad de la nación”.

Eso no lo entienden Sánchez ni Peña ni sus alcahuetes, como tampoco entienden que si el plagio consiste en la acción de “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”, según la Real Academia de la Lengua, entonces el plagio es corrupción.

En la información presentada por el equipo de Carmen Aristegui solamente no ve el ciego o a quien le tapan la visión los billetes: Tras el análisis de “un grupo de especialistas y académicos”, se concluyó que “el presidente de México plagió al menos 197 párrafos de los 682 que integran el texto. Es decir, por lo menos el 28.8% del contenido de su tesis de abogado fue robado de las obras de otros autores”.

Precisamente por plagiar un tercio de su tesis de máster, igual proporción a la de Peña Nieto, dimitió también, en abril del año pasado, la ministra de Educación de Eslovenia, Klavdija Markez. Como en México, en ese país fue la prensa la que reveló el plagio, ratificado por la institución educativa.

Son numerosos los casos de políticos que, exhibidos por la prensa como plagiarios, han tenido que renunciar a sus cargos. Claro, esas revelaciones se producen cuando ostentan cargos, en un ejercicio de escrutinio social inherente a la democracia.

Adela Navarro Bello- Sin Embargo (México) 

El que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto es un Estado que se ha caracterizado por la violencia. Ha violentado no solo la vida de las personas, sino las leyes de este País, los derechos humanos, la libertad de expresión, el Estado de Derecho.

Ha violentado incluso, de manera sistemática ahora se sabe, las normas, las legales, las éticas, las de conflictos de intereses, incluso académicas. Plagiar un 28 por ciento de la tesis para obtener la licenciatura en derecho por la Universidad Panamericana, y que ello no tenga consecuencias en el México “moderno”, donde la ética pareciera una práctica en desuso especialmente por la clase política.

De hecho el único caso de comparación, de un político que fue descubierto como plagiador en una tesis, que no renunció al cargo, ni le fue retirado el título, además de no haber enfrentado con su población el señalamiento de plagiario, ha sido, de acuerdo a un recuento del diario El País de España, Vladimir Putin, el Presidente de Rusia, significativo por violentar el Estado de Derecho en su país, violentar los derechos humanos y ejercer un gobierno absolutista.

Hace unos días, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que preside el abogado Luis Raúl González Pérez, entregó la recomendación número 4vg/2016 “sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles y la privación de la vida de 4 civiles; la tortura de dos personas detenidas; el trato cruel, inhumano y degradante en perjuicio de una persona detenida y la manipulación del lugar de los hechos, atribuida a la policía federal, con motivo de los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el “rancho del sol”, municipio de Tanhuato, Michoacán. Ciudad de México., 18 de agosto de 2016”.

” Ha violentado incluso, de manera sistemática ahora se sabe, las normas, las legales, las éticas, las de conflictos de intereses, incluso académicas. Plagiar un 28 por ciento de la tesis para obtener la licenciatura en derecho por la Universidad Panamericana, y que ello no tenga consecuencias en el México ‘moderno’ “

Este es el tercer caso donde se prueba por organismos de Derechos Humanos, nacionales y/o internacionales, la participación del Estado en hechos violentos, que acaban con la vida de personas. Todos en el sexenio inacabado de Enrique Peña Nieto.

El primero fue el caso Tlatlaya, quedó asentado en la recomendación número 51/2014 “sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en cuadrillanueva, comunidad San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México”, donde soldados del Ejército Mexicano, ejecutaron (incluido el tiro de gracia, estilo fusilamiento) a entre 12 y 15 personas de las 22 que resultaron muertas ese día cuando se suscitó un supuesto enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y presuntos integrantes de una banda del narcotráfico y el crimen organizado).

El segundo hecho de la utilización de la fuerza pública contra una parte de la sociedad, ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, cuando 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos y seis asesinados, y se determinó la perpetración de los hechos violentos por parte Policías Municipales en colaboración con integrantes de una banda del narcotráfico y el crimen organizado.

La tercera y
más reciente, fue la de Tanhuato, Michoacán, donde se presume la participación de Policías Federales, peritos y forenses estatales, en la ejecución, manipulación de cuerpos y omisión de responsabilidades, en la ejecución de 22 civiles, presuntamente pertenecientes a un cártel de la droga.

De los tres casos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha realizado recomendaciones, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Comisión Nacional de Seguridad, al Gobierno de Michoacán, a la Procuraduría General de la República y otras instancias del Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto. Ninguno de los tres casos está resuelto del todo. En Tlatlaya son procesados unos pocos soldados de la baja jerarquía, en el de Ayotzinapa fueron aprehendidos policías, delincuentes y el alcalde de Iguala junto a su esposa, mientras en Tanhuato, no se han deslindado responsabilidades. Las denuncias de hechos por, entre otras cosas, violaciones graves a los derechos humanos de las personas violentadas y asesinadas o desaparecidas, han sido presentadas, pero poco o nada han hecho las autoridades federales para castigar a quienes se excedieron en el uso de la fuerza pública, y asesinaron a civiles, presuntos criminales.

” De los tres casos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha realizado recomendaciones, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Comisión Nacional de Seguridad, al Gobierno de Michoacán, a la Procuraduría General de la República y otras instancias del Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto “

A la luz del análisis de la CNDH en el caso de Michoacán, pareciera que en este sexenio se violan de manera sistemática los derechos humanos, y se ejecuta a personas con el uso de la fuerza pública. En palabras escritas en la última recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: “Las propias autoridades que tienen el deber de proteger a quienes gobiernen, son las que originan actos violentos al buscar una respuesta disciplinaria, aun cuando se violenten los derechos de las personas y de las instituciones… Frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o incapaces para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o sean indiferentes en la búsqueda del respeto a los derechos humanos”.

El gobierno de Enrique Peña Nieto también ha violentado el acceso a la información al negar la máxima publicidad de las declaraciones patrimoniales, la libertad de expresión, al instaurar políticas de hermetismo que convierten a las autoridades en cómplices de presuntos actos de corrupción, excesos y abusos; el derecho a saber al ignorar las denuncias periodísticas como la del equipo de reporteros de Carmen Aristegui en el caso del probado –y confirmado por algunos de los autores- plagio de la tesis que elaboró cuando concluyó sus estudios universitarios. El Estado de Derecho al permitir que manifestantes, incluso narcotraficantes, tomen negocios, roben vehículos, cierren bancos, bloqueen vialidades, o tomen control de pueblos enteros. La procuración de justicia al mantener arriba del 80 por ciento de impunidad en los casos de asesinatos dolosos en México.

En la República Mexicana, la justicia no llega para todos. Está violentada y el responsable es el Presidente Enrique Peña Nieto.

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